Setenta anos de intentos y frustraciones en materia de servicio civil y carrera administrativa en Colombia. - Núm. 19, Julio 2008 - Revista Desafíos - Libros y Revistas - VLEX 68447799

Setenta anos de intentos y frustraciones en materia de servicio civil y carrera administrativa en Colombia.

AutorPuentes Gonz
CargoIII. Gobierno y democracia
Páginas136(47)

Resumen

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 dedicó un capítulo al tema de la función pública. Es la primera vez en la historia de la nación colombiana que se eleva a mandato superior, con tanto detalle, un tema de vital importancia para la vida de los colombianos, la consolidación del Estado y la modernización de la administración pública. Del análisis de este tema se ocupa el presente libro y para lograrlo se plantea la siguiente hipótesis: sólo contando con la presencia activa de recursos humanos sólidamente formados, sistemáticamente actualizados y comprometidos éticamente con el manejo de los recursos públicos, se pueden desarrollar de manera segura procesos de transformación de nuestras realidades y su consecuente proyección hada mejores estadios de desarrollo. El libro tiene cinco capítulos, así: el primero desarrolla los aspectos generales de la gestión de los recursos humanos; el segundo se ocupa de la función pública; el tercero, del marco constitucional y legal; el cuarto desarrolla el tema de la gerencia pública y el quinto se refiere al Código de Ética del servidor público. Este trabajo se inscribe en la línea investigación "Institucionalidad y Democracia" del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario (CEPI) y es el producto de la permanente reflexión y discusión del tema en pregrado y posgrado, y de varios años de experiencia en la dirección administrativa de entidades del Estado.

Palabras clave: función pública, carrera administrativa, superávit normativo, Código de Ética, corrupción, ambivalencia.

Seventy years of attempts and disappointments in respect of the civil service and the administrative career in Colombia

Abstract

The National Constituent Assembly in 1991 devoted a chapter to the subject of Public Duties. For the first time in the National Colombian history a subject of vital importance to the lives of Colombiana; i.e. the consolidation of the State and modernization of the Public Administration, is raised in such detail to a Superior mandate. This book concentrates on the analysis of this topic and with this aim the following hypothesis is formulated: only with the active presence of solidly trained Human Resources who are systematically kept up to date and ethically committed to the management of public resources can the processes of transformation of our reality and its consequent projection towards better development stages be safely developed. The book contains five chapters: the first develops the general aspects of Human Resource management; the second deals with public duly; the third with constitutional and legal framework; the fourth develops the public management topic and the fifth refers to the public officer's code of ethics. This paper is registered on the CEPI's "Institutionalism and Democracy" line of research and is product of the permanent thought and discussion of the topic at undergraduate and postgraduate levels, as well as the various years of experience in administration of public entities.

Key words: public duty, public administrative career, regulatory surplus, code of ethics, corruption, ambivalence.

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Con el presente cumplimos 70 años, casi cuatro generaciones, desde el momento en que Colombia, después de varios intentos, decidió que una de las maneras de poner el Estado y toda la estructura administrativa que lo materializa al servicio de la ciudadanía era a través de la conformación de un grupo de colombianos, bien formados, idóneamente éticos y dispuestos a servir al bien común y a los grandes intereses de la nación. En ese propósito han transcurrido todos estos años, dando tumbos en medio de los vericuetos normativos, de laberintos institucionales, presiones indebidas, abusos en el ejercicio del poder público e indiferencia ciudadana, tratando de construir lo que parece imposible en esta sociedad: una función pública respetada y respetable.

"Con el término de función pública suele designarse tanto el conjunto de hombres a disposición del Estado que tienen a su cargo las funciones y los servicios públicos, como el régimen jurídico a que están sometidos y la organización que les encuadra". (1) Esta versión da especial importancia a las personas, su oficio, responsabilidades y a las reglas de juego que regulan la relación laboral entre los servidores públicos y su patrón, que es el Estado. A su vez, los países que conforman el área iberoamericana han adoptado un concepto que deja por fuera de la noción de función pública a la parte política del Estado, cuando afirman: "A los fines de la presente Carta, la expresión función pública, se entenderá equivalente a la de servicio civil, utilizada con preferencia en algunos países del área Iberoamericana. Todas las alusiones y referencias a la primera se consideran por tanto indistintamente aplicables al otro término, por lo cual se entenderán excluidos de la Carta los cargos de naturaleza política". (2)

Este es, entonces, el objeto de reflexión del presente trabajo, el cual tiene tres partes: en la primera se presentan los antecedentes conceptuales e institucionales; en la segunda, los intentos para la consolidación de la función pública y la carrera administrativa, al igual que las frecuentes frustraciones en su aplicación, y en la tercera se hacen unas consideraciones generales.

Antecedentes

Sin profundizar mucho en las honduras de la historia de la nación colombiana, es preciso reconocer que cada uno de los hitos que conforman el entramado histórico de nuestra sociedad ha sido producto de la movilización de enormes cantidades de recursos físicos, financieros, tecnológicos y, por supuesto, humanos.

Todas las naciones exponen ante el mundo su pasado, en unos casos más prolífico que en otros, pero en todos se palpa el compromiso con su propio destino y con un sentido histórico de permanente superación. Este compromiso sólo es y será posible si se cuenta con hombres y mujeres visionarios que logren desatar y jalonar procesos que posibiliten transitar hacia estadios de desarrollo cada vez mejores, en un permanente e inagotable continuo, que sólo se extinguirá el día en que se estanquen la imaginación y la creatividad humanas.

En los Estados modernos se distinguen, con alguna facilidad, al menos cinco elementos fundamentales con que cuentan los gobiernos para enfrentar los retos y cumplir sus grandes e históricos cometidos: las normas (reglas de juego que orientan el trabajo); la división del trabajo representado en las organizaciones (quién hace qué); las políticas públicas (qué se hace); los recursos financieros (con qué recursos), y los funcionarios o servidores públicos (con quiénes se realizan los propósitos del Estado). En cuanto al aspecto normativo se dispone del pacto social y todo el entramado legal y reglamentario que de él se deriva para lograr un orden, tanto del mundo material como del mundo social; para lograrlo, es preciso acatar en el día a día tales reglas de juego.

En lo que hace a la organización, esta supone la división racional del trabajo, que puede ser más o menos compleja dependiendo del diseño estructural político-administrativo de cada Estado y es eminentemente dinámica, porque constituye la visión contextualizada del gobernante de turno. Los recursos financieros están representados por el esfuerzo fiscal, es decir, los impuestos, que hacen posible que las grandes realizaciones, necesarias para solventar los grandes problemas de la sociedad, se pueden realizar. Pero el más importante de todos los posibles recursos con que se puede contar en la vida de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, lo constituyen las personas, (3) pues ellas son importantes en sí mismas y, además, se vuelven imprescindibles como verdaderos motores de transformación, innovación y cambio organizacional e impulsadoras de los grandes proyectos de las entidades del Estado.

Pensar en la empresa estatal es pensar, necesariamente, en las personas que están a su servicio y bien vale la pena preguntarse por las características que las diferencian del resto de ciudadanos que integran la comunidad. Por ejemplo, ¿qué distingue a los empleados que están al servicio del Estado de quienes están al servicio del sector empresarial? (4) ¿Deben tener los servidores públicos una formación especial, más allá de la puramente convencional, que esté centrada en principios y valores diferentes del sector empresarial?

¿Deben organizarse las personas para que además de cumplir con los cometidos estatales puedan también desarrollarse desde el punto de vista personal y profesional y se le posibilite crecer y desempeñarse en tareas cada vez más complejas, de mayor responsabilidad y de mayores retribuciones? ¿Deben existir reglas de juego especiales que regulen la vida de los funcionarios más allá del ámbito de las oficinas? ¿Los intereses de las personas son, por naturaleza, antagónicos con los de las organizaciones a las que están vinculadas o, por el contrario, deben ser compatibles y armónicos?

Desde tiempos inmemoriales parece ser que el servicio público está reservado para quienes posean ciertos antecedentes, cualidades, talante y talentos especiales o para quienes por carecer de todo ello, incluidas aspiraciones superiores, consiguen algo que hacer en la vida. Lo primero ha estado relacionado con aspectos como el tener suficiente dinero para que al llegar a manejar los dineros públicos no se sienta la tentación de llevárselos para su casa --lo cual no ha sido siempre cierto--; tener suficiente instrucción y una estructura mental que habilite al servidor público para entender rápidamente los problemas y pueda ofrecer soluciones --esto tampoco ha sido tan evidente--; ser lo suficientemente solidario y sensible a los problemas sociales y que se entienda fácilmente que se está allí, en los cargos públicos, para ofrecer respuestas certeras, oportunas y transparentes --este tampoco parece ser el caso de buena parte de quienes trabajan en las entidades del Estado--.

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