El principio de asistencia humanitaria y la mujer desplazada en Colombia
| Autor | Myriam Constanza Caicedo Enríquez |
| Cargo | Abogada por la Universidad Santo Tomás y docente Programa de Derecho. Universidad Mariana, Pasto |
| Páginas | 181-204 |
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La población desplazada en Colombia constituye un fenómeno social muy sensible ante la comunidad internacional, ocasionado por el conlicto interno que lo ha llevado a una violencia política en los últimos cincuenta años, catastróica en términos de pérdida de vidas, aparición de nuevas formas de violencia, recrudecimiento del conlicto armando, deterioro de la cultura democrática, altos niveles de corrupción y menoscabo de los derechos humanos. En este sentido, Colombia padece una crisis de grandes proporciones en lo social, lo político y lo económico.
El presente artículo muestra el papel del Estado colombiano frente a los principios rectores de la asistencia humanitaria a la población desplazada, particular-mente a la mujer víctima de este lagelo. La mujer, por su condición de género y el
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predominio de una cultura patriarcal en la sociedad colombiana, está más expuesta a padecer los avatares de dicho fenómeno.
Tradicionalmente, la mujer cumple varios roles: madre, hija y hermana; en la mayoría de los casos debe responsabilizarse por sus hijos, hermanos y padres, situación que la hace vulnerable frente a la sociedad. Por ello, la necesidad de comprender desde la academia cómo afronta el Estado, haciendo uso de la normativa sobre los derechos humanos, el importante deber de brindarle la asistencia humanitaria que la comunidad internacional recomienda.
Así pues, el artículo sintetiza los parámetros de la comunidad internacional enfocados a la asistencia humanitaria y el desplazamiento forzado de la mujer, y muestra la importancia de la Corte Constitucional que, a través de sus pronunciamientos, ha constituido la orientación para las políticas estales frente a la problemática.
Para el logro del objetivo, se desarrollan cuatro partes: en la primera, Consideraciones iniciales, se describen los antecedentes de los principios rectores del desplazamiento y el marco jurídico internacional, donde se señala la vinculación de los tratados internacionales al marco jurídico nacional; en la segunda, Sistematización del derecho internacional humanitario y de los principios rectores del desplazamiento, se ilustra la incorporación de los principios en el derecho interno, destacando la acción activa de la Corte Constitucional, en sus decisiones trascendentales del Auto 092 de 2008 y la Sentencia T-025 de 2004; en la tercera parte, Relexiones de diferentes actores frente a la política pública de desplazamiento, se complementa con visiones tanto internacionales como nacionales y académicas sobre la política pública del desplazamiento, se resalta como común denominador la baja acción estatal, y, por último, en Inluencia de la Corte Constitucional, se destaca el accionar del Estado a partir del evidente, oportuno y acertado papel de la Corte Constitucional.
Finalmente, se presentan historias de vida y conclusiones en las que se aprecia la fuerza del fenómeno del desplazamiento y su efecto en las personas, y se invita a continuar ampliando la investigación en tópicos como la aplicación de la política de desplazamiento.
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Los principios de protección a los desplazados son expresión de la comunidad internacional para contribuir al establecimiento de una base jurídica que vele por las personas no involucradas en conlictos internos. En ese orden de ideas, este trabajo inicia presentando una visión de la consolidación de dichos principios, articulados con el marco jurídico internacional y inalmente su incorporación en Colombia.
El representante del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló el plan de acción propuesto en el estudio comprensivo denominado Compilation and Analysis of Legal Norms (1995), en el que se reúnen un trabajo de un jurista austriaco y otro de un estadounidense; a partir de ellos, deinió las necesidades de los desplazados internos y realizó la revisión de las normas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho de los refugiados, aplicables en situaciones de disturbios interiores, conlicto armado no internacional y conlicto internacional. Con este marco, el documento estableció la existencia de normas dentro del derecho internacional que protegen a los desplazados durante el desplazamiento y en situaciones de reubicación y retorno.
Además, en la segunda parte de la Compilación y análisis de normas (1995) se abordó el problema de protección frente al desplazamiento y el derecho a no ser desplazado. Los dos documentos en conjunto fueron la base para un tercero, en el que se publicaron los Principios rectores sobre desplazamiento interno (Report Addendum. Guidins Principles) que, actualmente, constituyen el eje central del derecho internacional en materia de desplazados (Vidal López, 2007).
Dichos principios fueron presentados a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 1998, y fue hasta el 2005 cuando los Estados los reconocen como un "marco internacional de importancia para proteger a las personas desplazadas dentro de sus países" (Vidal López, 2007). Esos mismos principios reairman y relejan la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos y derecho humanitario relacionada con los desplazados internos. Su objeto es servir de norma internacional para orientar a los gobiernos y demás actores en el suministro de asistencia y protección a la población desplazada, identiicando sus derechos y garantías durante toda la etapa de desplazamiento (Instituto Brookings, 1999).
Asimismo, en la teoría del derecho internacional, los Estados se obligan, mediante tratados internacionales, costumbres, principios generales de derecho,
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jurisprudencia y doctrina (estas dos últimas como fuentes auxiliares), a la protección de la población en situación de desplazamiento. Sin embargo, cuando el tema que lo ocupa se relaciona con la dignidad humana, su responsabilidad aumenta y se hace un llamado a normas imperativas. Es así como los Estados deben proteger la dignidad como un hecho de obligatorio cumplimiento.
Además, los gobiernos prohíben la intervención en situaciones de conlicto dentro de la jurisdicción de cualquier Estado, procurando protección y asistencia humanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo, en especial, a personas desplazadas internamente; esto constituye un deber y una responsabilidad primordial del Estado. La Asamblea General de Naciones Unidas, en algunas situaciones, ha reairmado lo siguiente: "La soberanía de Estados afectados y su labor principal está en la iniciación, organización, coordinación e implementación de la asistencia humanitaria dentro de sus respectivos territorios" (ONU, 1990 ).
Es de resaltar que la asistencia humanitaria hace referencia "a una amplia variedad de actividades internacionales, incluida la ayuda a las víctimas de conlictos y de intervenciones armadas para reinstaurar la democracia", que se basa en principios como la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia (Acnur, 2010 ).
De igual manera, instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) hace referencia a derechos como: a la vida, al debido proceso y movilidad, entre otros, permitiendo así al Sistema Interamericano de Derechos Humanos conocer las violaciones de los derechos de los desplazados y la asistencia humanitaria brindada en el país. Es importante tener en cuenta que Colombia ratiicó y se adhirió a este tratado el 28 de mayo de 1973, siendo entonces vinculante.
Respecto al marco jurídico internacional, hay que destacar que se constituye en actos jurídicos que tienen en cuenta los principios rectores de desplazamiento, y se componen por parámetros tendientes a proteger los derechos humanos de una población en situación de vulnerabilidad, que deben asumir e implementar los órganos estatales.
Varios tratados internacionales prohíben y hasta entienden el desplazamiento forzado como un crimen internacional. Dentro de estos tratados se encuentran:
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el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobado mediante depósito del instrumento de ratiicación el 29 de octubre de 1969, entró en vigencia en Colombia el 23 de marzo de 1976; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Colombia aprobó por Ley 74 de 1968 y lo ratiicó, al igual que el Protocolo Facultativo, el 29 de octubre de 1969; el Estatuto de Roma aprobado el 10 de diciembre de 1998 y ratiicado el 5 de agosto de 2002; además, la Convención de Belem do Para que se irmó en 1994 y se aprobó mediante Ley 248 de 1995, fecha en que comenzó a regir; en ese mismo...
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