Política pública y desplazamiento forzado. La realidad de la aplicación del sistema de atención
| Autor | Clara Inés Atehortúa-Arredondo |
| Cargo | Universidad de Medellín, Medellín, Colombia |
| Páginas | 173-198 |
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Ver Nota1
El ámbito territorial que cubre esta investigación es el que corresponde al municipio de Medellín. La unidad espacial para recabar la información fue definida por los años 2000-2007, tratando de enmarcar los procesos de cambio vividos en la política pública por la Corte Constitucional y por los cambios políticos municipales debidos a los cambios de gobiernos en la ciudad.
Se utilizaron como instrumentos de recolección de información las encuestas realizadas en cinco de los asentamientos nucleados de Medellín,2 elegidos para este informe; los grupos focales con personas en situación de desplazamiento ubicadas en Medellín, y el diario de campo para el seguimiento de siete casos para verificar el acceso a los derechos de las personas en situación de desplazamiento. El uso de la información recolectada por medio de este instrumento fue autorizado por las personas que fueron entrevistadas, garantizando mantener el anonimato y la confidencialidad del contenido -que sólo puede utilizarse con fines académicos-. Por este motivo los casos han sido codificados y de esta forma son citados en el cuerpo del texto.
Se utilizó el sistema de información bibliográfica con espacio para las categorías de análisis producidas en los estudios, informes de investigación
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concernientes al tema, documentos legales y jurídicos que estructuran la política desde convenios internacionales, las actas y acuerdos del Concejo de Medellín, las actas del Comité Municipal de Atención para la población en situación de desplazamiento y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Tribunal de Medellín durante el periodo de tiempo planteado.
La primera parte del documento establece la forma en que está instituido el sistema; la segunda, las traducciones en el ámbito nacional; la tercera formula cómo se establece la política en el ámbito local y su funcionamiento, y, por último se presenta la ruta del desplazamiento, es decir, los cambios que sufre la ruta en la medida en que una persona en situación de desplazamiento la recorre. Se pretende dar, a modo de conclusión, algunas recomendaciones frente a la política pública. Para esta presentación tendremos en cuenta las dos últimas partes.
Para la organización de la información se utilizaron fichas bibliográficas descriptivas y de análisis. Las primeras, dirigidas a la lectura de la información producida por cada una de las fuentes (documentales y entrevistas). Las segundas, construidas para la lectura de jurisprudencia, y buscaban, desde cada uno de los actores intervinientes en el proceso, los argumentos y el entendimiento de las obligaciones.
Para la realización de este aparte se tuvo como principal herramienta el seguimiento a casos de personas en situación de desplazamiento por estudiantes de derecho durante un periodo de seis meses en el año 2007. La determinación de los casos se hizo teniendo en cuenta diferentes variables: el género, la pertenencia o no a organizaciones sociales, el año del desplazamiento -antes o después del fallo de la Corte Constitucional que declara el estado de cosas inconstitucional- y, la procedencia del núcleo familiar -desplazamiento intraurbano o interurbano o redesplazamiento-.
El trabajo tuvo dos momentos: el primero que fue el seguimiento caso a caso que se consignó en diarios de campo; el segundo, a través de tres grupos focales con los participantes para tratar de complementar la información que no se pudo obtener en el seguimiento por razones de tiempo, y para recoger información documental que las personas tenían de sus procesos.
Se conocieron alrededor de diez casos, todos ellos de personas domiciliadas en Medellín y provenientes de diferentes sectores del país entre los años 2000-2007, dos de ellos sufrieron redesplazamientos; todos los núcleos con menores y con distintos niveles de participación en organizaciones.
Las principales dificultades para este trabajo fueron la ubicación de las personas que por el cansancio en los trámites no querían continuar con el proceso, y el tiempo de recolección de la información.
El periodo determinado para el seguimiento fue de seis meses. Las razones para esta delimitación fueron que se consideró que en este tiempo
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una persona iniciaría los trámites, obtendría la atención humanitaria de emergencia y daría otros pasos hacia la reivindicación de los derechos. No obstante, luego de esta recolección de información, lo único que se consiguió fue acompañar a la atención humanitaria de emergencia, pues, en el mejor de los casos, es lo que se tarda un núcleo familiar en acceder a la atención humanitaria.
El acceso a estas ayudas trae consigo un conjunto de costos y requisitos que deben ser asumidos por quien intenta llegar al sistema. Este acápite intenta mostrar los costos que debe asumir la persona para avanzar en el acceso a estos derechos.
Para ello se tendrán en cuenta los casos que se pueden calificar como exitosos en la atención humanitaria de emergencia y el resto de la ruta se ilustra con los casos que llegan hasta estos puntos. Para la facilidad de los resultados se hace énfasis en los puntos comunes presentados para los trámites, es decir lo que tuvieron que hacer todas las personas para acceder a los servicios.
Para efectos de este documento se entiende por un caso exitoso aquel conformado por un núcleo familiar de no más de tres personas, dos de ellas menores de edad, cuyo desplazamiento ocurrió luego de que se han ampliado los mecanismos jurídicos para la protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento, se han realizado las declaraciones de la Corte Constitucional del Estado inconstitucional de cosas y se haya fallado a favor de la ampliación de la atención humanitaria de emergencia, que contaba con una red familiar o social que le permitiría acceder a la información y a la forma de llevar los trámites y a superar los problemas iniciales de vivienda y alimentación. Demás que no haya tenido que interponer acciones o recursos extraordinarios -tales como derechos de petición, recursos de apelación o reposición, o acciones de tutela- para obtener la atención.3
El caso "exitoso" demoró un total de seis meses desde el momento en que se hace la declaración y la entrega de la atención, y tuvo un costo aproximado del 30% del valor de la atención humanitaria. Dicho cálculo no tiene en cuenta los costos por el pago de servicios públicos, arriendo de vivienda y alimentación durante el periodo en que se esperaba la ayuda, además se entienden como inexistentes o gratuitas las asesorías jurídicas. Los cálculos se restringen a simples operaciones aritméticas y no a operaciones económicas.
Vale aclarar que un caso "no exitoso", de los conocidos durante la investigación, puede tardar entre dos y cuatro años en obtener la atención
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humanitaria de emergencia, entre los trámites regulares y las acciones extraordinarias para obtener estos recursos.4
Para el desarrollo de esta investigación se plantearon como objetivos específicos:
• Determinar el objeto y finalidad de las políticas públicas en Medellín relacionadas con la recepción de personas en situación de desplazamiento en la ciudad.
• Establecer las funciones y las responsabilidades de los entes encargados en cada uno de los derechos, salud, educación, vivienda, y proyectos productivos.
• Determinar la forma en que se relacionan, conforme a sus funciones, los diferentes entes estatales para la elaboración e implementación de las políticas públicas.
La posibilidad de acceso a los derechos se reduce luego de transitar por lo que se ha llamado la "ruta de atención al desplazamiento". La forma como se reduce o se limita la entrada de personas para la distribución de recursos parece ser lo que queda de intentar5 el acceso al sistema para obtener la atención dispuesta para la población en situación de desplazamiento.
El proceso de las políticas públicas se puede entender en un sentido como un policy cycle según lo propuesto por Jones quien distingue cinco fases: identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, implementación y evaluación.6 De la política pública, en materia de desplazamiento, puede decirse que es el conjunto de orientaciones y acciones provenientes de las institucionalidades estatales o gubernamentales encaminadas a incidir sobre el fenómeno del desplazamiento
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y el refugio; si bien comprenden necesariamente la acción gubernamental, ellas son el resultado de la interacción entre actores gubernamentales, organismos multilaterales y sectores de la sociedad civil (organizaciones sociales, iglesias, academia, medios de comunicación), entre otros, que comportan maneras diferentes e incluso a veces antagónicas de concebir tanto las problemáticas como las estrategias y los fines que se quieren alcanzar con las políticas. Por eso, se entienden las políticas como el resultado de procesos...
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