La proliferacion de los grupos paramilitares en el sur de Mexico: ?estrategia de Estado o batalla entre elites politicas locales?
| Autor | Olney, Patricia |
| Cargo | Report |
| Páginas | 83(39) |
Introducción
La emboscada del 27 de abril de 2010 a una caravana humanitaria, que tenía como propósito auxiliar a unas 700 familias asediadas por el grupo paramilitar (1) "Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui" (UBISORT) en la zona del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue un incidente más que se sumó a una larga cadena de ataques paramilitares en el sur de México desde mediados de los anos 90. Muchos de estos ataques se han desarrollado en localidades donde han surgido movimientos sociales y guerrilleros que exigen establecer zonas autónomas en regiones con poblaciones indígenas. En el caso mencionado, 30 hombres enmascarados abrieron fuego sobre la caravana, provocando la muerte de dos activistas de nacionalidad finlandesa y mexicana (Díaz, 2010).
Al igual que la masacre perpetrada en 2002 en Agua Fría, Guerrero, en la que fueron acribillados 27 campesinos, y la matanza de Acteal, Chiapas, en 1997, donde murieron 45 indígenas católicos pacifistas, el ataque tomó lugar en una de las regiones más pobres de México con una geografía difícil y poca presencia del Estado. La región tiene también en común con los otros casos mencionados una historia de conflictos entre élites rurales o urbanas de izquierda y derecha y el hecho de haber entrado en un proceso de modernización acelerado que ha contribuido a debilitar su tejido social, generando vacíos de poder y divisiones en las comunidades.
De manera general, las organizaciones paramilitares del sur de México pueden ser analizadas como una reacción a la abdicación del Estado ante su deber de hacer justicia. Al permitir que diversos movimientos de izquierda invadan y reclamen territorios, el Estado tiende a desaparecer como garante de la ley. En muchas ocasiones, el paramilitarismo hace referencia a la privatización de la represión del Estado aunque es un fenómeno multidimensional y evolutivo que presenta matices aún más si se compara entre países. El déficit de ley en una zona (por más injusta e informal que esta ley haya sido) puede contribuir a que actores locales se sientan los garantes de la misma. Por lo tanto, la mayoría de los ataques atribuidos a unidades paramilitares se inscriben en contextos particularmente confusos: las violencias son difíciles de identificar y pueden relacionarse con simples venganzas, rencillas familiares o disputas puntuales.
Muchos de los autores que tratan el tema ven a los paramilitares como una extensión de las guerras sucias de la Guerra Fría, sólo que en la era democrática de la post-Guerra Fría, la represión del Estado se delega a grupos privados (Lofving, 2004; Moksnes, 2004; Norget, 2005; Olesen, 2005; Stahler-Sholk 1998), permitiendo que el Estado pueda tener la trayectoria en protección de derechos humanos propia de una democracia. Sin embargo, a pesar de que hay evidencia de nexos entre representantes del Estado y los grupos paramilitares, estos nexos se hallan lejos de consistir en una estrategia y más bien están asociados con élites locales que resisten las políticas del Estado y ni siquiera aquéllas se pueden ver como una causa principal del fenómeno. Más que una actividad de élites racistas en áreas indígenas que se oponen al cambio y explotan las divisiones entre las comunidades para defender sus intereses, el fenómeno paramilitar evidenciado en Chiapas es en primer lugar una expresión de la ausencia o la inefectividad de la ley. Asimismo, el paramilitarismo es sintomático de una ruptura de los equilibrios sociales y políticos en el ámbito rural, la cual propicia un vacío que se va llenando con cualquier protagonista violento que se sienta lo suficientemente poderoso para afirmarse. Al ceder territorio a los movimientos sociales que lo reclaman, el Estado deja un vacío del poder a pesar de sus buenas intenciones, lo que puede conducir al re-establecimiento de cacicazgos que el propio Estado había tardado décadas en desplazar. De esta manera, fuerzas estatales que pretenden promover los intereses de la gente humilde y fomentar procesos de cambio facilitan más bien el retorno a estructuras y mecanismos de poder tradicionales.
Como se demostrará en las siguientes páginas, los paramilitares operando en Chiapas constituyen la contraparte de organizaciones de izquierda a las que se enfrentan, bien sean grupos guerrilleros (como el "Ejército Zapatista de Liberación Nacional" - EZLN) o movimientos sociales considerados como radicales (la "Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca" --APPO, por ejemplo). Todos los actores armados representan conductos a través de los cuales grupos de élite luchan por defender sus intereses e imponer su visión del "buen gobierno," especialmente en lo que atiene a las políticas económicas. Los grupos paramilitares de la región no se manifiestan tanto porque un Estado fuerte busca nuevas formas para reprimir a sectores de la población, sino porque el mismo Estado tiene dificultades para ejercer un control sobre el territorio y los ciudadanos. En una época en la que el autoritarismo y la revolución carecen en muchos aspectos de legitimidad, el paramilitarismo es ilustrativo de una lucha entre élites para apropiarse del discurso de la democracia como condición para llegar al poder. Por otra parte, es un encarnación violenta de las disputas entre las élites modernas de la capital del país y las élites más tradicionales del medio rural, al igual que una forma paroxística de oposición entre las élites reformistas presentes en todas las corrientes políticas y las élites del antiguo sistema político que fue dominado por un solo partido durante décadas.
De manera específica, el presente texto se enfoca en localidades de Chiapas, una de las zonas de mayor conflictividad en México, junto con las principales regiones en disputa entre los miembros de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, a lo largo de los últimos anos.
Antecedentes históricos: modernización y competencia religiosa
Desde 1950 la incursión brusca de grandes cambios inherentes a la modernización empezó a hacer estragos en las zonas indígenas chiapanecas. La población indígena creció a un ritmo acelerado, pero posiblemente por el gran tamano de la población indígena (el 40% en San Cristóbal y hasta el 90% en sus municipios de origen), la población urbana de San Cristóbal de las Casas (la urbe principal de la zona de conflicto) era mucho menos mestiza que la de otras ciudades, ya que los habitantes de ascendencia europea se cerraron a la posibilidad de una integración urbana de los campesinos indígenas (Speed, 2008: 66). Al mismo tiempo, muchas poblaciones indígenas ya no pudieron vivir de lo que producían en el campo por más competencia para la adquisición de tierras, las fluctuaciones de los precios del café o el maíz, o porque habían sido despojadas de sus lotes por terratenientes. Algunos de estos terratenientes formaban parte de asociaciones de ganaderos que tenían ejércitos privados llamados "guardias blancas" que reprimían a los indígenas opuestos a sus proyectos de expansión (Rus y Collier, 2003: 36-44).
Rechazados en las ciudades y despojados de sus tierras en su lugar de origen, miles de campesinos indígenas vieron en la posesión de un pedazo de tierra la manera más segura de sobrevivir estas realidades tan precarias y presionaron al gobierno a cumplir con las promesas constitucionales de la reforma agraria. El número de trabajadores de ascendencia maya había crecido de 100.000, a mediados de los setenta, a más de 200.000 en 1990, pero los empleos disponibles decrecieron de 80.000 en 1980 a menos de 15.000 en 1989, dejando a casi el 80% de la población chiapaneca maya sin trabajo (Rus y Collier, 2003: 44).
Respondiendo a estas presiones, el gobierno mexicano abrió la selva Lacandona e invitó a los campesinos indígenas a colonizar parte de la selva para formar nuevas comunidades, pero sin cualquier provisión de servicios ya que el Estado tenía muy escasa presencia en la selva. Los grupos que se lanzaron a colonizar la selva fueron los indígenas menos tradicionales y menos arraigados a sus costumbres y culturas. Una vez en la selva, aprendieron a coexistir con grupos de diferentes etnias y otras corrientes lingüísticas. Esta cooperación fue vital para la supervivencia en un ámbito tan difícil como éste (Leyva Solano, 2003: 174). Fueron los indígenas de esta zona olvidada por el Estado mexicano los que se convirtieron, en algunos casos, en la base de apoyo del EZLN.
En este contexto la religión ha desempenado un papel fundamental a medida que se han ido desarrollando los conflictos en diferentes esferas de la vida local. En el pasado, la iglesia católica tuvo como misión "civilizar" a los indígenas y mantener la paz social, promoviendo una versión del cristianismo que recalcaba la importancia de la resignación, la obediencia y la humildad (Speed, 2008: 67). Un obispo, Samuel Ruiz García, llegó a Chiapas en 1960 en una época en que se producían muchas transformaciones no sólo religiosas sino también económicas, culturales, políticas y sociales. Asistió al Concilio Vaticano II en 1964 durante el cual la Iglesia adoptó ideas asociadas a la teología de la liberación, una corriente que introduce la tesis de la lucha de clases en el discurso católico. Se justificaba así la lucha social en contra de la explotación y la opresión del pueblo humilde a manos de las élites. El obispo participó también en la conferencia de obispos que se realizó en Bogotá en 1968 donde se refinó aún más la teología de la liberación (Earle y Simonelli, 2005: 77-80).
Mientras tanto, misioneros protestantes se instalaron en zonas chiapanecas a partir de los anos cincuenta. A principios de la década siguiente, estos mismos empezaron a llevarse una parte significativa de la membresía de las iglesias católicas, al ofrecer nuevas costumbres y formas de creencia que se volvieron progresivamente populares. El sistema descentralizado de los grupos protestantes significó mayor independencia religiosa en la medida en que había...
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