Abandonos forzados y despojos de tierras en el sur de Colombia: El caso de Neiva-Huila. 2002-2017
| Autor | Eder Maylor Caicedo Fraide - Daniel Alfonso Barragán Ronderos |
| Cargo | octor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia - Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia |
Desde 2003 se evidenció un incremento sustancial en las acciones armadas en zonas de Otrora, dominio de las FARC, donde quiso entrar el Ejército colombiano. Según lo relata el investigador Teófilo Vásquez (2015):
es precisamente durante el periodo de la seguridad democrática cuando se produce el mayor número de acciones por parte de la fuerza pública que afectan a la población civil, es decir que además de la intensificación de los combates, la política de Seguridad Democrática también afectó la vida e integridad personal. (p. 86)
El incremento de combates disparó de forma acelerada el desplazamiento de los campesinos. En el caso específico de Neiva, encontramos que posterior a la implementación de la política de Seguridad Democrática el número de personas desplazadas aumenta de 4.042 en 2003 a 6993 personas en condición de desplazamiento para 2007 (ver Anexo 1: Número de Personas Desplazadas Neiva: 1985-2016), cifras que evidencian las repercusiones que en la población civil tuvo la recuperación del territorio por parte del gobierno.
El desplazamiento de muchos de los campesinos estuvo acompañado por el abandono forzado de sus tierras. Precisamente, en la investigación de campo desarrollada se evidenció entre 2003 y 2010 el mayor número de abandonos forzados de predios. En la información recolectada se logró identificar que los casos de abandono forzado en la zona rural de Neiva se presentaron por i) la vinculación forzada de niños, niñas y jóvenes hijos de los campesinos a las filas de los frentes 17 «Angelino Godoy» y 66 «Joselo Lozada», con el fin de fortalecer su tropa en un escenario en disputa; ii) la información llevada por los milicianos a los comandantes guerrilleros sobre la población civil, en muchas ocasiones no era certera, situación que devenía en las amenazas contra la vida y el consecuente desplazamiento; iii) las FARC, en el dominio que pretendía tener sobre el territorio, estipulaba quiénes podían estar en la zona y quiénes debían abandonar (son notorios los casos en los que las FARC exigen a los campesinos que tienen hijos en el Ejército, que abandonen la zona); en otros casos, las FARC deciden desplazar a algunos campesinos para dejar en el predio a personas que son más cercanas a su proyecto político militar y iv) la exigencia ocasional de las FARC a las personas para abandonar los predios cuando se presentaban riñas o daños a las normas de convivencia. A continuación se describen con mayor detalle estos factores generadores de abandono forzado.
Milicias Bolivarianas y Redes de Cooperantes: El control de la población en la zona rural de Neiva 2003-2009
Con la terminación de la zona de distensión en febrero de 2002 se incrementaron los niveles de violencia, tanto en región desmilitarizada4 como en Neiva, municipio aledaño. Estos territorios entraron a ser «zonas en disputa» entre las FARC y las Fuerzas Militares. Los controles de las dos partes se acentuaron, de allí se explica el aumento creciente de los retenes militares por parte del Ejército y el control armado por parte del frente 17 de las FARC hacia la población.
La libre locomoción de los habitantes de zonas en disputa se ve limitada al interés que mantiene el grupo armado. En estos momentos el monopolio que ejercen sobre la violencia en una región les permite controlar los flujos demográficos, en el sentido en que deciden, según sus intereses, los individuos que pueden habitar en sus áreas de influencia. En palabras de Gustavo Duncan:
La apropiación del estado local no sucede en el vacío, ocurre en un territorio con sus respectivos habitantes que aceptan pagar una renta por ser protegidos, y acatar la justicia y demás elementos del orden social de los señores de la guerra. (Duncan, 2006, p. 20)
Para el control demográfico de la zona rural de Neiva, las FARC encomendaron esta tarea a sus Milicias Bolivarianas, que hacen parte de su estructura militar, pero no portan armas ostensiblemente visibles y se camuflan fácilmente en la población, debido a que transitan de civil.
Aunque las FARC habían desarrollado la política de «Milicias Bolivarianas» previo a la VIII Conferencia de 1993, en el informe que presentan reconocen el fracaso de la misma, pero aun así deciden seguirla impulsando:
Esta política prácticamente se convirtió en un fracaso porque algunas de ellas, con la responsabilidad de sus dirigentes, degeneraron su accionar en franco vandalismo y porque el enemigo tomó su nombre, deliberadamente para organizar las bandas criminales que actuaron contra los dirigentes de la Unión Patriótica, de las fuerzas democráticas y de la izquierda en general.
(…) Hoy solo tenemos pequeñas unidades de milicianos en los Frentes, algunas de las cuales, ante la ausencia de control y de una política clara terminaron cometiendo errores y en ocasiones suplantando a la guerrilla. Es la verdad de lo que tenemos actualmente. Pero a pesar de estos problemas la política de milicias ha pegado en la población. Habrá que otorgarles carácter de organización armada para que entren a desempeñar el rol que les asigna el Plan Estratégico”. (Farc-ep, 8ª Conferencia, 2018, p. 4)
A pesar del reconocimiento por parte de las FARC de los errores de implementar en las regiones urbanas y rurales la política de milicias, estás tuvieron un papel protagónico cuando finalizó formalmente la Zona de Despeje.
En efecto, las milicias fueron cruciales en el control sobre la población y la determinación de los individuos que podían o no permanecer en el territorio, además de hacer cumplir las «normas de convivencia» en una zona específica. Entre las funciones que cumplían los milicianos en la zona rural de Neiva estaban las de vigilar a quienes ingresaban en la zona, cobraban «impuestos» por la movilidad de vehículos, limitaban el tránsito de las personas, determinaban los horarios de circulación e imponían la fuerza para el cumplimiento de las «normas de convivencia».
En los estatutos de las Milicias Bolivarianas, son definidas como:
Una organización militar donde caben todas las personas cuya integridad física e intereses sean amenazados por la represión reaccionaria, la guerra sucia y sus funestas secuelas. Las Milicias Bolivarianas se organizan en todas las áreas de los Frentes de las FARC y donde aquellos tengan influencia, para la defensa de la vida y los intereses de la población urbana y rural. (FARC-EP, 8ª Conferencia, 2018)
En definitiva, las Milicias Bolivarianas manejaban la información de los hechos cotidianos de las veredas, con el fin de comunicar a la comandancia guerrillera cualquier situación, que a su juicio fuera anómala o extraña.
El gobierno, por su parte, también diseñó una estrategia para recuperar información de inteligencia militar, pero en esta ocasión utilizando directamente a civiles. Recién posesionado como presidente, Álvaro Uribe Vélez expidió el decreto 3222 de 2002 el cual crea las «redes de apoyo y solidaridad ciudadana» definidas como:
El conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la policía nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos y conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios [de seguridad privada de carácter público o privado, comunitarios de vigilancia, entre otros] a que se refiere el decreto-ley 356 de 1994. (Presidencia, 2002)
Estas redes surgen con el fin de obtener y canalizar información “ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo” (Presidencia: 2002, Decreto 3222). Las personas jurídicas debían entregar información relacionada con su personal para construir la base de datos de las redes de cooperantes e informantes y recibir capacitación por parte de la Policía Nacional para el adecuado suministro de información (Muñoz, 2014). En el marco del programa se creó un «Manual de la Red de Cooperantes» el cual recopila la doctrina, lo estandariza a nivel nacional, brinda directrices en cuanto a los coordinadores de red de informantes y establece cómo desarrollar el trabajo de la Red. El Huila fue uno de los primeros departamentos donde el gobierno implementó de forma inmediata la red de cooperantes. Justificando las permanentes acciones de la insurgencia en los municipios, la entonces Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez mencionaba:
Trataremos de llegar en esa zona a 30.000 cooperantes en el curso de las próximas semanas, esa es la tarea en la que ya está trabajando el comandante de la Brigada en el área. La titular de la cartera de Defensa justificó la medida, al señalar que la población civil es objeto de permanentes acciones de la insurgencia con el ataque a cuarteles y cascos urbanos, así como el plagio con fines extorsivos (El nuevo siglo, 3...
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