Nuevo Derecho - Libros y Revistas
      • Nuevo Derecho

Editorial:
Institución Universitaria de Envigado
Fecha publicación:
2016-05-03
ISBN:
2511-4540

Últimos documentos

  • Editorial
  • La tutela contra providencia judicial en los casos de defecto sustantivo: análisis de procedibilidad

    El presente artículo contiene una breve revisión documental sobre la procedencia excepcional de la acción constitucional de tutela contra providencias judiciales cuando el juez ha incurrido en causal de vía de hecho o error por defecto sustantivo. El estudio se realizó a través de una recopilación tanto jurisprudencial como doctrinal en lo relativo a las causales genéricas y específicas de procedibilidad. En ese sentido, se utilizó la metodología de investigación de naturaleza cualitativa, soportada en el método de recolección de información de la revisión documental de primer y segundo orden. El artículo se bifurca en dos apartados, el primero de los cuales aborda las especificidades de la tutela contra sentencia y el segundo la causal específica denominada vicio sustantivo. Se determinó que pese al carácter subsidiario y excepcional que reviste al mecanismo de la tutela, esta puede ser invocada cuando el juez funda los argumentos de su fallo en normas inexistentes; cuando la norma haya perdido vigencia; su interpretación sea contraria a la Constitución como Norma Normarum o no tiene conexidad material con los presupuestos del caso, permitiéndose la ratificación de los pronunciamientos por parte de la Guarda Constitucional.

  • Reflexiones en torno al nuevo constitucionalismo latinoamericano

    El nuevo constitucionalismo latinoamericano (NCL) es un fenómeno jurídico que busca dar cuenta de lo sucedido en los procesos constituyentes desarrollados desde los finales del siglo xx hasta nuestros días. Asimismo, se trata de una corriente constitucional que se encuentra en construcción. No obstante, es posible destacar algunas notas en común que caracterizan a las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin duda alguna, lo anterior será determinante para quienes buscamos indagar y proporcionar razones del cómo se han venido gestando los nuevos ordenamientos jurídicos que han propiciado una serie de reflexiones y debates poco homogéneos. Es importante mencionar que nos encontramos con un fenómeno en periodo de construcción doctrinal. Sin embargo, consideramos que el NCL es un excelente laboratorio de pruebas que permite seguir explorando alternativas en torno a la deuda democrática que se la ha demandado por tanto tiempo al constitucionalismo. Por tanto, la pertinencia de analizar los alcances de los diseños institucionales que proponen las constituciones del NCL que intentan solventar las carencias democráticas que hoy en día las constituciones modernas no han podido remediar. En este orden de ideas, las constituciones del NCL son entonces la hoja de ruta que permite una vía de análisis distinta con respecto a otras corrientes como el constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo que, dicho sea de paso, son fuente de controversias y dudas.

  • Reforma pensional: un análisis desde los derechos fundamentales y el principio de sostenibilidad financiera

    Se presenta en este artículo una síntesis de las recomendaciones de la Comisión de Gastos e Inversión Pública, respecto al gasto y régimen en pensiones; se indaga sobre las razones de dichos cambios y su impacto enfatizando en tres partes: principio de sostenibilidad financiera, derecho a la pensión y reforma pensional como tema central; dada su importancia, para lograr las metas de ajuste fiscal que requiere el país para la viabilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones. A través de una investigación cualitativa, desarrollada con un método hermenéutico crítico, se valoró el impacto del conjunto de las propuestas de ajuste que realiza la Comisión, y que se complementan con estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo); y se concluye que dichas propuestas logran los objetivos de eficiencia en el gasto, disminución del déficit fiscal y racionalización de la deuda pensional.

  • Los principios generales en la Constitución Política de Colombia y la función judicial

    En este artículo se pretende desarrollar los principios generales del derecho, en primer lugar, haciendo alusión a ellos de manera general, desde diferentes conceptos tratados por la Jurisprudencia y la doctrina; y, en segundo lugar, abordando específicamente los enunciados de la Constitución Política y del ordenamiento jurídico colombiano. Los principios generales se desarrollan en el artículo como criterios que enmarcan al operador jurídico dentro de unos parámetros formales en el ejercicio de la actividad judicial. Es necesario precisar que dentro de las funciones que tienen estos principios se encuentran la creadora, la integrativa y la interpretativa; esto es, le sirven al juez como criterios auxiliares al momento de aplicar el derecho en un caso concreto. A su vez estos establecen los límites políticos y jurídicos de la colectividad -derechos subjetivos y objetivos colectivos-, integrando el carácter político que se desprende de ellos. Por otro lado, el artículo desarrolla la parte axiológica consagrada en el preámbulo de la Constitución Política colombiana, con el fin de mostrar estos valores como los principios fundamentales que permean todo el ordenamiento jurídico y constitucional. El análisis principal de este artículo se desprende de la Sentencia C-284 de 2015, relevante en materia del desarrollo que la Corte Constitucional le ha dado a los principios.

  • La discriminación interseccional en el discurso Jurídico Intersectional

    Este trabajo explora, de forma teórica, la denominada discriminación interseccional y la importancia de su estudio para el análisis de casos que versan sobre la discriminación por razón de género, sexo, raza, clase y todas las situaciones particulares que pueden formarse de la intersección de distintas categorías sospechosas de discriminación. El objetivo es la investigación sobre la implementación de este concepto y la falta de esta en los pronunciamientos de tribunales constitucionales e internacionales, así como acercar al lector y ayudar a reflexionar sobre la situación de particular vulnerabilidad en la que se encuentran aquellas personas que han sido colocadas en la alteridad. Para lograr este objetivo, primero, ya que comúnmente son utilizados de forma indistinta, se abordan los conceptos de discriminación múltiple e interseccionalidad, sus orígenes y principales diferencias, pasando a un breve análisis sobre la importancia del estudio y la aplicación de la discriminación interseccional para los tribunales, tanto domésticos como internacionales. Finalmente, se seleccionaron una serie de casos emitidos por tribunales domésticos y por tribunales internacionales defensores de derechos humanos, seleccionando aquellos que fueron más mediatizados. Los datos analizados dejaron en evidencia que, a pesar de ser un concepto estudiado y trabajado por diversas teóricas a lo largo de muchos años, sigue sin ser aplicado por los juzgadores.

  • Pluralismo razonable en el Estado constitucional: de la tolerancia a la discrecionalidad judicial

    En este artículo presento la tesis del desplazo funcional de la tolerancia (como respuesta institucional ante el pluralismo) por el ejercicio de la discrecionalidad en sede judicial. El eje central para ello yace en la relevancia y límites de la argumentación sustantiva y con pretensiones de corrección. Primero, tras exponer un concepto de tolerancia, recabo argumentos que indican que Esta deviene insuficiente ante los logros del constitucionalismo. Esto es así porque la tolerancia implica un contexto social comprehensivo, o bien, presupone un sesgo antiuniversalista en las razones públicas y en la fundamentación de los derechos humanos. Después, indico que esta incompatibilidad, por sí misma, no implica un obstáculo para la estabilidad social, o bien, la operación del constitucionalismo. La razón de ello es que en los Estados constitucionales encontramos como equivalente funcional a la garantía de los derechos. Ahora bien, es la abstracción de los derechos humanos, así como los desacuerdos en la justificación pública, los que nos obligan a reconocer un necesario margen de discrecionalidad, especialmente en sede judicial mediante el control de constitucionalidad. Así, por último, planteo la pregunta sobre la adecuación de que sea el juzgador constitucional quien trace límites en forma puntual al pluralismo razonable. Se postula que una clave para ello radica en los compromisos que implica la pretensión de corrección en la fundamentación judicial, ya sea en un sentido bivalente o de razonabilidad gradual.

  • Editorial
  • El derecho al agua como Derecho Fundamental

    Hemos sostenido que un derecho adquiere la categoría de “fundamental” en tanto cumpla taxativamente las siguientes condiciones: (i) que haya una concesión normativa; (ii) que consagre una serie de atributos materiales o morales en favor de un sujeto; y (iii) que satisfaga al menos uno de los principios de dignidad, supervivencia o autodeterminación. A partir de estas condiciones nos ocuparemos de analizar si resulta posible hablar o no del derecho al agua como “derecho fundamental”. Este escrito también se propone mostrar la evolución que le ha dado el constituyente, el legislador y la jurisprudencia al agua, primero como un servicio público, luego como un derecho fundamental en conexidad con la dignidad y la supervivencia, y, por último, como un derecho fundamental autónomo susceptible de protección inmediata a través de la presentación de acción de tutela. Sumado a esto, el texto se ocupa de resaltar que existe una vocación expansiva de los sujetos susceptibles de protección de derechos, pues así como antes se prohibía la suspensión del abastecimiento del líquido vital cuando pudieran verse afectados menores, adultos mayores, reclusos o población seropositiva, también resulta constitucionalmente razonable que tal esfera de protección se prolongue en dirección de asegurar la integridad y protección que mediante el agua limpia y salubre pueda asegurársele a animales domésticos

  • Límites al control de convencionalidad difuso

    El presente estudio nace de la necesidad de delimitar y clasificar correctamente lo que se entiende por control de convencionalidad difuso y cuándo debe aplicarse. Al respecto, y luego de repasar los antecedentes de esta figura y su diferencia con el control convencional concentrado, se identifican tres límites. El primero de ellos alude a los instrumentos sobre los cuales se puede ejercer un control de convencionalidad, así como a la diferencia entre este y el control de estándar internacional, que, por exclusión, será el que se realice respecto a instrumentos internacionales que no son aplicables en el ejercicio del control de convencionalidad. En segundo término se delimita el control convencional en tanto que su aplicación implica siempre la confrontación de una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, dejando fuera de este la mera aplicación de los tratados sin que exista una confrontación normativa; tampoco se considera control de convencionalidad al estudio de dos normas que otorgan distintos derechos —mayor protección de un derecho humano o menor restricción al mismo—, pues en estos casos se está aplicando el principio pro persona. Por último, se alude a las competencias que debe tener una autoridad para poder aplicar un control constitucional en sede interna a fin de poder aplicar el control convencional

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