Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal - Books and Journals

Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal

Editorial:
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Fecha publicación:
2016-03-18
ISBN:
2346-3473

Últimos documentos

  • Los hechos en la demanda: aspectos gramaticales y de sintaxis
  • Las pruebas practicadas de común acuerdo por las partes. Un camino en construcción

    Pese a que el modelo procesal actual invita a que las distintas actuaciones procesales se realicen en audiencia de manera oral, con privilegio de la inmediación, la concentración y la publicidad3, ello no implica que todas las pruebas sobre las que se funda la decisión de fondo deban practicarse de manera intraprocesal y bajo la dirección de la autoridad judicial que resolverá el asunto. Claramente el mismo legislador ha dispuesto varias excepciones a la regla de la inmediación, las cuales tienen como soporte el derecho al debido proceso4. Sostener que la inmediación constituye un principio de carácter absoluto implicaría cercenar la posibilidad de practicar pruebas por fuera del proceso (pruebas extraprocesales), allegar pruebas practicadas en otros procesos (prueba trasladada), o de comisionar para la práctica de pruebas5, lo que se traduciría en la vulneración del derecho a la prueba, garantía esencial que hace parte del derecho al debido proceso. Dicho lo anterior cabe preguntarse si resulta legítimo que las partes puedan realizar un ejercicio de recaudo y práctica de pruebas sin la presencia del juez que eventualmente conocerá el asunto al cual está soportado en tales pruebas. En las siguientes líneas expondré las razones por las que considero que sí resulta legítima la práctica probatoria en cabeza de las partes, desde luego, en un escenario extraprocesal y sin intervención de autoridad judicial. Si bien la autoridad judicial tiene la responsabilidad de emitir decisiones de fondo que le pongan fin a la litis en un plazo razonable (CGP, art. 121), las partes también tienen el deber de colaborar con la actividad judicial suministrando información de calidad al juez, esto es, las pruebas que quieran hacer valer, debidamente controvertidas, a fin de que la actividad probatoria intraprocesal sea mínima y sólo se centre en aquellas situaciones que definitivamente no pudieron ser evacuados por las partes por fuera del escenario judicial. Sólo así podremos garantizar el cumplimiento del término razonable de duración del proceso y de paso, del derecho a la tutela judicial efectiva.

  • Suspensión de obras que cuentan con licencia urbanística, pero no cuentan con permiso de la autoridad administrativa cultural

    La presente investigación tiene por objeto analizar las situaciones fácticas y concretas, que pueden surgir cuando se lleva a cabo una intervención en un bien inmueble de interés cultural (BIC), y se da la circunstancias que se cuenta con licencia urbanística para soportar dicha intervención, sin embargo, no se cuenta con la autorización de la autoridad administrativa cultural correspondiente, que es un requisito indispensable para llevar a cabo dicha intervención, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 de la ley 1185 de 2008, y dicha autoridad ordenó la suspensión de obras que se viene adelantando en dicho BIC. El problema jurídico que surge en estas situaciones pareciese ser que, para algunos, la autoridad administrativa cultural, al proceder a ordenar la suspensión de obras, pareciese estar realizando un juicio de legalidad de la licencia urbanística otorgada, siendo que esta atribución es exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es por esto, que se analizará si la autoridad administrativa cultural, al ordenar la suspensión de obras que no tienen la respectiva autorización en los términos del artículo 7 de la ley 1185 de 2008, y muy a pesar de contar con licencia urbanística, desborda o no sus facultades al realizar un juicio de legalidad de la licencia urbanística.

  • Interpretación constitucional y el exceso ritual

    Los jueces deben interpretar las normas constitucionales, sustanciales, procesales y probatorias, para su aplicación a los casos concretos, respetando la supremacía de la Carta Política que dispone la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia. Al tenor del artículo 11 del CGP los procedimientos se justifican en la medida que garanticen la realización de los derechos materiales, con observancia de los derechos fundamentales. La interpretación constitucional de los derechos en los procesos judiciales hace necesario que los jueces se abstengan de exigir y cumplir formalidades innecesarias, para proscribir excesos rituales manifiestos.

  • Inasistencia alimentaria en Colombia

    En consideración a la expedición de la Ley 2097 de 2021 que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), al negativo impacto que en el contexto individual, familiar y social implica en Colombia la alarmante sustracción por parte de quienes están obligados a proveer alimentos, atentando contra la necesidad más básica para la supervivencia del ser humano, surge la inquietud académica de abordar la temática con el propósito de aportar un grano de arena, así sea diminuto, para contribuir a generar conciencia respecto a tan reprochable conducta. En ese sentir, se hará una aproximación al concepto de alimentos, se precisará a quiénes se les debe alimentos, se hará referencia al delito de inasistencia alimentaria, se analizará la señalada ley (2097 de 2021) y se plasmarán unas conclusiones, enfatizando de manera transversal sobre la necesidad de sensibilizar frente a una obligación natural, moral, legal, de sentido común, pero que desafortunadamente no todos la honran, como es el deber ser, máxime cuando se vive en un Estado Social de Derecho conforme a la Carta Política de 1991.

  • Repensar y redefinir la política pública ambiental en Colombia

    ¿Las Políticas Públicas del Estado colombiano para la prevención, cuidado y conservación medioambiental cumplen con los fines constitucionales?; se propende como objetivo: analizar las Políticas Públicas Ambientales del Estado colombiano para la prevención, cuidado y conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; metodología con enfoque jurídico, técnica documental, bibliografía contentiva de planteamientos que se focalizan en la políticas públicas; los resultados se centran en el análisis de las diversas políticas expedidas en los temas de recursos naturales y medio ambiente y su ausencia de unidad, permitiendo aportar el análisis y revisión de las Políticas Públicas Ambientales que existen en el país, concluyendo que es preciso unificar los preceptos bajo un paradigma de coherencia y comprensión de la filosofía política de la naturaleza, aunque estas orientan y fijan las directrices no se caracterizan por unanimidad de criterios técnicos, sociales ni jurídicos orientadores del fin constitucional determinado para Colombia.

  • Crítica y debate jurídico sobre el agotamiento de la conciliación en medios de control de nulidad en propiedad industrial

    El presente artículo se centra en el análisis de dos posturas adoptadas por el Tribunal que respaldan la exigencia de agotar la conciliación extrajudicial como requisito previo en controversias relacionadas con el control por vía de nulidad en asuntos de propiedad industrial. Ambas posturas son objeto de cuestionamiento debido a su interpretación limitada de las leyes y su desconocimiento de los derechos de terceros en el ámbito de la propiedad industrial. El análisis concluye que es innecesario que el Tribunal exija agotar la conciliación extrajudicial en los medios de control relacionados con asuntos de propiedad industrial, debido a que estas disputas son especiales, basadas en normas comunitarias, y no son conciliables debido a la naturaleza de las decisiones sobre propiedad industrial y la competencia exclusiva del juez contencioso para decidir sobre su legalidad. Asimismo, se establecen las razones por las cuales la SIC carece de capacidad de conciliación en estos casos debido a la ausencia del contenido económico y la trascendencia de derechos de intereses de terceros, lo que hace que la conciliación no sea un requisito esencial para este tipo de conflictos.

  • La tacha de falsedad en el documento electrónico

    El objeto del presente artículo es determinar si el trámite de la tacha de falsedad se encuentra preparado para llevar a cabo la contradicción del documento electrónico. Para tal efecto, se pasarán a describir en primer lugar las particularidades del documento electrónico, así como las características del trámite de la tacha de falsedad; evidenciándose entonces que respecto de esta clase de documentos aunque posean el mismo valor probatorio que el resto de los que se mencionan en el artículo 243 del Código General del proceso, no es posible determinar su autenticidad al igual que un documento impreso, manuscrito o aquel que no dependa de un medio electrónico para su creación y conservación. Así pues, a partir de dicha diferencia, se procederá a analizar si es viable contradecir dicha prueba por medio del trámite de la tacha de falsedad, para ello se abordarán los conceptos de la carga de la prueba y el deber de colaboración de las partes.

  • Mecanismos innovadores para proteger derechos de comunidades afectadas por grandes proyectos de desarrollo

    Este artículo analiza los mecanismos alternativos disponibles para la protección de los derechos de comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a gran escala. Comienza examinando un mecanismo de rendición de cuentas para controlar proyectos de desarrollo a gran escala financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo en toda América Latina. A partir de un estudio de caso del resultado del mecanismo de acción de grupo para la protección de los derechos individuales de los habitantes de las comunidades afectadas por el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá, se identifican falencias y oportunidades. Para concluir, explora el potencial de co-responsabilizar a las agencias internacionales de financiamiento en la mitigación y reparación de los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo que financian.

  • Comentarios a la impugnación de la credibilidad del testigo y manifestaciones anteriores dentro del sistema penal acusatorio colombiano

    Se realiza una investigación jurídica, en donde se estudia el valor probatorio que tienen las declaraciones rendidas por los testigos fuera del juicio oral, esto por medio del análisis documental y doctrinal. Se observa que para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, dichas declaraciones en principio no son pruebas por regla general, pero que en determinados eventos pueden entrar al acervo probatorio, se termina concluyendo en base a las reglas jurisprudenciales adoptadas por la Sala Penal, además de esclarecido el valor probatorio de este tipo de declaraciones a la luz del sistema jurídico colombiano.

Documentos destacados

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR