Acción popular de moralidad administrativa - Núm. 4, Julio 2010 - Revista Digital de Derecho Administrativo - Libros y Revistas - VLEX 737203309

Acción popular de moralidad administrativa

AutorErnesto Matallana Camacho
Páginas195-262
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REV I S T A D I G I T A L D E DE R E C H O AD MIN IST RATIV O, N.º 4, SE G U N D O S E M E S T R E / 2010, PP . 195-262
Acción popular de
moralidad administrativa
ER N E S T O MAT A L L A N A CA M A C H O *
RESUMEN
La Acción Popular de Moralidad Administrativa es una acción de origen
constitucional (art. 88) que tiene un desarrollo legal con la expedición de la
Ley 472 de 1998, que tenía dentro de sus características un incentivo econó-
mico del 15%, el cual fue eliminado por el último artículo de la Ley 1425 de
2010. Dentro de las reformas propuestas en el nuevo Código Contencioso
Administrativo se encuentra el superar el debate jurisprudencial si a través de
la acción se pueden anular actos o contratos, lo cual es prohibido de entrada
por el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, que además crea un requisito de
procedibilidad, en donde el accionante debe dirigirse primero a la entidad y
plantearle la posible violación del derecho colectivo.
La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa como el derecho
que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuer-
do con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen
funcionario. Si bien la posición del Consejo de Estado es que no es posible
la acumulación de procesos, creemos que puede ser revisable al eliminarse el
incentivo económico. Adicionalmente la doctrina de juez de lo contencioso
considera que la acción popular al tener un objeto jurídico a proteger que
el derecho colectivo, la hace autónoma respecto de otras acciones y además
tiene un carácter principal por esa misma razón.
Otra jurisprudencia aborda el criterio de ponderación a la hora de tomar
una decisión de protección de un derecho colectivo, cuando se enfrenten
principios donde ninguno tiene un carácter absoluto, que se encuentren sus-
tentando instituciones jurídicas y el juez popular deberá decidir a cuál deberá
dársele mayor prioridad. La Administración dentro de la gestión pública puede
sacrificar unos principios por la aplicación de otros cuando está ejecutando
una norma, en esa medida; o bien, la Administración efectuó una inadecuada
ponderación y en ese caso el juez popular podrá privarla de validez; o en otro
caso, el juez popular puede llegar a concluir que sólo había una única solu-
* Abogado, Especialista y Mágister en Derecho Público de la Universidad Externado de
Colombia. ernesto.matallana@uexternado.edu.co
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Ernesto Matallana Camacho
ción de ponderación; y en último caso, si existieran varias posibles soluciones
con la exigencia de ponderación, el juez popular no deberá sustituir con la
decisión a favor de una de ellas y en este caso se respetará la tomada por la
Administración. Este método es utilizado para hacer más eficiente el control
del juez popular sobre decisiones que tengan el carácter de discrecionales de
la Administración, cuando con estas decisiones se comprometan derechos co-
lectivos. En este caso es posible pensar que con la celebración de un contrato
se pueden vulnerar derechos colectivos como el de la moralidad administrativa
y se ratifica con otra jurisprudencia donde se reconoce que el principio de
planeación forma parte de los deberes de las entidades estatales.
Para la jurisprudencia la moralidad tiene los siguientes significados: no
es sinónimo de legalidad y no es un concepto subjetivo; por el contrario,
una demostración de inmoralidad es el desvío de poder, así que adicional a
la demostración de la ilegalidad de la actuación se requiere probar el desvío
de poder.
Finalmente en cuanto a la expedición del nuevo Código Contencioso
Administrativo sobre la actual Acción de Moralidad Administrativa debemos
reiterar que la ley limita de manera definitiva la competencia del juez popu-
lar de anular un acto administrativo o un contrato como consecuencia de la
vulneración de un derecho colectivo, en este caso del derecho de moralidad
administrativa. Por otra parte, se crea un requisito de procedibilidad que
consiste en la obligación de quien va a interponer la acción, de requerir a la
entidad sobre la violación del principio de moralidad y luego sí entonces se
interpone la acción correspondiente, salvo un caso de violación inminente
que requiera la intervención judicial y en este caso deberá quedar la sustenta-
ción en la demanda. Si no se atiende este requisito de procedibilidad el juez
administrativo tendrá la facultad de rechazar la demanda.
PALABRAS CLAVE
Derecho colectivo, medidas cautelares, pacto de cumplimiento, agotamiento
de la jurisdicción, autonomía de la acción, congruencia de la sentencia, pre-
valencia de principios, procedencia de la acción sobre contratos estatales, el
principio de planeación, concepto de moralidad, desvío de poder, incentivo
económico.
POPULAR ACTION OF ADMINISTRATIVE MORALITY
ABSTRACT
Popular Action of Administrative Morality is an act of constitutional origin (art.
88) that has a legal development to the issuance of Law 472 of 1998, which
had within its features a financial incentive of 15%, which was eliminated
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Acción popular de moralidad administrativa
by the last section of Law 1425 of 2010. Among the reforms proposed in the
new Code of Administrative overcome is the jurisprudential debate whether
through action or actions may void contracts, which entry is forbidden by
Article 144 of Act 1437 of 2011, which also establishing a procedural requi-
rement, where the plaintiff must first contact the entity and addressing po-
tential violation of collective rights. The case law has defined administrative
morality as the right of the community to which public property is managed
in accordance with current legislation, with due diligence and proper care
of a good official. Although the State Council´s position is that it is possible
the accumulation process, we believe it may be reviewable by eliminating the
economic incentive.
Additionally, the doctrine of contentious court finds that the class action
to have a legal order to protect the collective right, make it autonomous from
other activities and also has a main character for that very reason.
The management within the public administration can sacrifice principles
for the implementation of others when you are running a standard, to that
extent, or made an improper administration weighting and then the judge
can deprive people of validity, or otherwise The popular judge may conclude
that there was only one solution weighting, and in case if there are several
possible solutions with the weight requirement, the court shall not substitu-
te popular decision in favor of one of them and in this be respected if taken
by the administration. Another case deals with the weighted criterion when
making a decision to protect a collective right, when faced principles where
none is absolute they are upholding legal institutions and popular judge must
decide what should be given higher priority.
For the case morality has the following meanings: it is not synonymous
with legality and not a subjective concept. A demonstration of immorality is
the diversion of power, so in addition to demonstrating the illegality of the
performance test is required diversion of power. On the other hand creates a
procedural requirement that is the obligation of the person to bring the action,
to require the entity of the violation of the principle of morality and then if
then appropriate action is filed, unless an imminent rape case requiring judicial
intervention in this case must be lift in demand. In this case it is conceivable
that with the conclusion of a contract may violate rights groups such as ad-
ministrative morality and confirms another case where it is recognized that
the principle of planning is part of the duties of state agencies.
Finally, regarding the issuance of the new Code of Administrative action
on the current administrative morality we must reiterate that the law limits a
definitive popular jurisdiction of the court to annul an administrative act or
a contract as a result of the breach of a collective right in this case the right
to administrative morality. If not addressed this procedural requirement the
administrative law judge has the power to reject the demand.

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