Incidencia económica de la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes al sistema pensional
| Autor | Lina Caicedo Paz |
| Cargo | Estudiante de VIII Semestre de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana Cali |
| Páginas | 238-255 |
Estudiante de VIII Semestre de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Este trabajo obtuvo mención de honor en el concurso celebrado por el Colegio Nacional de Abogados especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad social en abril de 2003.
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La pobreza extrema ha configurado un problema que los gobiernos en el ámbito mundial han tratado de solucionar. En esta línea, desde hace unos setenta años en Colombia y más de un siglo en el mundo, surgió el concepto de Seguridad Social, que por ser un medio para alcanzar fines del Estado, refleja mucho de su política, economía y sociedad. Posteriormente, la seguridad social surge como noción fundamental de protección contra los riesgos propios de la condición social de los trabajadores y sus familias, y se reflejó como tal en 1919 en la constitución de la OIT; en 1944 en la Declaración de Filadelfia de la OIT y en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reafirmó este criterio.
De a cuerdo al fin común que deben tener los sistemas de seguridad social, estos dirigen sus esfuerzos al logro de una amplia cobertura, una protección cierta del Estado y una asistencia social como componente cardinal de la seguridad social que ha sido reconocida como derecho humano fundamental. Este fin ya es un gran reto, y esto se suma a la actualización que los regímenes pensionales deben soportar para estar acorde con los acelerados cambios que sufre la situación de los países en el mundo, cambios estos como el envejecimiento de la población y la globalización, que empuja a una menor incursión del Estado en la vida de los ciudadanos, es decir, la privatización de muchas funciones que antes estaban en cabeza del Estado, que también provoca el aumento de la economía informal por la inestabilidad que sobre la economía formal causa la transición, y que en últimas impide la cobertura del sistema a amplios grupos de la población, que generalmente son los más vulnerables.
Los sistemas de pensiones tuvieron, en un principio, fundamentalmente la meta social de garantizar el cubrimiento de los riesgos provenientes de la vejez, muerte e invalidez de la población, etc. La viabilidad financiera no fue un tema primordial, sin embargo, la crisis económica de la década de los ochenta, los compromisos de ajuste estructural adquiridos por los países en vía de desarrollo con organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y la crisis de seguridad social de estos países, los obligó a corregir, mediante reformas, los efectos negativos que sobre la economía Page 239 nacional traía un manejo inadecuado del tema de las pensiones. Los malos manejos están referidos, por ejemplo, a la evasión por parte de quienes deberían estar afiliados y la mora por parte de quienes estando afiliados no cotizaban al régimen pensional manejado por el Estado. Y entre los efectos negativos se pueden contar: un impacto nocivo sobre el déficit fiscal, sobre la inflación, y entonces, un menoscabo en el ahorro nacional, en el crecimiento económico y en el empleo, además de deudas crecientes y casi imposibles de cancelar, etc. Lo más grave, es que en términos macroeconómicos esto significa incapacidad de pagar la deuda externa y dificultad para el acceso a nuevos créditos por lo competido del mercado internacional de recursos.
Los regímenes de protección social deben ser dinámicos para poder adaptarse a las necesidades económicas y sociales de cada país. Es por esta razón que una reforma no se puede entender como una legislación que tan pronto entre en vigencia da solución a todos los problemas, los resultados de las reformas se ven con el tiempo, tiempo que también es la oportunidad para mirar los desvíos de las propuestas y desde allí determinar los nuevos ajustes para alcanzar paulatinamente mayor bienestar social y suficiencia económica y financiera del sistema, lo que disminuya los efectos negativos que sobre las personas y el desarrollo económico nacional pueda estar trayendo su aplicación.
Lo expuesto anteriormente es la justificación para la reforma de segunda generación que sobre pensiones se ha hecho en Colombia mediante la Ley 797 de 2003. Mediante esta, que es la reforma a la reforma (Ley 100 de 1993) se pretenden manejar y tratar de solucionar los problemas provenientes de los cambios demográficos, del desempleo, etc.; se busca, así mismo, mitigar la carga fiscal presente y el déficit fiscal actuarial del sistema que está alrededor del 75% del PIB.1 Estos problemas surgieron, los primeros como consecuencia de los cambios ocurridos en el mundo, y los segundos como consecuencias negativas del propio régimen, todos los cuales casi llevan al sistema al punto casi del colapso -según estudios de la OIT esto sería alrededor del año 2012-.
En este artículo se expondrán las razones que específicamente en Colombia han llevado a la reforma: la transición demográfica, el cambio del mercado laboral y la solución que a estos problemas se planteó mediante la inclusión de los Page 240 trabajadores independientes como cotizantes forzosos al sistema pensional. También se harán algunas propuestas que podrían optimizar los beneficios económicos y sociales que con la actual reforma se pretenden.
Colombia ha tenido un cambio radical en la composición de su pirámide demográfica, debido a los procesos de reducción de tasas de mortalidad y de natalidad. A comienzos del siglo XX teníamos un grado muy bajo de esperanza de vida, el mismo que actualmente ha aumentado en un gran nivel.2Hacia 1930 la tasa de mortalidad disminuyó debido al control de epidemias y enfermedades del ambiente, etc., a partir de allí la tendencia se mantiene, y como consecuencia de ello en 1985 la tasa de mortalidad había bajado al 6.8 por mil. La esperanza de vida alcanzó estándares internacionales pasando de ser 36.6 en 1938 a 70.7 en 1985.
En 1968, durante el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se inició una política de reducción demográfica mediante la creación del ICBF, desde donde se impulsaron bajo la consigna de paternidad responsable, campañas altamente publicitarias donde se inducía al control de natalidad a través de métodos contraconceptivos como consecuencia de las políticas neomaltusianas promovidas desde Estados Unidos y Europa.
La población menor de 14 años pasó de ser en 1938 un 41.95% a 37.55 % en 1985 y se estima que para el 2025 será solamente de 25.76%; mientras tanto la población mayor de 60 años ascendió de un 5.05% en 1938 a un 5.33% en 1985 y se estima que en el 2025 será de un 11.14%. Como consecuencia de esta transición demográfica, en los próximos años deberemos atender a una población anciana muy superior a lo que es tradicional en Colombia. En el año 2025 las personas de la tercera edad se habrán multiplicado por tres. Page 241
Como resultado del proceso anteriormente descrito, las tasas demográficas en los países tercermundistas, y especialmente las de Colombia, disminuyeron y con ellas el índice promedio del número de miembros por familia. Esta política de control demográfico aún subsiste generando dificultades de tipo económico, político y social. Hay 5 de estos problemas, que inciden especialmente en el sistema de seguridad social, estos son3:
Envejecimiento paulatino de la población. Debido a la reducción en número de nacimientos, el promedio de edades por generaciones se eleva. Este punto lo encontramos entre los cuatro factores fundamentales considerados por la OIT como impulsores de las reformas de esta época.
El sistema pensional estuvo hasta 1993 basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, la pensión de los viejos se financia con las contribuciones de los jóvenes que en ese momento estén cotizando, el sistema ofrecía exclusivamente la opción de prestación definida o prima media. El afiliado no corre ningún riesgo, este es asumido en su totalidad por el sistema y por lo tanto hay certidumbre sobre la pensión que se recibe al final.
La primera reforma en 1993 basó el sistema en la dualidad, concurrían dos subsistemas, el de prima media con prestación social definida, para quienes estaban en el Sistema de Seguridad Social desde su creación en 1967, en este subsistema el afiliado al cumplir con un número determinado de semanas de cotización y con cierta edad, recibe una pensión que antes había sido fijada. En el segundo subsistema, el de ahorro individual, que es administrado por los fondos privados (AFPs), no hay solidaridad intergeneracional y cada afiliado se pensiona de acuerdo a las contribuciones que realizó durante su vida laboral y la rentabilidad obtenida, por lo tanto el riesgo del monto a recibir como pensión lo asume el afiliado, no el sistema. A semejanza de los sistemas pensionales de otras latitudes esta opción permitía la concurrencia del esfuerzo particular, como una fuente de inversión pública a través de la captación del ahorro pensional. Page 242
El problema del envejecimiento de la población afecta principalmente el régimen de prima media con prestación definida. Recordemos que el régimen de Prima media se basa en la solidaridad intergeneracional, por tanto su viabilidad económica y financiera depende en primer lugar de los aportantes.
(Gráficos en Documento Pdf)
Fuente: www.dnp.gov (marzo de 2003)
De acuerdo a la pirámide de 1975 y suponiendo que quienes estaban obligados a cotizar lo hacían cumplidamente y no había evasión, el régimen se podía...
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