Fronteras Difusas. Apuntes sobre el surgimiento de la jurisdicción especial indígena en Colombia y sus relaciones con el derecho estatal
| Autor | Gloria Patricia Lopera Mesa; Esteban Hoyos Ceballos |
| Cargo | Abogada de la Universidad de Antioquia/Abogado de la Universidad de los Andes |
| Páginas | 143-168 |
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Abogada de la Universidad de Antioquia y Doctora en Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha. Actualmente realiza la Maestría en Antropología de la Universidad de Antioquia. Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT. Miembro del Grupo de Estudios Penales y coordinadora de la línea en derechos fundamentales y diversidad cultural. glopera@eafit.edu.co
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Abogado de la Universidad de los Andes, realiza una Maestría en Derecho en la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit. Miembro del Grupo de Derecho y Poder de esta institución. ehoyosce@eafit.edu.co
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El presente trabajo1 tiene como finalidad lograr una aproximación a la manera en que se ha configurado en el país la llamada jurisdicción especial indígena, teniendo en cuenta diversos fenómenos que no pueden ser soslayados en dicho análisis y que servirán como hilo conductor de esta reflexión: primero, el tránsito de una concepción unitaria de nación al proyecto de construcción de una nación pluriétnica y multicultural y las repercusiones que dicha transformación ha tenido en lo que respecta a las estrategias de integración de las comunidades indígenas y al reconocimiento de su normatividad interna. Segundo, el hecho de que el fortalecimiento de la jurisdicción propia ha avanzado de manera paralela a la reconstrucción de la identidad indígena por parte de comunidades que, como resultado de políticas de asimilación, habían perdido los signos más visibles e importantes de dicha identidad. Finalmente, será necesario considerar las diversas dinámicas asociadas a los procesos de fortalecimiento del derecho propio, algunas de las cuales incluyen la apropiación de materiales jurídicos procedentes del derecho estatal, así como el trasiego continuo entre ambas jurisdicciones, lo que impide establecer fronteras claramente discernibles entre las jurisdicciones indígena y estatal. El examen de algunas prácticas sancionadoras actualmente puestas en práctica por las comunidades indígenas permitirá ilustrar el carácter dúctil y difuso de dichas fronteras.
En el capítulo cuarto de su obra “Comunidades imaginadas”, Benedict Anderson se refiere la manera cómo se construye la idea de nación en los nacientes estados latinoamericanos surgidos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Destaca este autor que las luchas de independencia y el discurso nacionalista fueron impulsados en este continente no por los sectores más oprimidos de la población sino por las élites criollas, esto es, por el estamento social conformado por los descendientes directos de los colonizadores que tenían a su cargo el ejercicio del poder político y económico, así como un acceso privilegiado a la educación y otros bienes culturales. Lo que llevó a este sector social a desarrollar el sentido de pertenecer a una misma comunidad, de compartir un mismo destino, no fue sólo el tener una lengua y una religión comunes o el trabajar al servicio de una misma metrópoli. A juicio de Anderson, un factor decisivo para alimentar este sentimiento de comunidad fue el compartir la “fatalidad del nacimiento trasatlántico” pues, como explica este autor, el accidente del nacimiento en las Américas condenaba a las élites criollas a la subordinación,Page 145 al vedarles el acceso a cargos en la metrópoli y negarles la identidad de españoles auténticos, pese a exhibir rasgos que los hacían indistinguibles de los españoles peninsulares. Exclusión que era alentada por los prejuicios raciales propios de las doctrinas sobre contaminación biológica que acompañaron la expansión de los europeos a partir del siglo XVI, al igual que por la amenaza que, para el poder del imperio, representaba un estamento social que contaba con los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos2. En tal contexto, los criollos “constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada” (Anderson, 1993:77ss, 93); doble condición que es expresada por Bolívar en la Carta de Jamaica, cuando escribe que los americanos:
No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles; en suma siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. (citada por Sánchez, 2001:14)
Así pues, su exclusión del mundo europeo alentó en las élites criollas la conformación de un sentimiento nacional que, pese a tener raíces similares, no daría lugar al surgimiento de una comunidad latinoamericana, sino que terminaría por fragmentarse en las divisiones políticas más o menos arbitrarias trazadas desde la colonia y que a la postre conformarían las fronteras de los nacientes “estados nacionales”. Pero estas nuevas comunidades imaginadas, inicialmente pensadas por los excluidos de la metrópoli, reprodujeron, a su vez, al interior de las sociedades en las que florecieron, otras prácticas de exclusión.
En efecto, bajo el influjo del modelo del estadonación moderno, según el cual cada estado es la expresión política y jurídica de una nación y ésta, a su vez, se concibe en términos de comunidad étnica, el desarrollo de nuestras instituciones políticas post-Page 146coloniales estuvo acompañado por la construcción de una identidad nacional3. Identidad que se fraguó en torno a unos rasgos pretendidamente unitarios, que aspiraban a dar cuenta del “ser colombiano”, pero que, no obstante, y como era de esperarse, apenas si coincidían con las señas de identidad de las élites. Así, ser colombiano significaba hablar una lengua (el español), profesar una religión (la católica), ser sujeto de un cierto derecho (el producido por las instituciones políticas oficiales), poseer ciertos rasgos fenotípicos que, dado el innegable mestizaje, no era posible definir de manera positiva, mas si por vía negativa, esto es, no ser negro ni indio, pero que en cualquier caso eran mejor valorados cuanto más se aproximaran a las características propias de los descendientes directos de los europeos (González y Bolívar, 2002:334ss).
Poco importaba si esta imagen unitaria coincidía con la abigarrada geografía humana. La pretensión no era recoger la realidad tal y como era, sino tratar de modelarla de acuerdo a unas pautas culturales hegemónicas: lo que no se acomodara a dicha ortopedia era excluido, asumía la condición de “subalterno” (Beverley, 1999). Los indígenas formaban parte de estos sectores “subalternos” por cuanto ni sus lenguas, religiones, instituciones jurídicas y políticas, prácticas culturales de diverso tipo, ni sus rasgos fenotípicos correspondían al patrón hegemónico y, por tanto, no eran reconocidos como parte de esa imaginada identidad nacional. Estas manifestaciones del ser indígena eran invisibilizadas, cuando no reprimidas, bien a través de esa sutil violencia de la discriminación y el prejuicio, o mediante el ejercicio directo de la fuerza y el exterminio físico (Arocha, 1998:206; Sánchez, 2001:17).
Diversas razones contribuyen a explicar la crisis de la narrativa nacional de unidad (Gros, 1997:23ss;Page 147 Santos, 1998; Sánchez, 2001:19ss). En el orden interno cabe destacar, siguiendo a Fernán González, el creciente agotamiento del modelo de construcción del estado en Colombia, caracterizado por un dominio indirecto sobre la sociedad –a través de poderes privados y partidistas locales y regionales– y su casi total ausencia en vastas zonas del territorio nacional, lo cual generó una gran dificultad para integrar, tanto en el orden material como en el simbólico, estas microsociedades locales que se desarrollan en las regiones de colonización y al margen del sistema bipartidista, con la sociedad mayor y el Estado. Como señala este autor, buena parte de las violencias que soporta el país tienen que ver con esa tendencial exclusión del otro, del diferente, que se ve alentada por la manera en que se conformaron nuestras instituciones estatales e identidades políticas (González, 1998:177). Exclusión violenta que también ha tenido una importante dimensión étnica y socioracial, por lo general ignorada en los sucesivos diagnósticos realizados sobre la violencia en Colombia, como lo pone de manifiesto Jaime Arocha (Arocha, 1998:213ss).
Pero las explicaciones domésticas están estrechamente vinculadas a las importantes transformaciones que, en el orden externo, contribuyen a la crisis de la idea unitaria de nación y a la re-invención de comunidades políticas capaces de pensarse a sí mismas desde la diferencia étnica y cultural. Transformaciones que, en general, tienen que ver con la llamada crisis de la modernidad y, con ella, de la ecuación entre nación –estado– derecho, en torno de la cual fueron construidas las formas políticas y jurídicas que sirvieron para albergar los principales proyectos políticos de esa modernidad. También tienen que ver con la crisis ambiental, la cual ha llevado a la comunidad internacional a poner la mirada en los pueblos indígenas, percibidos como los “guardianes verdes” de la selva húmeda tropical, y a convertir la protección de estos pueblos y de sus modos de producción tradicionales en un asunto de interés planetario, como se advierte en la expedición del Convenio 169 OIT y en la más reciente Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Sánchez, 2001:23). En esta revaloración de las identidades amerindias juega además un papel importante la irrupción de la llamada “política del reconocimiento”, desde la cual se plantea que muchas de las injusticias...
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