Impacto del activismo judicial sobre la garantía del derecho a la educación en Santiago de Cali
| Autor | Gabriela Recalde Castañeda |
| Cargo | Universidad Icesi |
| Páginas | 163-203 |
ISSN 1657-6535 PRECEDENTE 2013 VOL. 2 / ENERO-JUNIO, 163-204. CALI – COLOMBIA
* Este articulo hace par te de los productos del proyecto de investigación “Situación de la po-
blación desplazada del Municipio de Santiago de Cali en materia de acceso a la salud, a la educación
y a la vivienda: el caso de FUNDEMUD”, desarrollado entre agosto de 2009 y octubre de 2010.
La investigación fue registrada en el Grupo de Investigación Precedente del Departamento
de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, dirigida por Diana Patricia Quintero (PhD) y
coordinada por Paula Andrea Cerón (Mg). La autora de este artículo participó en el proyecto
como estudiante en formación en investigación.
Gabriela Recalde Castañeda
Universidad Icesi
grc1226@gmail.com
Impacto del activismo judicial sobre la garantía del
derecho a la educación en Santiago de Cali*
The impact of judicial activism on the safeguarding of the
education right in Santiago de Cali
Impacto do ativismo judicial na garantia do direito à
educação em Santiago de Cali
Artículo de investigación: recibido 03/03/2013 y aprobado 07/06/2013
ISSN 1657-6535 PRECEDENTE 2013 VOL. 2 / ENERO-JUNIO, 163-204. CALI – COLOMBIA
Resumen
La Corte Constitucional a través de la sentencia T-025 de 2004, declaró el estado de
cosas inconstitucional en el caso del desplazamiento forzado en Colombia. Este tipo
de decisiones ha sido objeto de debate acerca de la función que les corresponde, o no,
cumplir a los jueces dentro de la formulación y seguimiento de las políticas públicas que
garantizan derechos económicos, sociales y culturales, como la educación. El denomi-
nado activismo judicial ha visibilizado la necesidad de replantear la noción clásica de
la separación de poderes y las relaciones entre ramas del Poder Público. A partir de la
revisión de la situación de acceso y de las condiciones de permanencia en el sistema edu-
cativo de 285 menores, vinculados a una organización de población desplazada, y con
el propósito de aportar algunas conclusiones a la comprensión de las relaciones entre
ramas, este artículo pretende mostrar cómo un gobierno local, en este caso el de Santia-
go de Cali, ha adoptado la jurisprudencia de la Corte Constitucional para elaborar una
política pública educativa dirigida a menores en situación de desplazamiento forzado.
Se pretende esclarecer los alcances del activismo judicial a nivel local y predecir posibles
efectos del uso de los indicadores o de la regulación que, en el caso de desplazamiento,
se genera a partir del fallo judicial.
Palabras clave: Desplazamiento forzoso, educación, activismo judicial, indicadores,
Estado regulatorio.
Abstract
The Decision T-025 of 2004, issued by the Constitutional Court, declared the cases of
internal compulsory displacement in Colombia as an unconstitutional state of affairs.
This kind of intervention has been a subject of debates about the judges´ jurisdiction
to the determining and development of public policies which would safeguard econo-
mic, social and cultural rights, such as education. The so-called judicial activism has
raised awareness on the necessity of reexamine the classical notion of separation of
powers and the relationships between governmental branches. From a review of the
enrollment process to the educational system, and the continuing conditions of 285
students, members of an assistance organization to displaced people --and targeting to
contribute with some conclusions to the understanding of these relationships-- this arti-
cle will show in what way a local government, i.e., Santiago de Cali, has undertook the
Constitutional Court´s jurisprudence to develop an educative public policy focused on
children in situation of forced displacement. The purpose is to elucidate the scope of ju-
dicial activism at local extent, and to predict the potential effects over the displacement
circumstances, generated from judgment, as a result of the indicators or regulation use.
Keywords: Internally displaced population, education right, judicial activism, indicators
and regulatory status.
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