Aproximación constitucional e internacional al ambiente como determinante jurídico para los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia
| Autor | Jorge Eduardo Vásquez Santamaría |
| Cargo | Abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Medellín |
| Páginas | 33-69 |
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Jorge Eduardo Vásquez Santamaría *
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas (Medellín, Colombia) jorgevasquezsantamaria@outlook.com
Aproximación constitucional e internacional al ambiente como determinante jurídico para los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia **
Constitutional and international approach to climate as determining the legal plans for land management (POT) in Colombia
Aproximação constitucional e internacional para ambiente como determinar os legais planos o ordenamento do território (POT) na Colômbia
Artículo de reflexión: recibido 23/02/2015 y aprobado 15/05/2015
* Abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Medellín. Especialista en Docencia Investigativa Universitaria de la Funlam. Docente Investigador y líder del Grupo de Investigaciones Orbis Iuris de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas (Funlam).
** Artículo de avance del proyecto de investigación titulado “Medellín y las transiciones sociojurídicas para ordenar el territorio: segunda oportunidad para los planes de ordenamiento territorial de las ciudades en Colombia-primera fase”, adscrito al Grupo de Investigaciones Orbis Iuris de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, de Medellín, Colombia. Línea de investigación “Derecho, conflicto e internacionalización”.
ISSN 1657-6535 PrecedeNte 2015 Vol. 6 / eNero-JuNIo, 33-70. calI – colombIa
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Resumen
Este artículo sustenta las razones que acreditan los alcances constitucionales e internacionales del ambiente como una fortaleza para los procesos de transición de los POT en Colombia. Para ello expone las formas en que se define el ordenamiento territorial en la legislación, y cómo en su manifestación urbana el ambiente se impone como determinante expreso de superior jerarquía, para las autoridades municipales competentes al momento de formular, adoptar y ejecutar un POT. Se describen los determinantes en el marco del Estado Social de Derecho, encontrando en la Constitución de 1991 y el Bloque de Constitucionalidad, los fundamentos que hacen del ambiente un condicionante formal y material de validez; el cual, desde la incidencia de la función ecológica de la propiedad, adquiere poder vinculante, con derechos que termina englobando para la adecuada organización territorial, como el derecho a la vivienda.
Palabras claves: Ordenamiento territorial, POT, Ambiente, Vivienda, Constitución, Bloque de constitucionalidad.
Abstract
This paper presents the reasons that prove the constitutional and international scope of the environment as a strength for the transition processes of POT in Colombia. It exposes the ways in which land management is defined through the legislation, as well as the extent to which its urban manifestation prevails as an explicit determinant of higher rank, to the municipal authorities, in what concerns the formulation, adoption, and implemention of a POT. The aforementioned set of determinants are described within the framework of the rule of law. It was found out that both the Constitution of 1991 and the so called Constitutional Block serve as pillars upon which the environment acquires the status of both formal determinant as well as that of valid material. Based on such a juridical status, and from the incidence of the ecological function of property, the environment acquires binding power, with rights that it encompasses under an adequate territorial organization, such as the right to housing.
Keywords: Land use, POT, Environment, Housing, Constitution, Constitutional block.
Resumo
Este artigo apresenta as razões que provam que o âmbito constitucional e internacional do meio ambiente como uma fortaleza para o processo de transição o POT na Colômbia. Para ele expõe as maneiras em que a gestão da terra é definido através da legislação bem como a medida em que a sua manifestação urbana
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prevalece como determinante expressa de hierarquia superior, para competente na formulação, adoção e implementação de um POT de autoridades municipais. O conjunto de determinantes acima mencionados são descritos no quadro do Estado de direito. Verificou-se que tanto a Constituição de 1991 e do chamado bloco de constitucionalidade servir como pilares sobre os quais o ambiente adquire o estatuto de ambos determinantes formal, bem como que de material válido. Com base em um estado tal jurídica e da incidência da função ecológica da propriedade, o ambiente adquire poder vinculativo, que terminando abrangendo os direitos à el adequada organização territorial, tais como o direito à moradia..
Palavras-chave: Ordenamento do território, POT, Meio Ambiente, habitação, Constituição, Bloco de constitucionalidade.
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Jorge eduardo Vásquez santamaría
Introducción
La organización u ordenamiento del territorio ha sido en la historia constitucional de Colombia uno de los pilares fundamentales sobre los cuales ha marchado la definición del modelo de Estado. Si bien la tradición del país se define en términos primordialmente rurales, los movimientos migratorios a raíz de la adopción del modelo capitalista, las dinámicas regionales internas, y los crecientes conflictos partidistas y guerrilleros, promovieron que Colombia se caracterizara como un país de centros urbanos desde años anteriores a la mitad del siglo XX.
La creciente concentración y crecimiento del urbanismo en el territorio nacional promovieron la promulgación de normas dirigidas a diferentes ámbitos de esta realidad, que hoy define la organización territorial del Estado. Los municipios como autoridades directas de los centros urbanos reciben de las normas la obligación de elaborar y adoptar planes de distinta naturaleza, todos encaminados a encauzar la acción estatal al tenor del ordenamiento jurídico. Entre esos planes el POT fue el instrumento normativo instaurado por la ley 388 de 1997 con el que se remplazaron los planes de desarrollo municipal de la ley 9 de 1989 (Artículo 1), que a su vez habían remplazado a los planes reguladores de la ley 61 de 1978 (Artículo 3).
Con el cumplimiento de los doce años máximos de vigencia legal, los POT obligan a las autoridades municipales a emprender procesos de evaluación, ajustes y reformulación para un nuevo periodo que, como mínimo, abarca otros doce años de vigencia. Este proceso lo afrontan los Municipios en un país cuyas realidades han variado a grandes velocidades desde la promulgación de la Carta de 1991 y la adopción del Estado Social de Derecho, que trajeron consigo la asunción del poder judicial para la efectivización de los Derechos Humanos; y con ello,nuevas formas de comprender la normativa y la manera en que los destinatarios se sujetan a ella.
Los POT, como referente que manifiesta el ejercicio de la voluntad política, y quizá de la acción política de la ciudadanía, emprenden un proceso de transición normativa en el cual se hace necesario enfocar la mirada en las fortalezas y debilidades promovidas por el ordenamiento jurídico para la Ciudad como expresión del Municipio. De ello que los actuales procesos de transición de los POT abran un escenario pertinente para indagar una forma de transición de vida social como la Ciudad; y con ella, de los referentes jurídicos como reguladores de este fenómeno sociocultural. Los
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POT definen la guía de un futuro planeado desde las singularidades propias de lo local, pero se ven sujetos a un referente jurídico general e imperante que garantiza su validez jurídica.
De lo anterior se colige la pregunta problema de la investigación: ¿Cuáles referentes sociojurídicos deben ser determinantes, a la luz de la Constitución Política de 1991, para la formulación, adopción y ejecución de los POT ante la primera transición normativa impuesta por el ordenamiento jurídico colombiano? Con respecto a la pregunta de investigación vale aclarar que frente a los referentes la indagación no se limita a las meras disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico. Dichos referentes son tanto explícitos como tácitos; y al tiempo, algunos fueron previstos como determinantes de superioridad jerárquica para el ejercicio de la competencia municipal de organización territorial, específicamente para la elaboración del POT; mientras otros se supeditan al ejercicio discrecional de las autoridades municipales en el lapso de los doce años de vigencia de esa normativa municipal.
Este artículo se concentra en un referente jurídico expreso, calificado por el ordenamiento jurídico como determinante de superior jerarquía. Su aprehensión es un insumo al desarrollo de todos los objetivos de la investigación, entre los que se cuentan: describir las fortalezas y debilidades en la evolución del ordenamiento jurídico colombiano, dispuesto para el ordenamiento del territorio urbano a partir de la Constitución de 1991; identificar los referentes determinantes en la experiencia de los POT desde la expedición de la mencionada normativa; y explicar cuáles de ellos deben ser directrices prioritarias para orientar el nuevo proceso de formulación de los POT en las ciudades de Colombia.
En ese contexto, se proponen inicialmente algunas razones generales que justifican la existencia de determinantes de superioridad jerárquica, establecidos para la elaboración, adopción y ejecución de los POT por los municipios del país. Esas razones son trabajadas desde algunos rasgos del Estado Social de Derecho como modelo en el cual se implementan los POT. Allí el ambiente es la materia que mayor detalle y especificidad tiene entre los determinantes de superioridad jerárquica, siendo un criterio del cual se describe su...
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