Casos de delitos cometidos contra la político
| Autor | Álvaro Fonseca Vivas |
| Páginas | 181-188 |
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Entre los fraudes que se cometen en la política en cualquier parte del país o del mundo y que se convierten en delitos una vez descubiertos, encontramos los siguientes:
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Agro Ingreso Seguro (A.I.S.) es un programa del Gobierno colombiano que busca otorgar subsidios a agricultores colombianos. El programa fue diseñado e implantado por el entonces ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y que se encuentran en investigación. Se han denunciado irregularidades en la ejecución del programa relacionados con actos de corrupción y beneficios a algunos terratenientes. En cifras de 2009, el Gobierno reportó el beneficio por medio del programa a cerca de 300 mil agricultores.
Las cifras más conocidas corresponden a las entregadas por el Distrito de Riego, publicadas inicialmente en el portal de Agro Ingreso Seguro, actual-mente fuera de servicio.
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La lista de quienes hasta esa fecha habían conciliado incluye: Andrés Felipe Vives Prieto, Orlandesca S.A., Jorge Franco Tribin Jassir, Biofrutos S.A., C.I La Samaria S.A., Luis Miguel Vergara Díaz Granados, Guillermo Barrios del Ducca, Ecobio Colombia Ltda., Jesús Carreño Granados, Inagros S.A., Nicolás Simón Solano Tribín y Gustavo Solano Tribín.
En proceso de conciliación: Alfredo Lacouture Dangond, C.I El Roble S.A., Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Juan Manuel Dávila Jimeno, Agroindustrias JMD y CIA S.C.A., María Clara Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto, José Joaquín Riveros Páez, Palmeras del Llano S.A., Construmundo S.A., Vicala S.A., Vizu S.A., Sanvi S.C.A., Mevicala S.C.A., Sovijilla S.A., Vicalavi S.A., Banavica S.A., Vibeych S.A. e Inmobiliaria Kasuma.
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El escándalo de Dragacol fue un caso de corrupción que se presentó por la contratación entre entidades del Gobierno colombiano y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. (Dragacol), en marzo de 1999.
En uno de los casos, el Ministerio de Transporte pagó cerca de 1,2 billones de pesos colombianos por la draga "Josefina" cuando dicha maquinaria estaba supuestamente embargada, pero en realidad estaba siendo operada para realizar otro contrato en la ciudad de Cartagena de Indias.
Dragacol no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso al puerto de Buenaventura. Se descubrió también que existieron fallas en la conciliación laboral por cerca de 26 mil millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el senador Javier Cáceres Leal y llamado a indagatoria el ex ministro Mauricio Cárdenas por el Senado para explicar el caso. Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director General Marítimo de la Armada de la República de Colombia (Dimar). De los 26 mil millones, se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los 4.000 millones de pesos.
Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuraban a nombre de Dragacol y se declaró responsable al ex minis-tro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 472 de 1998.
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Escándalo de los falsos positivos es como se conoce a las revelaciones hechas a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país.
Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona...
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