Indígenas en la ciudad. Construcción y mantenimiento de la identidad en contextos urbanos a partir del desplazamiento forzado - Núm. 31, Diciembre 2013 - Revista de Derecho Público - Libros y Revistas - VLEX 514189874

Indígenas en la ciudad. Construcción y mantenimiento de la identidad en contextos urbanos a partir del desplazamiento forzado

AutorSilvia Catalina Quintero Torres - Laura Natalia Vargas Mora
CargoEstudiante de pregrado en Derecho y Antropología de la Universidad de los Andes - Estudiante de pregrado en Derecho y Literatura de la Universidad de los Andes
Páginas2-28

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A pesar de las diferencias que existen entre ellas, tanto la injusticia socioeconómica como la injusticia cultural se encuentran ampliamente difundidas en las sociedades contemporáneas. Ambas están arraigadas en procesos y prácticas que sistemáticamente ponen a unos grupos de personas en desventaja, frente a otros. Ambas, por lo tanto, deben ser remediadas. Nancy Fraser

Introducción

El indígena en la ciudad escapa del ideario general. Así de años atrás la presencia de múltiples comunidades indígenas que deambulan por el centro de Bogotá y de otras urbes colombianas haya venido en aumento, es una situación chocante que puede rayar en lo ilógico para el común de los habitantes de la ciudad.1Sin embargo, esta es una tendencia en aumento, sea por causa del desplazamiento forzado, por la búsqueda de mejores condiciones de subsistencia, por procesos de reemergencia étnica, por razones transitorias o por otra infinidad de causas.

Este texto pretende mostrar que la esencialización y el establecimiento de criterios tangibles ha sido la forma dominante en la que el derecho se ha aproximado a la identidad indígena fuera del contexto del resguardo, asumiendo que está relacionada, de forma intrínseca, con el resguardo y el territorio donde se encuentran ubicados.

Para probarlo se parte del análisis de la situación de desplazamiento forzado del que muchas comunidades indígenas han sido víctimas, y cuya reparación se ha enfocado principalmente en el retorno y restitución del terreno del que fueron despojados. Luego se analizan algunas limitaciones que la aproximación esencialista trae consigo, para evidenciar que esa forma de reparación, si bien es válida e importante, no debe ser la única opción viable para los sujetos colectivos y étnicos.

Por lo anterior, en la sección Contexto: el desplazamiento indígena se hace referencia al fenómeno del desplazamiento forzado, partiendo de la caracterización oficial y la cita de cifras y datos gubernamentales. A continuación, en el aparte Desplazamiento forzado y normatividad frente a lo indígena se muestra el impacto de este fenómeno en algunas comunidades indígenas y la migración a la ciudad. Luego, en Identidad indígena, se trata la transformación de la concepción jurídica de la identidad indígena en contextos urbanos, como consecuencia del desplazamiento forzado, mediante el análisis de parte de la normatividad, la jurisprudencia y los debates respecto a la aproximación a la identidad. Posteriormente, en Reparación para el daño cultural colectivo, producto del desplazamiento forzado, se rescatan propuestas para la reparación del daño al sujeto étnico colectivo e individual a partir de una complejización del concepto de identidad. Finalmente, se concluye retomando la importancia de la aproximación crítica a la visión esencialista de la identidad, propia del discurso multicultural liberal.

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I Contexto: el desplazamiento indígena

Para comenzar es pertinente hacer un barrido general por la información oficial referente a la situación actual de las comunidades, en relación con el desplazamiento. Así, de acuerdo con el Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre los avances en la superación del estado de cosas inconstitucional,2declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, el 11% de la población en situación de desplazamiento se identifica como parte de alguna mi-noría étnica, y de este el 2% se reconoce como parte de pueblos indígenas, lo que corresponde a 74.317 personas. Si bien esta cifra no pare-ciera ser mayoritaria, es considerable teniendo en cuenta que, de acuerdo con el último censo general (2005) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), para ese año 1.392.623 individuos se autoidentificaban como pertenecientes a comunidades indígenas.

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Como se aprecia en la gráfica 1, Bogotá ocupa el segundo lugar en cuanto a recepción de indígenas en situación de desplazamiento, con un total de 6.739 indígenas, esto es, el 23% del total de la población desplazada que ha llegado a la ciudad, una cifra bastante significativa3si se mira que la población indígena representa el 2.74% del total de la población colombiana (acnur, 2012, p. 1). Esto evidencia el fuerte y preocupante impacto que tiene el desplazamiento sobre las poblaciones indígenas.

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Teniendo como fundamento las cifras anterior-mente presentadas, es preciso referirse a la necesidad de reubicación, temporal o permanente, y las consecuencias socioeconómicas que deben afrontar estas comunidades en el área urbana. El desplazamiento, sumado a la estratificación socioeconómica de la urbe bogotana, ha obligado a los indígenas que migran hacia la capital del país como producto de la violencia o de amenaza de esta a asentarse en sectores de estrato socioeconómico bajo (Secretaría de Integración Distrital, 2011, p. 34). En esto la población indígena no corre una suerte distinta a la de la gran mayoría de la población colombiana víctima del desplazamiento, que por falta de recursos económicos debe ubicarse en zonas marginales donde el costo de vida es más bajo.

Al respecto, la Secretaría de Integración Distrital (2012, p. 4) ha hecho énfasis en la gravedad de las condiciones de subsistencia de las comunidades indígenas que llegan a la urbe bogotana: gran parte de las familias viven dispersas en los barrios más pobres de la periferia y del centro de la ciudad, compartiendo con los demás habitantes los problemas económicos y las dificultades para acceso a servicios de seguridad social, educación, salud, empleo, vivienda y servicios públicos. En general, la población indígena residente en la ciudad se concentra en la localidad de Suba (23,3%), seguida por Bosa (12,9%), Engativá (10%) y Kennedy (6.2%).

Pero estas localidades no son las únicas —también hay presencia indígena en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe— como tam-poco son solo esas las dificultades. Como lo reitera la Secretaría de Integración Distrital (2011,
p. 24), hay necesidad de asegurarles una forma de subsistencia, pues si bien muchos se ayudan tejiendo o vendiendo cosas por las calles del centro de Bogotá, la falta de educación les impide el acceso a empleos formales y los somete a una situación de pobreza y precariedad.

Según la Fundación Hemera (2006), las condiciones de vida de la población indígena víctima del desplazamiento “no son las óptimas para un estándar de vida adecuado. De hecho, un 30% de los encuestados presentan necesidades en todos los niveles de servicios sociales, y el 95% afirma vivir en arriendo en estratos bajos de la ciudad, lo cual refleja deficiencias en la calidad de vida y la deficiencia en la asistencia del Estado para garantizar el acceso a los servicios. Igualmente, la constante fue la necesidad de empleo y vivienda”.

A partir del anterior panorama general conviene hacer una referencia expresa a la forma en la cual la normatividad y la jurisprudencia se han aproximado al fenómeno del desplazamiento forzado, en particular, en el caso de las comunidades indígenas.

II Desplazamiento forzado y normatividad frente a lo indígena

La historia indígena no solo en Colombia ha estado atravesada por episodios de violencia y marginalización:

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Mientras que en los primeros años de organización y auge del movimiento indígena la violencia es ejercida por gamonales, terratenientes y narcotraficantes que emplean estrategias paramilitares para consolidar su poder local y territorial, con el protagonismo que adquieren tras la Reforma de 1991, la influencia de las organizaciones indígenas alcanza el ámbito nacional y, por eso mismo, el conflicto armado los alcanza con toda su magnitud. En la medida en que los pueblos indígenas representan una frontera poderosa para la expansión y el control territorial de los grupos armados, sus territorios y poblaciones se han convertido en escenarios de guerra (Ariza, 2009, p. 269).

Su posicionamiento geográfico y económico, entre otros factores, ha contribuido a que, como lo establece Ariza en el pasaje anterior, se encuentren muchas veces en medio del conflicto armado o de los intereses económicos de grandes empresas o terratenientes. De la misma manera, como lo refiere Villa, “en la medida que los pueblos indígenas en Colombia consolidan una visión territorial y disponen de territorio donde de forma relativa ejercen gobierno, a la vez y ante la intensificación del conflicto, se experimentan en medio de los ejércitos que avanzan en procura de ejercer control sobre áreas definidas como estratégicas desde visiones antagónicas” (2005, p. 20). Aun cuando el movimiento social indígena en la actualidad, como se verá más adelante, ha cobrado fuerza, esto no obsta ni ha impedido la grave y constante violencia que se da sobre sus pueblos.

Partiendo de lo anterior, es entonces necesario hacer referencia a la normatividad nacional que abarca lo relacionado con las comunidades indígenas, con el objetivo de ver de qué forma se ha aproximado el Estado a este sujeto y las respuestas que ha brindado a las condiciones particulares que rodean su situación.

En primer lugar, cabe rescatar que con el siglo XX se transformó la predominante visión evolucionista por una más horizontal, donde las comunidades tradicionales indígenas ya no son vistas como salvajes sin civilización o sociedad. En documentos como los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), se reconoce la existencia de estos pueblos como comunidades en sí mismas, con prácticas culturales diferentes y valiosas que deberán...

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