Más allá de la retórica de la reacción.
| Autor | Roberto Luis Jaramillo - Adolfo Meisel Roca |
| Cargo | Magíster en historia andina - Doctor en economía |
| Páginas | 45-81 |
Revista de eConomía instituCional, vol. 11, n.º 20, pR i m e R semestRe/2009, pp . 45-81
Roberto Luis Jaramillo*
Adolfo Meisel Roca**
MÁS ALLÁ DE LA RETÓRICA
DE LA REACCIÓN. ANÁLISIS
ECONÓMICO DE LA
DESAMORTIZACIÓN EN
COLOMBIA, 1861-1888
Lo que no nos deja levantar el vuelo en política, en in-
dustria y en instrucción, son las costumbres y los restos de
instituciones que nos legó la España.
Manuel Murillo Toro (1859)
Después de obtener la independencia, la mayoría de los países
de la América hispana atravesaron una fase de estancamiento
económico o tuvieron una caída del producto interno bruto que duró
varias décadas (Coatsworth, 1998, 25). Colombia no fue la excepción.
Diversos factores contribuyeron al pobre desempeño de las repúblicas
hispanoamericanas en el medio siglo posterior a la independencia.
Ante el colapso del imperio español fue necesario construir una nueva
legitimidad, tarea nada fácil. Hubo gran inestabilidad política, y los
enormes costos de la Guerra de Independencia contribuyeron a que
sobreviniera esa contracción económica.
Además, las instituciones heredadas de la Colonia constituían una
enorme traba para un crecimiento económico dinámico. Por ello, los
ideólogos liberales promovieron en toda Hispanoamérica reformas
para desmontar las instituciones coloniales, entre ellas el régimen
fiscal, que era muy ineficiente, y las trabas a la movilidad de la tierra,
el capital y la mano de obra. En Colombia, el proceso de desmonte
* Magíster en historia andina, profesor jubilado del Departamento de Historia
de la Universidad Nacional, S ede de Medellín, Medellín, Colombia, [rojo@une.
net.co].
** Doctor en economía, gerente del Banco de la República en Cartagena, Carta-
gena, Colombia, [ameisero@banrep.gov.co]. Los autores agradecen los comentarios
de Carlos Mar ichal, Jorge Or lando Melo, María Aguilera, Jaime Bonet, Irene
Salazar, Julio Romero, Joaquín V iloria y Haroldo Calvo. Una primera versión
de este documento se publicó en la serie Cuadernos de Historia Económica y
Empresarial del Banco de la República de Cartagena. Fecha de recepción: 20 de
enero de 2009, fecha de modific ación: 26 de abril de 2009, fecha de aceptación:
2 de julio de 2009.
tuvo tres fases. En la primera, de tono gradualista, de 1821 a 1845, se
cambió lentamente la estructura de ingresos tributarios para dar un
peso creciente a los aranceles que se cobraban por las importaciones
(Uribe, Meisel y Urrutia, 2001). La segunda oleada de reformas anti-
coloniales ocurrió entre 1845 y 1853, cuando se eliminó el estanco del
tabaco, se abolió la esclavitud, se liquidaron los resguardos indígenas,
se avanzó en la descentralización fiscal y se decretó la separación
de potestades entre la Iglesia y el Estado. En la era del liberalismo
radical (1863-1876) se acentuaron y aceleraron las reformas al sis-
tema educativo, se desamortizaron los bienes de manos muertas, en
su inmensa mayoría vinculados a la Iglesia Católica, y se crearon las
bases económicas y jurídicas para el desarrollo de la banca comercial.
En este trabajo se hace una valoración económica de la desamorti-
zación y se separan los bienes muebles, inmuebles y semovientes, de
los censos y deudas. Además, se discute si esta reforma fue un buen
negocio, algo que no se ha hecho de manera rigurosa hasta ahora. De
acuerdo con el análisis de costo -beneficio que realizamos, se puede
concluir que la desamortización trajo beneficios económicos para la
nación, mayores que los costos.
ORÍGENES DE LA DESAMORTIZACIÓN Y LEYES QUE LA
REGULARON
Es difícil encontrar una definición clara del término desamortización,
ligado al concepto de “amortizado”. Amortizar es pasar un bien a
manos muertas, es decir que queda fuera del comercio. Por tanto,
desamortizar es poner en circulación un bien que antes estaba muerto.
El historiador del derecho Francisco Tomás y Valiente señala que la
desamortización fue un
proceso político y económico transcurrido desde finales del siglo XVIII hasta
cien años después, en el cual se produjo, por medio de normas estatales y, en
función de una política consciente, la conversión en bienes nacionales, de los
bienes y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amor-
tizado de diversas entidades, para enajenarlos inmediatamente a ciudadanos
individuales en pública subasta (citado en De la Hera, 1999, 82).
En Colombia, el proceso de desamortización fue civil, los bienes
amortizados pasaron a ser nacionales, y se vendieron en subasta pú-
blica; hay que precisar que, según la legislación canónica, los bienes
vinculados a las manos muertas quedaban espiritualizados y, por
tanto, no se podían comprar ni vender; además, estaban exentos de
impuestos. Las principales motivaciones económicas de estas medi-
das fueron de orden fiscal; al señalar que “la fé pública elije que no se
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Roberto Luis Jaramillo y Adolfo Meisel Roca
demore por más tiempo la amortización de la deuda nacional por la
venta de los bienes desamortizados”, el general Tomás Cipriano de
Mosquera, quien asumió la responsabilidad del proceso, reconoció
que se trataba de “un arbitrio rentístico”. Además, agregó: “es de
conveniencia pública realizar, cuanto antes, el pensamiento social,
económico i político de la desamortización” (Secretaría de Estado i
Relaciones Exteriores, 1862, 371). También se buscaba dar movilidad
a muchos “bienes encadenados” para que circularan libremente en el
mercado. En los países católicos de Europa y América, buena parte
de los bienes de manos muertas estaban controlados por entidades
religiosas o eclesiásticas, y esa medida también podía tener moti-
vaciones políticas, como debilitar a la Iglesia, porque ésta tendía a
aliarse con los sectores más conservadores, y porque se quería reducir
su riqueza y su influencia institucional en aspectos tales como la
educación.
La Revolución Francesa decretó la desamortización el 2 de no-
viembre de 1789, reforma que tuvo gran influencia en los liberales
hispanoamericanos (Banzant, 1977, 5). En España la desamorti-
zación se realizó en varias etapas. La primera, entre 1798 y 1808,
dirigida por Manuel Godoy. Durante la guerra contra la invasión
napoleónica, la administración de José Bonaparte y la de sus opo-
sitores patriotas propusieron usar este recurso fiscal. Mendizábal la
realizó en 1836 con bienes del clero regular; el general Espartero
la hizo en 1841 con los del clero secular, y Madoz, en 1855, con
los bienes civiles y eclesiásticos, la de mayor dimensión económica
(Martí, 2003).
La desamortización colombiana fue precedida por las de Para-
guay, Argentina, Chile, Uruguay y México (Díaz, 1984, t. II, 444). El
papel de la Iglesia Católica en la sociedad y la economía, junto con
la forma de organización centralista o federalista del Estado, fue el
origen de los mayores conflictos en la Colombia del siglo XIX. Los
enfrentamientos con la Iglesia giraban alrededor de tres temas prin-
cipales: la separación de la Iglesia y el Estado, el papel de la Iglesia
en la economía1, y su intervención en la educación. Los miembros
del ala radical del liberalismo se identificaban con el ideario clásico
del laissez faire2, y defendían la separación de la Iglesia y el Estado, el
1 Sobre las capellanías y los censos se legisló desde 1821, cuando se inició el
proceso contra las rentas que encadenaban bienes a favor de corporaciones re-
ligiosas, especialmente. Ese proceso se acentuó y radicalizó en 1851. Ver Vélez
(1891, cap. IX).
2 Entre cuyos principales representantes figuraban Manuel Murillo Toro, Salvador
Camacho Roldán, Santiago y Felipe Pérez, Aquileo Parra, Miguel Samper, José
Eusebio O tálora, José María Rojas Garrido, Eustorgio y Januario Salgar, Fran-
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