El reasentamiento poblacional: fenómeno social, político y de progreso
| Autor | Juan David Duque Botero |
| Cargo | Abogado de la Universidad del Rosario, candidato a magister en Derecho Administrativo de la misma Universidad. |
| Páginas | 145-168 |
Palabras clave: reasentamiento poblacional, derechos humanos, responsabilidad del Estado, ordenamiento territorial, políticas públicas. Resettlement of population, human rights, state responsibility, territorial order, public politics.
Page 145
Existen actuaciones del hombre o hechos de la naturaleza que conllevan a consecuencias indeseadas en una población organizada. Dentro de las consecuencias, la más significativa desde el punto de vista de los derechos humanos es la ocurrencia de un reasentamiento poblacional.
Los desastres, tanto de origen natural como los de origen antrópico, son un tema emergente en el mundo, en especial en América Latina y el Caribe. La ocurrencia de fenómenos físicos de gran poder potencialmente destructivo, como inundaciones, sequías, huracanes, erupciones volcánicas, ciclones, maremotos o tsunamis, terremotos, aunque en términos de frecuencia estadística permanece estable, es un hecho que produce cada vez mayores impactos en las condiciones de vida de las personas y en el desarrollo económico, social y ambiental de los Page 146 países, dado que han aumentado las vulnerabilidades en las regiones donde suceden estos fenómenos.1
Una comunidad que requiere ser reasentada sufre a su vez nuevos impactos y consecuencias, que afectan su propio equilibrio y normal desarrollo, a lo cual el Estado tiene el deber de atender ágilmente. Con el reasentamiento, la comunidad se enfrenta al establecimiento de nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas formas de cooperación y oposición entre ellas, que les ayudarán a ajustar su estilo de vida y su identidad.2
Uno de los aprendizajes de los desastres (aluvión en Santiago de Chile, 1993) era que surgía una especie de nueva clase social, la clase social de los damnificados, que se caracteriza por pedirlo todo en un contexto social y político donde es difícil negarles algo.3 Tradicionalmente, el reasentamiento poblacional es percibido de forma secundaria y como un tema de asistencia humanitaria que hace parte de un proyecto o resultado de una actuación del Estado. Sin embargo, la experiencia con desastres naturales o acciones antrópicas que generan reasentamientos en países en desarrollo presenta serias repercusiones, sobre todo, en los sectores económicos y sociales.4
Estas repercusiones afectan de forma negativa el desarrollo, esto si se tiene en cuenta que los desastres naturales y las acciones antrópicas están directamente ligados a insuficiente planeación y falta de ejecución de programas de mitigación de riesgos. Por estas razones, generalmente los impactos que soportan los ciudadanos y que generan un reasentamiento suponen omisiones en el ejercicio del poder público, lo que ha llevado a los gobiernos a compensar e indemnizar a una población determinada.
En Colombia, y como consecuencia del alto impacto de los desastres naturales de Popayán, en 1983, y Armero, en 1985, mediante la Ley 46 de 1988 se creó el Sistema Nacional para la Prevención y
Page 147
Atención de Desastres (SNPAD).5 Este sistema desarrolló un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres adoptado mediante el Decreto 93 de 1998, que pretende incorporar el riesgo como eje transversal fundamental del desarrollo y con un carácter de inversión y no de gasto.6
Este es el punto de partida para que Colombia sea pionera en Latinoamérica en el manejo y control de los desastres. La existencia de recursos propios para combatir la vulnerabilidad de zonas determinadas frente a determinados riesgos permite al gobierno estar un paso adelante. El reasentamiento como tal no sólo se origina por hechos naturales; los hechos antrópicos también originan reasentamientos poblacionales, ya sea por la ocurrencia de acciones violentas, por la construcción de un proyecto de infraestructura o por accidentes tecnológicos.
El reasentamiento poblacional originado por hechos violentos genera impactos sociales irremediables. El Estado busca compensar a los afectados por la ocurrencia del daño, mediante la reconstrucción física de la infraestructura y pago de indemnizaciones. La construcción de proyectos proporciona desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de una población y posee significativos requerimientos que a su vez generan impactos en la zona donde se localiza.
La Constitución Política asignó a los entes territoriales, y en especial al municipio, la función de construir obras que demande el progreso local y ordenar el desarrollo de su territorio. En la práctica, lo anterior no es muy aplicable por la falta de recursos de los municipios, los cuales se ven obligados a priorizar sus recursos en gastos de funcionamiento, desarrollo rural y social. Las obras de infraestructura, salvo cuando existe ayuda del gobierno central, no tienen cabida en el ejercicio local.7
Sin importar la causa del reasentamiento, el Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos, imponiendo nuevas cargas para garantizar el equilibrio en la sociedad. Se plantea de esta manera Page 148 que el Estado, en la búsqueda de elevar su productividad y recuperar su legitimidad, debe lograr un escenario de corresponsabilidad entre lo político, lo económico y lo social, que prefigura la nueva gestión de público más allá de lo estatal.8
Indicamos así los aspectos que se ilustrarán a lo largo de este artículo, con especial atención en los reasentamientos que se originan por prevención de desastres naturales, que serán el eje de un planteamiento de política pública, y por causas antrópicas, en las que encontramos principalmente la construcción de grandes proyectos. Además, se presenta la tipología del reasentamiento desde una perspectiva jurídica.
Los desastres y sus consecuencias han tomado cada vez mayor importancia en la agenda de los países en desarrollo. Está suficientemente documentado que los desastres causan mayores impactos en los países latinoamericanos debido, entre otras causas, a las altas vulnerabilidades de todo tipo, especialmente económicas e institucionales que se han acumulado en el tiempo.9
Son características de los Estados latinoamericanos la ausencia de institucionalidad para la atención de desastres o su inadecuado diseño.10 Observamos que los gobiernos no están en capacidad de atender ágil y adecuadamente un desastre, y que buscan el menor impacto en la población afectada. La falta de planeación y estable-Page 149cimiento de responsabilidades son las principales causas. El problema no radica en la ocurrencia del desastre como tal, sino en las actuaciones del Estado para auxiliar a la población y bienes jurídicos afectados.
Las consecuencias que conlleva el desastre han instado a los gobiernos a contemplar dentro de sus actividades el buscar la disminución del riesgo por desastres naturales. Lo anterior, por el Interés creciente de estudios provenientes de las ciencias sociales y de la economía durante las décadas de los ochenta y los noventa. Esto ha hecho que el tema de la gestión de desastres se haya legitimado política, social y académicamente.11
El auge de la prevención ha avanzado de manera significativa en Latinoamérica, aunque falta determinar acciones para prevenir y mitigar el riesgo eficientemente. Debe plantearse, en principio, una política de reasentamiento involuntario de población, relacionado con el riesgo de origen natural y su reducción de vulnerabilidad frente a desastres naturales. La década de los noventa fue declarada por las Naciones Unidas como la década para la reducción de los desastres, y si bien se avanzó mucho en la comprensión de la naturaleza social y sistémica de los desastres, muy poco se ha adelantado en la reducción de la vulnerabilidad, que permite que un fenómeno de origen natural se convierta en desastre.12
Si bien se explica que el avance en la reducción de la vulnerabilidad de la población ante un desastre natural es significativo, resaltamos que existen falencias graves en el sistema, en especial en las gestiones de largo plazo. En muchos de los casos, a pesar del riesgo inminente ante un desastre que puede repetirse, el reasentamiento no se plantea y esto pone en riesgo a la población.
En cuanto a Colombia, se localiza en una zona de alta complejidad geológica, que explica la frecuente ocurrencia de terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis o maremotos en el territorio nacional. Los sismos constituyen la principal amenaza natural para el Page 150 país, ya que cerca del 86%13 de la población está ubicada en zonas de nivel medio y alto de amenaza sísmica 5, y la vulnerabilidad de los asentamientos urbanos es destacada y con tendencia creciente. Las cifras anteriores son difíciles de aceptar, por eso la necesidad de contar con planes aptos y recursos para la prevención de desastres. Es importante resaltar la inclusión de recursos de inversión en este campo, y no esperar la ocurrencia de un desastre para utilizar recursos de gasto o imprevistos del presupuesto.
Las condiciones climáticas, topográficas e hidrológicas el país lo hacen propenso al impacto de fenómenos de erosión, deslizamientos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba