Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas
| Autor | Jaime Malamud-Goti |
| Cargo del Autor | Abogado, profesor de la Universidad de San Andrés en Argentina |
| Páginas | 158-182 |
Deseo agradecer a Patrick Buckley y George Fletcher el haber contribuido a aclarar mis puntos de vista, y, claro está, mi mente.
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En 2005, de conformidad con la enfática retórica del ejecutivo argentino sobre la justicia y la verdad acerca de la historia reciente de Argentina, los fiscales federales se están preparando para acusar a cientos de oficiales militares. 1Éstos, en su mayoría ya jubilados o muertos, están acusados de presunta participación en la así llamada "guerra sucia" de los años setenta. Entre 1976 y 1983, presidido por cuatro juntas militares, las fuerzas armadas se propusieron purgar el país de "elementos subversivos". En busca de este objetivo, el ejército, la policía y el personal paramilitar torturaron y privaron de su libertad a decenas de miles de ciudadanos. Estas violaciones no eran algo nuevo, sino una intensificación aguda de la violencia desplegada bajo los auspicios de la administración derechista electa que fue derrocada por el régimen militar en 1976. En efecto, entre 1974 y1976 y con la bendición de la administración peronista, los grupos paramilitares y pandillas sindicales asesinaron, torturaron y secuestraron a cientos de estudiantes, artistas, escritores y políticos.
Entre 1983 y 1987, bajo un nuevo gobierno civil, aproximadamente treinta o cuarenta oficiales militares, navales y de la fuerza aérea fueron enjuiciados y algunos de ellos sentenciados a penas que oscilaban entre los cuatro años y la cadena perpetua. Sin embargo, debido a la presión ejercida por el personal militar para que se pusiera fin a los juicios por abusos del Estado, los enjuiciamientos se redujeron después de que el Congreso, siguiendo una iniciativa del ejecutivo, Page 159 pasó dos estatutos conocidos hoy como las leyes de impunidad. El primer acto imponía una fecha límite para los enjuiciamientos futuros y el segundo proporcionó a los oficiales de rango inferior al de general la defensa exculpatoria de haber obedecido órdenes de sus superiores.
Hoy día, con el fin de hacer viables los nuevos enjuiciamientos, la Corte Suprema está considerando si confirma la anulación de dichas leyes por parte de varios tribunales federales inferiores.2 Por lo general, las decisiones de los tribunales encargados del enjuiciamiento se basaban en la urgencia generada por la campaña de intimidación iniciada por los militares para obligar al Congreso a ponerle fin a los juicios. La inestabilidad causada por las amenazas -según la tesis de la invalidación- presionó tanto a los miembros del Congreso que las subsiguientes leyes de impunidad no lograron expresar la voluntad institucional de dicho cuerpo. Una decisión similar por parte de la Corte Suprema facilitará el reinicio de cientos de acciones penales.
El impulso para reabrir casos perpetrados en su mayoría hace más de veinticinco años, es en parte una consecuencia de la política presidencial de apoyar las expectativas de las organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones y los políticos que las respaldan afirman representar a las víctimas de los abusos a los derechos humanos. No obstante, la perspectiva de nuevos juicios ha dividido la opinión pública en dos bandos. De un lado se hallan los cientos de miles de ciudadanos unidos para apoyar el enjuiciamiento y la condena de los perpetradores militares. El otro bando, el de la oposición a los juicios, incluye dos concepciones alejadas entre sí de los méritos de la represión militar. La primera de ellas reúne a una pequeña minoría de ultraderechistas que afirma que el régimen militar actuó por necesidad. En general, sostiene que la mayoría de quienes son considerados víctimas de la brutalidad militar, estaba compuesta en realidad por activistas de izquierda, propensos al terrorismo, quienes, de hecho, fueron los causantes de su propia miseria. La otra posición incluye concepciones políticas en extremo variadas que comparten la percepción de que a pesar de la inexcusable brutalidad del régimen, el tiempo para los juicios ya pasó hace rato. Page 160 Los nuevos juicios recrearían un abismo político y generarían nuevas e innecesarias tensiones. También sostienen que los nuevos juicios serían inoportunos dada la permanente presencia de las crisis políticas y económicas que exigen que se conserve la energía suficiente para preservar las instituciones democráticas.
Por razones diferentes a aquéllas que acabo de esbozar, yo también apoyo la tesis de que los nuevos juicios serían inoportunos y me propongo explicar por qué la inculpación sancionada oficialmente, principalmente por delitos serios, fomenta una concepción de la política en blanco y negro. La realización de la lógica de víctima-inculpación que el ejecutivo está imponiéndole actualmente a la ciudadanía, apoya una visión de la política que podría llamarse de "balancín".3Aunque fue singularmente terapéutica en un cierto momento, la penetración de esta lógica en el campo de la política se vuelve perjudicial para la consecución de una comunidad pluralista basada en los derechos. Más aun, la inculpación prolongada constituye un obstáculo para la formación de una comunidad de ciudadanos responsables. Mi argumento no se limita al caso de Argentina, sino que incluye las más diversas sociedades que están emergiendo de una situación de violencia extrema e injusticias graves.
Después de la transición argentina hacia un gobierno constitucional a mediados de los años ochenta, se han instaurado juicios de derechos humanos y comisiones de la verdad para adjudicar oficialmente la responsabilidad. Así, la responsabilidad por graves abusos e injusticias perpetrados con el apoyo del Estado ha recaído sobre los gobiernos, las etnias y los individuos. De manera similar a lo sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, se está desarrollando un nuevo consenso en la práctica de asignar la culpa a los segmentos e individuos poderosos. De esta manera, ha surgido un nuevo impulso en el mundo occidental tendiente a poner a antiguos funcionarios del gobierno, al personal militar y a los altos mandos de la policía "en el banquillo". Este desarrollo tiene importantes consecuencias morales y políticas. Una de ellas es que, según el Page 161 público en general, aquellos que sufrieron a manos de los inculpados se están convirtiendo ahora en sus víctimas oficiales. Sin embargo, hay millones de víctimas. Aunque de manera indirecta, un gran número de parientes y conocidos de los desaparecidos y torturados son también víctimas, como lo son, además, aquellos que vivieron en la inestabilidad y el temor. La creciente práctica de la inculpación y el gran número de víctimas resultantes parecen estar cambiando la forma en que se ve hoy en día la política. Mientras que en los ochenta era común en Uruguay, Chile y Argentina ver a los torturados y a los asesinados como la fuente de su propia mala fortuna,4 la inculpación y el estatus de víctima han desplazado esta agencia relevante y sugieren que la responsabilidad propia ya se halla prácticamente excluida de nuestro recuerdo moral de los hechos pasados. Ellos son ahora víctimas y, como tales, son simplemente los objetos de la agencia ajena.
Este es precisamente el tema de este trabajo: la inculpación pública y el estatus de víctima en la política, especialmente la inculpación que emerge de las comisiones de la verdad y los juicios de derechos humanos. Mi intención es la de abordar el objetivo político más amplio de la reparación de las injusticias graves y los abusos a los derechos humanos cometidos contra minorías raciales, culturales, y religiosas y las brutales persecuciones políticas patrocinadas por el Estado. Tristemente, los ejemplos de estas prácticas son incontables. Abarcan desde la esclavitud como posesión legal de otras personas y las políticas discriminatorias en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, hasta la esclavización de poblaciones civiles enteras por los nazis en Europa y los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial; desde las empresas genocidas en contra de la población nativa de las Américas, hasta las campañas en contra de los armenios y aquellas en contra de los judíos y los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta la masacre de los camboyanos por sus propios parientes, el asesinato masivo de los Tutsi en Ruanda y de los africanos en el Sudán, hasta la matanza de musulmanes, croatas y serbios en los Balcanes. Incluyen también la brutalidad empleada por los regímenes dictatoriales en los últimos Page 162 años del siglo XX en América Latina, Asia y África. Desafortunadamente, esta es apenas una lista incompleta.
Me interesa aquí la inculpación colectiva y oficial -tanto la "amplia" como la "restringida"- que estos abusos suscitan dentro de la comunidad local y global. Aunque insuficiente por sí misma, la práctica de la inculpación colectiva se convierte, en un cierto momento de la historia, en un factor bastante importante para el logro de una comunidad tolerante. La versión más notoria de una "inculpación restringida" es aquella encarnada sobre todo en los juicios criminales y las comisiones de la verdad. De una manera más general, la inculpación se origina también en el reconocimiento oficial del agravio. Esta es la "noción amplia" de la inculpación. A mi modo de ver, la inculpación sancionada oficialmente le atribuye un nuevo significado a los hechos del pasado y despierta un amplio consenso sobre su valor moral. Asumo que esto significa un paso crucial en la realización de una meta social más grande, a saber, la de promover una conciencia general de los derechos y la responsabilidad de la ciudadanía, y, en último término, en el desarrollo de una comunidad pluralista basada en los derechos.
La inculpación pública, no obstante, se vuelve...
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