Nuevas guerras, paramilitares e ilegalidad: una trampa difícil de superar
| Autor | Mauricio Romero Vidal |
| Cargo del Autor | Politólogo, investigador y profesor universitario |
| Páginas | 409-434 |
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La des-estatización de la violencia organizada y el surgimiento de actores paraestatales y privados han sido característicos de los conflictos armados durante las últimas décadas, y el colombiano no ha sido la excepción.1 Las guerras, revoluciones, conflictos civiles y rebeliones, que en los países desarrollados de Europa, Norteamérica y Asia impulsaron la formación de los Estados, el incremento de su capacidad y el monopolio de los medios de violencia bajo su autoridad, no han tenido en los países menos desarrollados esos resultados, en el período reciente. Todo lo contrario, esos conflictos han contribuido a la decadencia estatal o a la acentuación de su fragmentación.
Las presiones de la globalización económica y la democratización han sido factores claves para ese desenlace, presiones que en el caso de los Estados que fueron exitosos en los siglos XIX y XX sirvieron para consolidar un capitalismo y un estado nacional. Por contraste, en las últimas tres décadas, allí en donde esas fuerzas económicas y de participación han encontrado estructuras de autoridad y decisión, con fallas en su formación, los efectos de esos impulsos han agravado esas grietas,2 y en esto Colombia tampoco ha sido una excepción.
La democratización iniciada en 1982 y el fracaso de la elite política y militar, por incluir en la arena institucional a los grupos alzados en armas más poderosos, la apertura económica efectuada una década después y la crisis del sector rural, el auge del narcotráfico junto con el crecimiento de la guerrilla y el surgimiento de un nuevo actor armado, los paramilitares, pusieron en riesgo de colapso al Estado colombiano hacia finales del milenio pasado. En ese período el Page 410 índice anual de homicidios por cada cien mil habitantes se acercó a 70, uno de los más altos del mundo en ese momento, y las muertes por motivos políticos sumaron alrededor de 50 mil víctimas directas luego de dos décadas de escalamiento del conflicto armado.3
Finalizado el primer lustro del nuevo milenio y tras un significativo incremento del gasto militar interno y el volumen de la ayuda militar de Estados Unidos, las perspectivas colombianas parecen menos halagadoras de lo esperado al inicio de la administración Uribe Vélez. Todo parece indicar que la violencia, la amenaza y los dineros calientes seguirán siendo parte del repertorio de la política colombiana en los años venideros. Hay que preguntarse, entonces, ¿cómo este país ha ido moldeando una trayectoria de cambio político tan costosa en vidas humanas desde 1982, en contraste con el resto del continente? ¿Qué circunstancias han contribuido a delinear ese recorrido desde entonces, y cuáles son las perspectivas luego de 24 años de esfuerzos por seis diferentes gobiernos, cada uno con distinto énfasis, para intentar ponerle fin al conflicto armado?
Este artículo aborda esa temática desde el análisis del surgimiento, consolidación y aparente desmovilización de los grupos paramilitares, de autodefensa o equivalentes, agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o bloques similares, las cuales se definieron como organizaciones contra guerrilleras y aliadas del Estado en su lucha contrainsurgente. Estas agrupaciones han estado negociando su desmovilización, desarme y reinserción con el gobierno del presidente Alvaro Uribe, desde diciembre de 2002.
La negociación se desarrolló en medio de numerosas críticas sobre incumplimiento del cese de hostilidades y asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, utilización de la presión armada para influir en las elecciones para congreso del 12 de marzo de 2006, control de comunidades enteras, tanto en zonas urbanas como rurales, rearme de desmovilizados, apropiación de fondos públicos y continuación en las actividades del narcotráfico,4 además de la insistencia del gobierno de Estados Unidos en solicitar la extradición de varios de los jefes en negociación con la administración Uribe Vélez. Page 411
Este tipo de grupos armados ilegales creció aceleradamente entre 1997 y 2003, a un ritmo mucho mayor que el de la insurgencia armada en el mismo período, al menos en lo que a influencia territorial se refiere,5 y se deduce que en el número de hombres armados también. Además, obtuvieron un nivel de tolerancia o apoyo entre los sectores pudientes y en las mismas autoridades a todos los niveles, alarmante para un Estado de derecho, y se convirtieron en una pieza funcional clave en la lucha del Estado en contra de la guerrilla, a pesar de ser una fuerza ilegal, responsable de multitud de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, y estar estrechamente ligada con el narcotráfico.6
La afirmación central de este artículo es que la negociación entre gobiernos y actores irregulares armados en Colombia, en los últimos 25 años, ha sido parte de una estrategia para redefinir mayorías electorales. Así ocurrió con los intentos de paz con las FARC en 1982 y 1998, y está sucediendo en la actualidad con los grupos de paramilitares y autodefensas. De ahí la dificultad para lograr un acuerdo general de paz por medio de una negociación, hecho que ha llevado a la prolongación del conflicto, circunstancia que se acentúa con la desmovilización de las AUC y la privatización de la seguridad regional. Para sustentar estas afirmaciones el artículo se desarrolla de la siguiente manera: primero ubica el caso de los paramilitares colombianos en la literatura sobre las nuevas guerras y analiza las sugerencias para analizar estos conflictos desde su lógica interna y no como algo externo o extraño a su propia dinámica. El texto sigue con una discusión sobre las funciones cumplidas por esas organizaciones hasta el presente. Después analiza la forma que tomó la competencia político-electoral alrededor de las negociaciones entre el gobierno y las agrupaciones ilegales armadas, y plantea una perspectiva que hace énfasis en el proceso político, como eje para analizar el surgimiento de los grupos paramilitares y la prolongación del conflicto armado.
A continuación, el texto considera las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de paz entre gobierno y guerrilla desde 1982, y relaciona esas Page 412 circunstancias con el surgimiento de los grupos paramilitares y de autodefensa. Después, el artículo discute las motivaciones de la administración Uribe y las AUC para sentarse a negociar, utilizando el marco analítico desarrollado antes, y finaliza con un examen de las negociaciones entre el gobierno del presidente Uribe y las AUC y grupos similares, y las posibles trayectorias de evolución política abiertas por esa negociación.
Las formas que han tomado los conflictos armados y la violencia política en las últimas tres décadas han merecido diferentes intentos de conceptualización.7Un primer elemento mencionado persistentemente en la literatura sobre las nuevas guerras es la tendencia a la desaparición de los conflictos entre Estados, mientras que hay una propensión al resurgimiento o profundización de confrontaciones armadas al interior de éstos, en medio de una erosión de la autoridad estatal y de su monopolio de la violencia organizada. Ese deterioro de las estructuras de autoridad ha sido acompañado del surgimiento de otras fuentes de poder y ganancias; de ahí la sugerencia por considerar y analizar estas estructuras alternativas, y no sólo examinar la crisis del antiguo sistema.8 Esto es importante porque si bien estas nuevas fuentes están asociadas con negocios ilícitos o utilizan métodos violentos y coercitivos, han demostrado una eficacia brutal en sus propósitos, generando adhesiones y no pocos simpatizantes.
La idea de conflicto doméstico en esta literatura no sólo implica el cambio de ubicación de la violencia política del exterior hacia el interior del Estado, sino también de las formas organizacionales y las demarcaciones del conflicto. Los grupos irregulares reemplazan a los ejércitos regulares o se vuelven indispensables, las guerras internas se transforman en crisis prolongadas, los límites entre lo que constituye guerra y paz, crimen y ley son vagos e indefinidos, Page 413 por contraste con las guerras entre Estados en donde hay demarcaciones más claras; es decir, lo que antes era considerado como opuesto, ahora es intercambiable, o lo que podían ser etapas definidas ahora son manifestaciones simultaneas del mismo fenómeno.
Estas nuevas formas y delimitaciones vagas no son extrañas al orden social en donde han surgido, insisten los estudiosos de las nuevas guerras. Si se quiere examinar estos fenómenos, hay que analizar los procesos sociales que definen las condiciones de vida cotidiana de las sociedades en donde han ocurrido.9 Desde esta perspectiva, la violencia política no es diferente, externa o algo aparte de la existencia social específica, sino expresión de su lógica interna. Por esto, ver la violencia sólo como algo sin sentido, debido a la destrucción y el dolor que causa, no ayuda a entender su lógica y los propósitos que persiguen sus operadores.
Un punto recurrente en el análisis es el de los efectos de la globalización económica, la creciente influencia de los mercados, legales e ilegales, y la pérdida de poder y capacidad de los Estados, sobre todo de los que...
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