Nuevo Derecho - Libros y Revistas
      • Nuevo Derecho

Editorial:
Institución Universitaria de Envigado
Fecha publicación:
2016-05-03
ISBN:
2511-4540

Últimos documentos

  • Editorial
  • El derecho al agua como Derecho Fundamental

    Hemos sostenido que un derecho adquiere la categoría de “fundamental” en tanto cumpla taxativamente las siguientes condiciones: (i) que haya una concesión normativa; (ii) que consagre una serie de atributos materiales o morales en favor de un sujeto; y (iii) que satisfaga al menos uno de los principios de dignidad, supervivencia o autodeterminación. A partir de estas condiciones nos ocuparemos de analizar si resulta posible hablar o no del derecho al agua como “derecho fundamental”. Este escrito también se propone mostrar la evolución que le ha dado el constituyente, el legislador y la jurisprudencia al agua, primero como un servicio público, luego como un derecho fundamental en conexidad con la dignidad y la supervivencia, y, por último, como un derecho fundamental autónomo susceptible de protección inmediata a través de la presentación de acción de tutela. Sumado a esto, el texto se ocupa de resaltar que existe una vocación expansiva de los sujetos susceptibles de protección de derechos, pues así como antes se prohibía la suspensión del abastecimiento del líquido vital cuando pudieran verse afectados menores, adultos mayores, reclusos o población seropositiva, también resulta constitucionalmente razonable que tal esfera de protección se prolongue en dirección de asegurar la integridad y protección que mediante el agua limpia y salubre pueda asegurársele a animales domésticos

  • Límites al control de convencionalidad difuso

    El presente estudio nace de la necesidad de delimitar y clasificar correctamente lo que se entiende por control de convencionalidad difuso y cuándo debe aplicarse. Al respecto, y luego de repasar los antecedentes de esta figura y su diferencia con el control convencional concentrado, se identifican tres límites. El primero de ellos alude a los instrumentos sobre los cuales se puede ejercer un control de convencionalidad, así como a la diferencia entre este y el control de estándar internacional, que, por exclusión, será el que se realice respecto a instrumentos internacionales que no son aplicables en el ejercicio del control de convencionalidad. En segundo término se delimita el control convencional en tanto que su aplicación implica siempre la confrontación de una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, dejando fuera de este la mera aplicación de los tratados sin que exista una confrontación normativa; tampoco se considera control de convencionalidad al estudio de dos normas que otorgan distintos derechos —mayor protección de un derecho humano o menor restricción al mismo—, pues en estos casos se está aplicando el principio pro persona. Por último, se alude a las competencias que debe tener una autoridad para poder aplicar un control constitucional en sede interna a fin de poder aplicar el control convencional

  • El paradigma del derecho en Colombia: la constitucionalización del derecho penal

    El texto propone un análisis de las categorías de paradigmas del derecho que Ferrajoli en sus obras propone, para entender históricamente cómo el derecho se ha desarrollado y cuáles son las implicaciones que conllevan los cambios a través del tiempo en la manera cómo se estudian y aplican las normas jurídicas. Se explica brevemente cada uno de los paradigmas propuestos por Ferrajoli, partiendo del paradigma jurisprudencial, posteriormente el paradigma legalista y por último el paradigma constitucional, que a su vez se divide en paradigma constitucional garantista y paradigma constitucional principialista. Así mismo, una vez se expongan cada uno de los paradigmas, el texto pretende analizar Colombia, con la Constitución de 1991, a cuál paradigma aduce en su estudio y aplicación del derecho, reconociendo argumentativamente su relación con el paradigma principialista. Para finalizar se exponen algunos de los argumentos que permiten identificar la relación entre el paradigma principialista y el derecho penal. Algunos de estos argumentos son: el papel preponderante del juez constitucional dentro del marco de acción del juez de control de garantías; la vinculación de valores, derechos fundamentales y principios como marco para la comprensión y aplicación de las normas jurídico-penales; y los criterios de relevancia de las normas constitucionales frente a las reglas penales. Esto en aras de concluir con la coherencia del derecho penal con el paradigma constitucional principialista

  • Desigualdad en el acceso a internet en México y la afectación en el ejercicio del derecho humano a la información

    Este artículo aborda el derecho humano a la información como aquel que implica la libertad de buscar, difundir y recibir mensajes o contenidos de toda índole, en igualdad de condiciones, sin consideración de fronteras y a través de cualquier medio o procedimiento; y por lo cual, es un derecho indispensable para conocer y ejercer otros derechos políticos, sociales, económicos y culturales: como la participación ciudadana, la libre expresión o el acceso a la cultura. En tal sentido, internet converge con el derecho a la información porque como medio tecnológico y comunicativo permite al individuo formar opiniones orientadas (informarse), participar en el proceso de intercambio y debate (comunicarse) y colaborar con el crecimiento colectivo (formarse). En consecuencia, carecer del acceso a internet o tener desigualdad de oportunidades para ingresar a la red afecta tanto el ejercicio del derecho humano a la información como el de otros derechos. Para determinar esta desigualdad se implementaron técnicas de investigación documental, analítica y medición de indicadores; con las que se puede afirmar que si bien el acceso a la red y al derecho a la información es contemplado jurídicamente a nivel nacional e internacional; acceder a internet no es posible para todos los sectores de la población mexicana, porque a pesar de que existen políticas públicas para ofrecer servicios de internet, la cobertura es insuficiente, las velocidades son inestables y predominan las corporaciones privadas con precios inasequibles; aspectos que influyen negativamente en el derecho a la información

  • La praxis humana de la libertad y el reclamo por el ser genérico

    Este artículo sostendrá que la relación entre trabajo y emancipación humana no puede ser simplemente presupuesta, sino que dicha relación implica considerar al trabajo como una actividad humana que posee un potencial para la construcción de la posibilidad de desarrollo de la emancipación humana constituyendo a sujetos capaces de transformar realidades políticas, económicas y sociales. En primer lugar, este artículo establece la necesidad de reivindicar la categoría de trabajo a través de una contextualización de las condiciones históricas concretas de la actualidad del neoliberalismo. Esto tiene como objetivo identificar los problemas a los que se enfrenta dicho concepto. En segundo lugar, una vez establecidos esos problemas, se pasará a reconstruir la propuesta de Boaventura de Sousa Santos atendiendo a las cuatro condiciones para el redescubrimiento democrático del trabajo. Finalmente, se realizará un análisis crítico de la propuesta de Boaventura. Este análisis tiene como objetivo, por un lado, establecer los límites de la propuesta de Boaventura y, por otro, la radicalización de dicha propuesta. Este análisis crítico se realizará a la luz de los conceptos de emancipación humana y de ser genérico planteados por Marx, con el fin de establecer la importancia de la construcción de relaciones humanas en la búsqueda de sujetos capaces de realizar transformaciones radicales a las problemáticas que se enfrenta la sociedad contemporánea

  • El presidente de la república sujeto de juicio político: reforma constitucional al Sistema Político Mexicano

    El juicio político está dentro del rubro de defensa preventiva de la Constitución que sanciona la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Que a diferencia de cualquier otro medio este se tramita ante el poder legislativo, trabajando de manera conjunta la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la primera en forma de órgano instructor, así como de acusador y la segunda actuará como un jurado. Cualquier persona podrá presentar la denuncia, pero hay una omisión constitucional al no contemplar al presidente de la república como sujeto de dicho proceso en donde se busca que los servidores públicos respeten las leyes y no abusen del poder que se les otorga, entonces si es así se debería hacer una reforma al artículo 108 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se pueda contemplar que el presidente sea juzgado, de ser necesario inhabilitado, y con esto tener una mayor protección al Estado de derecho en México, así como acotar todas aquellos actos contrarios a la ley hechas de manera directa por el presidente de la República que haciendo un mal uso de sus facultades pueda afectar la esfera jurídica del particular o gobernado

  • Los postulados constitucionales respecto al cerramiento del espacio público en Colombia. Una mirada desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de 1991 a 2015

    El presente artículo surge con el objetivo de estudiar y comprender los postulados constitucionales respecto al espacio público, creados de conformidad con la Constitución Política Colombiana de 1991, normativa que impulsó ambiciosas políticas encaminadas a proteger el espacio público en el país, lo que ha promovido que el Estado colombiano deba tomar una posición protectora de este derecho, el cual debe ser comprendido como un derecho colectivo que recoge aspectos políticos, sociales y culturales enmarcados en el fortalecimiento de una nueva cultura ciudadana. Teniendo en cuenta que el Espacio Público es objeto de regulación jurídica en virtud de la acción del Estado en sus diversos niveles, desde las definiciones y prescripciones de carácter legal, hasta las disposiciones, reglamentos y ordenes administrativas. Lo que desemboco en generar cuestionamientos desde las altas esferas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, instancias jurídicas que decantaron protecciones constitucionales enfocadas en diversos ámbitos, conllevando en todo caso a crear un choque de trenes respecto de la protección estatal frente a la protección del espacio público, causando en todo fin que el Estado deberá proteger los derechos protegidos en la carta magna en la mayor medida posible

  • El impacto de los gobiernos divididos en la formulación y aprobación de las políticas públicas legislativas

    El presente artículo pretende abordar como se orienta la cuestión de los gobiernos divididos en el caso de México tuvo características especiales en la aprobación de las políticas públicas legislativas, dando cuenta de cómo se desarrolló el proceso en el caso mexicano a través de los partidos políticos en México, revisando en cada una de las legislaturas como se realiza este proceso

  • La acción procesal, entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia

    La teoría del derecho es un campo que por naturaleza enfrenta enfoques de la filosofía del derecho, corrientes jurídicas e ideologías políticas, este escrito intenta analizar cómo en la teoría del derecho procesal, a través de los conceptos de acción, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia, se traslada ese campo de batalla, entre la filosofía, la ciencia jurídica y la ideología. Este artículo intenta analizar las categorías enfrentadas para poder deconstruir los contenidos de los conceptos procesales, de manera que hay una diferencia conceptual y analítica entre estos conceptos

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