Despojo, baldíos y conflicto armado en Puerto Gaitán y Mapiripán (meta, Colombia) entre 1980 y 2010
| Autor | Ivonne Rodríguez González |
| Cargo | Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramaga |
| Páginas | 304-338 |
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Los intentos de reforma agraria en Colombia no garantizaron derechos de propiedad rural estables. Los mecanismos legales para lograr una distribución de la tierra fueron cooptados por una coalición de actores legales e ilegales, con conexiones desde la región hacia el poder central, sumado a un ejercicio persistente de la coerción que impidió que los beneficiarios de la reforma pudieran permanecer en las parcelas que el instituto de tierras les tituló.
Esta inestabilidad en los derechos de propiedad condujo a varios ciclos de despojo, perpetrados también por vías ilegales y legales, pero que en la cadena final fueron legalizados por los mismos mecanismos que ofrece el Estado. Ello significó no solo una transformación jurídica de la propiedad, sino material, que comenzó con parcelas cultivadas con pancoger y terminó en grandes extensiones de tierra donde se desarrollan proyectos agroindustriales a gran escala.
Esto puede inferirse de estudios de caso realizados en los municipios de Puerto Gaitán y Mapiripán, Meta, donde a finales de la década de 1980 y principios de los años 90 el Instituto de Tierras adjudicó predios baldíos a campesinos que con el tiempo fueron comercializados y acumulados transformándolos en vastos terrenos en los que ahora opera la industria.
Lo anterior sugiere que en Colombia el proceso de restitución de tierras, que nació de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, aprobada en junio de 2011 y puesta en marcha desde el 1 de enero de 2012, con dificultad puede plantear una línea divisora entre legalidad e ilegalidad a la hora de documentar las demandas que presenta ante los jueces especializados. Un proceso de restitución integral supone la aceptación de dichas coaliciones de legales e ilegales en el afán de acumular tierras que eran destinadas a la reforma agraria.
En ese sentido, este texto sugiere además que es complejo definir el concepto de buena fe que contempla la Ley de Víctimas. Este es un concepto que los jueces de tierras se supone deben aplicar en procesos de reclamación de tierras, cuando una víctima asegura que fue despojada del predio pero el actual propietario sostiene que lo compró desconociendo el pasado violento de la tierra y sin violar la ley. Con las coaliciones entre
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legales e ilegales, coerción y cooptación de mecanismos del Estado, este concepto atraviesa entonces por una definición y aplicación complejas.
Los casos presentados a continuación evidencian además que el Estado fue débil en garantizar los derechos de propiedad rural y que la doctrina del liberalismo económico en realidad no se tradujo en el ejercicio de un Estado de derecho, en el que todas las personas —sin distinción económica— tuvieran en este caso acceso a la tierra rural.
En Colombia varios autores han documentado el despojo de tierras cometido por diferentes actores armados y la transformación de la propiedad rural y su explotación final en manos de agroindustrias. Alejandro Reyes (2009, pp. 15-371) narra los intentos de reforma agraria impulsados durante los gobiernos del último siglo, la influencia del paramilitarismo y el narcotráfico en el despojo, y las modalidades generales de la usurpación de tierras por regiones, con énfasis en las que están sobre zonas de frontera.
Reyes documenta con especial atención el despojo en la costa Caribe, por ejemplo, Sucre, donde la clase terrateniente incentivó el latifundio y la ampliación de las ganaderías, secando los playones y ciénagas, y evitando que los campesinos tuvieran una parcela. El autor también hace un recuento sobre los motivos identificados en el despojo histórico: evitar la distribución de la propiedad rural, controlar el territorio como lugar de guerra, desarrollar cultivos ilegales, ‘lavar’ las fortunas del narcotráfico e impulsar proyectos a gran escala para aumentar la riqueza.
El trabajo del Grupo de Memoria Histórica en la Tierra en Disputa (2010, pp. 1-527) coincide con el de Reyes en documentar el despojo en la costa Caribe, principalmente en los departamentos de Córdoba, Sucre y la región de los Montes de Montes de María, en los que describe cómo fue la evolución de la estructura agraria, el sistema político regional, las masacres, el despojo directo realizado por actores armados, la compra masiva de tierras y cómo los victimarios, desmovilizados de las auc beneficiados por la Ley de Justicia y Paz, guardaron silencio frente a estas usurpaciones de tierras.
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Yamile Salinas (2010, pp. 1-57) se enfoca en explicar cómo la tierra rural durante la última década ha sido concentrada por empresas nacionales y extranjeras, y describe los cambios normativos impulsados desde el gobierno que favorecieron el desarrollo de agroindustrias a partir de cultivos extensivos como la palma africana, la caña de azúcar y los forestales. Salinas sostiene que ha habido una concentración de la propiedad rural sobre todo en la región de la altillanura orinoquense, en el corredor que conecta al Meta con el Vichada, favorecida por incentivos estatales pero también a punta de la violación de normas rurales, como la Ley 160 de 1994 que prohíbe la acumulación de predios de origen baldío.
Aunque la producción académica referenciada ha sido clave de forma inicial para comprender los mecanismos de despojo que operaron en la usurpación de tierras rurales en el país, los actores que intervinieron y, de forma más reciente, la acumulación de predios baldíos por parte de agroindustrias, aún persisten algunos vacíos como la explicación de estos mecanismos en una región como la altillanura, el detalle de cómo en el tiempo la propiedad sufrió una transformación jurídica y material, y cómo el despojo fue legalizado por la vía del derecho.
Los estudios de Reyes y del Grupo de Memoria Histórica enfatizan en la historia del despojo en la región Caribe y Salinas, en la concentración de tierras por empresas nacionales y extranjeras en la altillanura. Sin embargo, ninguno explica la conexión entre las tierras usurpadas a través de mecanismos legales e ilegales, la transformación de la propiedad rural traducida en acumulación y la participación minuciosa de hacendados, funcionarios públicos, grupos paramilitares y empresarios en la comercialización de las tierras. A partir de un estudio de caso, esta investigación pretende dilucidar el tema y dejar la puerta abierta sobre la caracterización de otras regiones.
Esta investigación retoma la propuesta de Daniel Fitzpatrick (2006) sobre los derechos de propiedad. El autor explica que alrededor de estos confluyen varios elementos: las alianzas entre los actores sociales, las reglas informales que se imponen en el ámbito local y que superan las del orden nacional, el pluralismo en las normas que rigen la propiedad y la coerción ejercida por el Estado.
Estos elementos explican la realidad del campo en Colombia, donde, pese a los esfuerzos por lograr una formalización de los predios, con algunos intentos por adjudicar tierras baldías y actualizaciones del catastro, no se
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ha reducido el conflicto. “En algunos casos, estos errores en los programas han sido resultado de la distribución de las tierras desde la misma titulación. A largo plazo, el conflicto se debió a que los ocupantes de las tierras, personas pobres o vulnerables, fueron despojados por los grupos más ricos y poderosos”. (Fitzpatrick, 2006, p. 1.013).
Fitzpatrick argumenta que hay una constante tensión entre las leyes que impone el Estado y las leyes informales que establecen los actores locales como ganaderos, agricultores, comerciantes, gremios y colonos. Para el caso de países del tercer mundo, como Colombia, la coerción y los intereses de los actores locales con más poder han prevalecido.
(Inicio cita)
Cuando un Estado es capturado por la minoría de grupos de interés, puede preferir la inseguridad y la incertidumbre en los derechos de propiedad para facilitar la búsqueda de rentas […] las agencias estatales pueden otorgar derechos a los compinches sin necesidad de incurrir en la obligación de compensar a desposeídos ocupantes, ya que estos ocupantes o bien carecen de derechos formales de propiedad o su acceso a las instituciones judiciales es insuficiente. (Fitzpatrick, 2006, p. 1041). (Fin cita)
Este estudio seleccionó varios casos del departamento del Meta para analizar la relación entre el despojo de tierras, la apropiación de baldíos y el conflicto armado colombiano desde 1980 hasta 2010, teniendo en cuenta varios criterios. Primero, fue una región donde confluyeron diferentes actores armados durante los últimos cincuenta años: las farc, que instaló su principal centro de operaciones con diferentes frentes del Bloque Oriental, las autodefensas, venidas de Puerto Boyacá, narcotraficantes, paramilitares del Bloque Centauros de las auc y Autodefensas Campesinas del Casanare y, de forma más reciente, las llamadas bandas criminales.
Segundo, porque es la zona del país con la mayor cantidad de tierra reclamada en restitución con 668.000 hectáreas,1 en aplicación a la Ley
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1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Los tres casos estudiados están además en Puerto Gaitán y Mapiripán, precisamente los dos municipios con más reclamantes y área solicitada en restitución del departamento: el primero con 309 solicitudes por 146.842 hectáreas y el segundo, con 475 solicitudes por 206.657 hectáreas. Y tercero, porque fue una región definida por el Plan Nacional de Desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pp. 1-541) del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) como el lugar para desarrollar la ‘locomotora agrícola’, es decir, impulsar la agroindustria y expandir la llamada frontera agrícola en la altillanura.
La...
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