Aproximación local al derecho a la justicia: un estudio de caso - Núm. 12-1, Junio 2010 - Estudios Socio-Jurídicos - Libros y Revistas - VLEX 306653026

Aproximación local al derecho a la justicia: un estudio de caso

AutorLaly Catalina Peralta-González
CargoUniversidad del Rosario, Bogotá, Colombia
Páginas233-262

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Introducción

Con la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), Colombia privilegió un modelo transicional1 basado en el proceso criminal, a través del cual se sanciona a los perpetradores, se encuentra la verdad y se repara a las víctimas. El énfasis en la justicia criminal como mecanismo idóneo para transitar de la guerra a la paz no es sólo una novedad en los procesos de negociación colombianos, caracterizados históricamente por el otorgamiento de amnistías e indultos, sino que es una exigencia que cualifica de manera importante los procesos transicionales contemporáneos. Los estándares internacionales actuales son cada vez más severos al descalificar toda forma de impunidad enmascarada en amnistías, prescripciones o exclusiones de responsabilidad instrumentalizada, las cuales hoy constituyen, per se, violaciones a los derechos humanos.2

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Este artículo pretende evidenciar cómo el protagonismo otorgado por la justicia transicional contemporánea al castigo criminal, se desdibuja en las expectativas expresadas por las víctimas en el nivel local.3 Aproximarse a estas expectativas permite redescubrir la justicia en una gama de significados mucho más amplia que la ofrecida por el derecho penal y, así mismo, entrever cuál es la deuda social que las víctimas reclaman a sus ofensores y/o a la sociedad en general. Esta deuda remite más a las condiciones de pobreza que han sufrido como ciudadanas que al sufrimiento que han padecido como víctimas; por ello las víctimas no renuncian al ideal de la justicia en sí mismo sino que replantean el concepto y ofrecen maneras alternativas de hacer justicia.

El estudio de caso se realizó en el municipio de San Carlos (Antioquia), con el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), una organización de víctimas que trabaja de manera simultánea con desmovilizados del Bloque paramilitar Héroes de Granada. Para las víctimas de esta organización, la justicia, entendida como la sanción criminal de los perpetradores, es un derecho que intercambian con facilidad por cualquiera de los otros dos derechos de la trilogía transicional (verdad y reparación) y así mismo lo consideran como moralmente impropio y estéril. Al estar asociada la justicia criminal a sentimientos como la venganza y el odio, propios del sujeto incapaz de perdonar, se entiende que este derecho haría estéril el sufrimiento vivido. Para estas víctimas, omitir el castigo representa anular los sentimientos que alejan al cristiano de la morada eterna y esto resulta mucho más beneficioso que exponerse a los riegos que conlleva exigir el derecho a la justicia en un contexto como el que ha procurado la desmovilización del Bloque Héroes de Granada. Dado ese contexto amenazante y riesgoso, para una víctima es más "útil" renunciar a sentimientos como la venganza y con ello acercarse a la vida eterna que perder su vida terrena al exigir una sanción criminal para sus perpetradores.

La tesis que sugiero demuestra que esta interpretación local del derecho a la justicia está muy asociada a la forma en que las víctimas definen las categorías de víctimas y victimarios. Si los perpetradores no son agentes morales a los que se les puede exigir alguna responsabilidad por sus actos,

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la sanción criminal es impropia. El castigo justo implica culpa y la culpa implica responsabilidad moral y ésta a su vez remite a la libertad; por tanto, el castigo se hace impropio cuando intenta sancionar acciones que fueron viciadas por la ignorancia, el error o el accidente.4 Adicionalmente, cuando las fronteras entre víctimas y victimarios se han diluido, los criterios que definen con claridad a quién y cómo se debe castigar son igualmente confusos: ellos [los desmovilizados] también tienen su corazoncito, había uno que lloraba horrible y decía que él quisiera devolver el tiempo; que aunque la gente no lo creyera, que él cuanto daría por haber visto crecer a su hija y verle dar los primeros pasitos y no lo pudo hacer y que siempre la señalan, no como una niña normal, sino como la hija de un paramilitar. Por eso le digo que la justicia ellos mismos [los paramilitares] la están sintiendo.5

Aclaraciones metodológicas

Este artículo presenta algunos resultados de mi tesis de maestría en Antropología Social de la Universidad de los Andes, titulada "San Carlos: una aproximación a los derechos de las víctimas desde lo local". La mencionada tesis interpreta, desde lo local, los significados que entraña el incipiente post conflicto al que han dado lugar las negociaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Es un estudio interpretativo que busca desentrañar las estructuras de significación6 desde las cuales víctimas y desmovilizados se aproximan a los derechos de justicia, verdad y reparación.

Los resultados de investigación que aquí presento no pretenden ser representativos ni explicativos del enorme universo de víctimas en Colombia; éste es tan sólo un ejercicio de alcance local que presenta la información recogida por medio de etnografías y entrevistas. El trabajo de campo lo realicé a lo largo de tres visitas al municipio de San Carlos, cada una de aproximadamente veinte días. Durante este tiempo realice 35 entrevistas semiestructuradas a miembros del CARE7 y asistí a 10 talleres organizados por el mismo Centro.

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A continuación presento los resultados de investigación más relevantes en lo relacionado con el derecho a la justicia. En la primera parte del artículo reseño el contexto municipal e institucional del CARE, posteriormente describo la manera en que los miembros del Centro entienden el pasado violento que debe ser superado y cómo definen las categorías de víctimas y victimarios. Finalmente muestro cómo las bondades que la literatura sobre justicia transicional le atribuye al castigo criminal se desdibujan en las maneras alternativas de hacer justicia que ofrecen los miembros del CARE.

Resultados de la investigación
Contexto municipal e institucional

San Carlos es un municipio ubicado en la subzona de embalses en el Oriente Antioqueño que cuenta con una población de 21.000 habitantes aproximadamente. A pesar de ser éste un municipio de vital importancia para el país por su riqueza hidroeléctrica,8 el terror se impuso como patrón habitual ante la ineficacia operacional del Estado y sus instituciones. Durante 1998, el municipio de San Carlos contaba con aproximadamente 25.000 habitantes, 10.000 de los cuales fueron desplazados a causa del control estratégico que las autodefensas lograron en la zona entre 1999 y 2003.9 ...la primera vez que los 'paracos' se entraron acá, nosotros creímos que ahí se nos había acabado toda la vida... una tarde como a las cuatro de la tarde, de un momento a otro todo esto quedo cubierto de paramilitares que estaban que se entraban a este pueblo en caballos empantanados hasta los dientes, cargados hasta lo que no tenían. En este barrio no dejaron ni a una persona, niños, enfermos y viejitas a todos nos agredían con palabras ofensivas, con groserías, con papeles en mano. ¿Usted cree que eso es vida? de un momento a otro estar arriados, usted no podía ir despacio. Hacernos dar vueltas en el parque disparando al aire, después encerrarnos en el coliseo ¡ay Dios esa fue una cosa tenaz!... lo único que se escuchaba es que sí no salíamos de las casas iban a encender el barrio, que le iban a

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meter candela a las casas, nos decían las cosas más asquerosas. Esa noche hubo tanto muerto... fue una noche aterradora, se murió una persona de infarto, eso era una cosa aterradora usted no se puede imaginar lo que pasamos allá.10

Las difíciles condiciones de orden público que el municipio padeció de 1998 a 2004 cambiaron sustancialmente a partir de 200511 debido al incremento de la fuerza pública y a la desmovilización del bloque parami-litar que hacía presencia en el municipio: Bloque Héroes de Granada. La creciente presencia militar obedeció a un interés particular de la Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez por garantizar el cuidado de la infraestructura energética y vial de la zona.

Aunque la presencia del Estado Nacional ha mejorado considerablemente las cifras de seguridad, esta presencia no ha sido suficiente para contrarrestar las fragilidades democráticas del municipio. Juan Alberto García, alcalde electo para el periodo 2002-2005 y 2008-2011, obtuvo en su primer triunfo electoral el 72% de los votos totales (de 2.561 votos totales, él obtuvo 1.866). Esta atipicidad, que no fue exclusiva del municipio sino una constante en el departamento, ilustra cómo el avance de los grupos paramilitares transformó el mapa político antioqueño entre 1998 y 2002 y dio lugar a la cooptación de la institucionalidad por parte de estos grupos armados.12 Durante su segundo periodo como alcalde, el señor García duró seis meses en ejercicio; el CTI lo capturó el 5 de mayo de 2008 por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por designación oficial diferente y falsedad ideológica en documento público. Aunque la Fiscalía General creía tener pruebas contundentes de que el ex alcalde se había apropiado de un predio despojando a campesinos a través del apoyo paramilitar, lo dejó en libertad en febrero de 2009. Inexplicablemente, los términos del proceso se vencieron en...

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