Una aproximación a la Ley 1150 desde el derecho económico
| Autor | Fernando Álvarez Rojas |
| Cargo del Autor | Abogado rosarista. Candidato a doctorado. Profesor titular de pregrado de la Faculta de Jurisprudencia. |
| Páginas | 41-66 |
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Una aproximación a la Ley 1150 desde el derecho
económico
Fernando Álvarez Rojas*
Introducción
La Ley 1150 de 2007, modicatoria de la Ley 80 de1993, es el fruto de un
trabajo legislativo arduo sobre un objeto de regulación difícil por sus alcances
y por los intereses que involucra la contratación estatal. Basta recordar los
datos de la Contraloría General de la República que indican que “en el presu-
puesto de la Nación para la vigencia 2007, la adquisición de bienes y servicios
(para funcionamiento e inversión) representó cerca del 15% del total, o sea,
alrededor de 18 billones de pesos”,1 y que, según el documento Conpes 3249
de 2003, la contratación estatal equivale al 11% del PIB.
Las anteriores cifras hacen de la contratación una arena en que se mueven
grandes intereses económicos, por lo que los cambios normativos tienen pro-
fundos impactos en la masa monetaria que transita a través de la contratación
estatal. En estas circunstancias, el trabajo legislativo resulta encomiable, pues
logró un consenso en torno a un proyecto imposible de fraguar respecto de
reformas de mayor envergadura presentadas en legislaturas anteriores. Los
* Abogado rosarista. Candidato a doctorado. Profesor titular de pregrado de la Faculta de Juris-
prudencia. Docente en las especializaciones de Derecho Administrativo y Derecho de la Empresa y los
Mercados, del diplomado de Contratación Estatal de la Universidad del Rosario. Profesor de la maes-
tría en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Asesor para la contratación del
Ministerio de Hacienda, de FIDUCOLDEX, de la Empresa de Energía de Bogotá. Abogado externo
de asesor INVIAS e ISA y de empresas privadas. Arbitro de la Lista A de la Cámara de Comercio.
Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1 Turbay Quintero, Julio César. “La Ley 1150de 2007: Grandes expectativas”, en Economía Colom-
biana, No. 321, noviembre de 2007, p. 5.
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proyectos que se concretan en la Ley 1150 resignaron la pretensión de un
nuevo estatuto de contratación y optaron por una reforma parcial, con pro-
pósitos muy puntuales.
introduciéndole ajustes que atienden a los desarrollos prácticos y a las ense-
ñanzas jurisprudenciales del Consejo de Estado. Existen al menos dos puntos
posibles de abordaje a la Ley 1150: el primero, la teoría económica del derecho;
el segundo, su operatividad e impacto práctico.
Desde la teoría económica del derecho, el análisis atiende a los predicados
de una asignación eciente de bienes a través de la reducción de los costos de
transacción, lo que promueve la adjudicación al proponente que haga el mejor
uso de sus recursos en un mercado competido. La adjudicación tiene doble faz:
de una parte, es un premio a la eciencia económica del contratista; el otro
envés muestra cómo la competencia entre proponentes redunda en ahorro de
los recursos públicos a cargo de la entidad estatal contratante. El segundo
punto de abordaje, el práctico, atiende al análisis sociológico de la cultura
económica existente en los agentes del mercado y de la cultura administrativa
al interior de los entes estatales. De lo que se trata es de evaluar la ecacia de
las decisiones legislativas centrales en las entidades descentralizadas territo-
riales y por servicios, para analizar la posibilidad real de implementación de
la ley en los distintos niveles de la Administración Pública.
La catadura teórica de la Ley 1150 la muestra como un instrumento co-
herente respecto del propósito de hacer una distribución más eciente de los
recursos públicos que se mueven a través de la contratación estatal. La perspec-
tiva sociológica ofrece un resultado diferente: la ley evidencia dicultades de
puesta en práctica, por la complejidad de los procesos que prescribe –difíciles
de incorporar y arraigar en una contratación tradicionalmente paternalista–.
El propósito no es otro que ubicar la Ley 1150 en un contexto de análisis
académico nutrido de experiencia práctica, con la nalidad de generar insumos
para el gobierno nacional, a n de que los decretos reglamentarios permitan,
en atención a la realidad social, “la cumplida ejecución” de la disposición legal,
al tenor del precepto constitucional contenido en el numeral 11 del artículo
189. Los decretos reglamentarios tienen un propósito claro en técnica nor-
mativa: aminorar la abstracción y generalidad de la ley para aproximarla a las
circunstancias y condiciones concretas en que ésta, soportada en los decretos,
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