Participación comunitaria para el control ciudadano de los servicios públicos domiciliarios en el Barrio el Bosque, distrito de Barranquilla
| Autor | José Juan Amar Amar/Judith Echeverría Molina |
| Cargo | Psicólogo, sociólogo e historiador/Abogada |
| Páginas | 143-189 |
- Este artículo es resultado de la investigación "Participación comunitaria para el control ciudadano de los servicios públicos domiciliarios en el barrio El Bosque, distrito de Barranquilla" financiada por la Universidad del Norte.
José Juan Amar Amar: Psicólogo, sociólogo e historiador. Ph.d con grado de mayor en Psicología Social de Columbia Pacific University, Director del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano (CIDHUM) de la Universidad del Norte. Dirección postal: Universidad del Norte, Km 5, vía a Puerto Colombia, AA 1569, Barranquilla (Colombia), jamar@uninorte.edu.co
Judith Echeverría Molina: Abogada. Magíster en Desarrollo Social. Profesora investigadora, adscrita al Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política (GIDECP), categoría B de Colciencias de la Universidad del Norte. Dirección postal: Universidad del Norte, Km 5 vía a Puerto Colombia, A.A. 1569, Barranquilla (Colombia). jechever@uninorte.edu.co
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Esta investigación muestra la forma como los habitantes del barrio El Bosque del distrito de Barranquilla utilizan los espacios con que cuenta la comunidad para ejercer control social sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios que funcionan en la ciudad.
Este estudio se realizó con base en tres objetivos: Caracterizar las formas de participación comunitaria para el control ciudadano sobre la gestión de los servicios públicos domiciliarios en el barrio El Bosque de Barranquilla; describir otras formas de participación comunitaria para el control ciudadano diferentes de las establecidas en la Constitución y en la Ley en cuanto a los servicios públicos domiciliarios, y caracterizar el ejercicio de los deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios del barrio El Bosque de la ciudad de Barranquilla, lo que permitió conocer cómo es la participación comunitaria de dicho barrio en lo que respecta a los servicios públicos domiciliarios.
La legislación en materia de servicios públicos, congruente con las tendencias de la Constitución de 1991, abre espacios precisos para que la comunidad ejerza el control y vigilancia de los entes prestatarios de los servicios públicos domiciliarios, que a partir 1994 pueden ser personas públicas, privadas o mixtas. Esto nos invita a indagar cómo participa la comunidad en la vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios bajo este nuevo modelo de gestión.
El marco teórico de este trabajo de investigación se centró en estudiar los conceptos de Participación Comunitaria, de Servicio Público y Servicio Público Domiciliario, teniendo en cuenta sus antecedentes y su incorporación en nuestra legislación.
Para comprender la forma como la comunidad participa o hace uso de los espacios de participación establecidos por la Constitución y la Ley, se requirió examinar los conceptos de la participación comunitaria como derecho y como deber, y sus distintas formas o manifestaciones, y se hizo énfasis en el concepto de participación social.
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Así mismo, se hizo mención de las normas que facilitan los espacios de participación de la comunidad en los servicios públicos domiciliarios, ya que éstas dinamizan y facilitan los espacios concedidos por la Constitución colombiana y la Ley.
En cuanto al concepto de servicio público, se estudió la noción de servicio público y de servicio público domiciliario.
"La participación ciudadana desde la década de los ochenta constituye, después de la promulgación de la Constitución de 1991, no sólo una de las innovaciones más importantes en el marco democrático sino también una perspectiva de organización de la sociedad, que amplía el espacio de expresión ciudadana" (Sánchez, 1995).
Resulta importante hacer énfasis en que la participación ciudadana, como figura, no surge a partir de los espacios establecidos por la Constitución 1991 y en la leyes que la reglamentan, ya que en el país han existido formas de expresión comunitaria que han canalizado en alguna medida las inquietudes de la población. De hecho, en Colombia han existido los partidos políticos, los sindicatos y las juntas de acción comunal (Zamudio, 2003), estas últimas que fueron creadas a finales de los años cincuenta como "expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad" ( Ley 743 de 2002).
Alejo Vargas (1994) considera que la participación ciudadana es "aquella en la cual la persona, el ciudadano de manera individual y a través del mecanismo del voto, toma parte en la escogencia de las autoridades públicas o elige a sus representantes a organismos legislativos del orden nacional, regional o local. Mientras que la participación comunitaria hace referencia a procesos de organización, movilización, a través de los cuales se busca ser protagonista o sujeto de su propio desarrollo".
Es decir, una se traduce en la participación en política, en la posibilidad de intervenir en el gobierno o en alcanzar el poder, y la otra Page 145 es la posibilidad que tiene la comunidad de ser actor principal de sus soluciones, cuando se organiza, identifica necesidades, emprende proyectos, gestiona recursos para el mejoramiento de sus condiciones de vida. En ambos casos cuenta con los espacios legales para hacerlo.
En el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia se detallan los mecanismos de participación política con que cuentan los ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
La democracia participativa no se contrae a la posibilidad de elegir a los gobernantes por parte de los ciudadanos y a legitimar el sistema político sino que es multidimensional en cuanto la participación popular se abre a espacios políticos, económicos, sociales, sociodemográficos, entre otros, que revisten diversidad de formas y de tipos, que entran a dinamizar el proceso de toma de decisiones mediante la ratificación de normas universales, como el control de los elegidos, de manera que el escenario de decisión y de participación se amplía a un sinnúmero de posibilidades cambiantes según factores sociodemográficos, psicológicos, políticos y de contexto que se estén generando.
Pilar Arango (1995) considera que la "participación social es la cogestión de los diferentes actores que intervienen en la definición y materialización del bienestar, desde la diversidad que comporta cada uno y sin que ninguno de ellos deba enajenar su autonomía, lo que supone permanente resolución de conflictos e interés."
Giselda Sanabria (2001), citando a la OPS, dice que se considera participación social "los procesos sociales a través de los cuales grupos, las organizaciones e instituciones, o los diferentes sectores (todos los actores sociales, incluida la comunidad) intervienen en la identificación de necesidades en salud u otros problemas afines y se unen en una sólida alianza para diseñar poner en práctica y evaluar las soluciones".
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La Ley 142 de 1994, en desarrollo de lo establecido en el artículo 369 de la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 62 a 66 establece que en todos los municipios del país deben existir los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos.
Los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos son una de las iniciativas más progresistas y de más amplio alcance en el marco de la participación ciudadana, contemplados en la Ley 142 de 1994 y reglamentadas por el Decreto 1429 de 1995 (Superintendencia de Servicios Públicos, 1998).
Estos comités son de iniciativa de la comunidad, y cuentan con el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos y del alcalde municipal, quien velará por la conformación de éstos en su municipio.
Hugo Palacio Mejía (1999) sostiene: "Los Servicios Públicos Domiciliaros son actividades organizadas para permitir el disfrute de ciertos bienes (como el agua) o servicios (como el aseo) que se requieren para que el domicilio cumpla con sus funciones de protección, intimidad y productividad del trabajo".
Para lograr los objetivos de esta investigación se decidió adelantar la investigación con un enfoque cuantitativo y con un diseño descriptivo.
"La Investigación Cuantitativa nos ofrece la posibilidad generalizar más ampliamente los resultados nos otorgan control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de éstos" (Hernández Sampieri, 2003).
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Se eligió este tipo de investigación debido...
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