La asignación de consecuencias probatorias a las conductas de las partes ¿Incumplimiento de una carga o de un deber? - Núm. 170, Julio 2020 - Revista Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 846872189

La asignación de consecuencias probatorias a las conductas de las partes ¿Incumplimiento de una carga o de un deber?

Autor:José David Posada Botero
Cargo:Abogado y Especialista en Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana, Maestro en Derecho Público de la Universidad EAFIT
RESUMEN

El legislador en los ordenamientos procesales establece supuestos en los cuales asigna consecuencias probatorias a las conductas de las partes, que son la confesión ficta o presunta, la presunción del hecho y el indicio grave; su asignación atiende a una razón de ser en el marco de la teoría general del proceso y de la prueba, que se deriva del actuar inadecuado de las partes que impiden o... (ver resumen completo)

 
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Introducción

El presente artículo es presentado para participar en la convocatoria de la revista Estudios de Derecho, la cual tiene por temática la “carga de la prueba, tendencias actuales”, en este marco se considera que es pertinente abordar el tema de la asignación de consecuencias probatorias a las conductas de las partes, constitutivas de sucedáneos de prueba, que se han consagrado en el marco de las legislaciones procesales de nuestro país, específicamente en el Código General del Proceso (C. G. del P) (Ley 1564 de 2012) , como son la confesión ficta o presunta, la presunción del hecho a probar y el indicio grave; pues no solo se trata de identificarlas sino en ir más allá, pues al indagar sobre el tema, surge una pregunta que sin duda alguna contextualiza el presente artículo en la temática a abordar, la cual es: ¿La asignación de consecuencias probatorias se deriva del incumplimiento de una carga o de un deber de quien ostenta la calidad de parte? Ha de tenerse presente que el tema mirado desde la óptica de la parte que tiene asignado el cumplimiento de la carga de la prueba, constituirá un instrumento a través del cual podría cumplir con ella, mediante el sucedáneo de prueba establecido para cada caso específico por el legislador.

Si bien en legislaciones anteriores al C. G. del P. (Ley 1564 de 2012) se consagraban consecuencias probatorias derivadas del actuar de las partes, como se encuentran en el Código del Procedimiento Civil (C. de P. C.) (Decretos 1400 y 2019 de 1970) y en el Código Judicial (Ley 105 de 1931), es en el C. G. del P. en el artículo 280 donde se hace latente la preocupación del legislador, al hacer referencia al contenido de la sentencia, y establecer para el juez, de manera expresa, el deber de calificar la conducta procesal de las partes y, si es del caso, deducir indicios de ella, buscando con la regulación mencionada que en la valoración de la prueba sea explícita la referencia al actuar de la parte que da lugar a una consecuencia probatoria.

Si bien los objetivos de la investigación de la cual se parte para la elaboración de este artículo fueron más omnicomprensivos, para efectos del presente artículo, que da cuenta de uno de los apartes del resultado de la investigación, desde una perspectiva analítica, ha de advertirse que el objetivo será el identificar las posibles razones que llevaron al legislador a establecer estas consecuencias, y en el propósito de cumplir ese objetivo se absolverá la siguiente pregunta ¿La parte llamada a colaborar con la producción de la prueba, se encuentra frente al cumplimiento de una carga o de un deber? Cuyo desconocimiento habrá de generar según la respuesta que se dé, o bien una consecuencia que genera una desventaja frente a su interés particular, o bien genera una sanción como consecuencia de vulnerar un interés público, la cual consistirá en establecer un sucedáneo de la prueba frente al actuar de la parte que no permite obtener la prueba.

La identificación de las conductas de las partes que dan lugar a que el legislador establezca una consecuencia probatoria, permite construir el marco teórico de este escrito. Estas conductas tienen en común el ser desplegadas por quien ostenta la calidad de parte, produciendo como efecto el imposibilitar o restringir la práctica de los medios de prueba mencionados, al limitarse el acceso a la fuente de prueba y con ello impidiendo que en el proceso se pruebe la ocurrencia o no de un determinado hecho. El tema se abordará en el marco de la teoría general del proceso y de la prueba, indagando por las posibles inferencias que explican las razones que llevan al legislador a derivar consecuencias probatorias de las conductas de las partes.

Considerando que las investigaciones en temas jurídicos pueden abordarse acudiendo a enfoques de validez, más asociados al positivismo jurídico (Kelsen, 1997; Hart, 1998); de eficacia o efectividad, más pertinentes en el marco de la sociología del derecho y los estudios críticos del derecho (Boaventura de Sousa, 1995; García Villegas y Ceballos Bedoya, 2016; García Villegas y Rodríguez, 2003; López Medina, 2004); o de justicia, más próximos a los asuntos de la filosofía del derecho (Dworkin, 1995; Rawls, 1997). Ha de advertirse que el enfoque planteado para la investigación fue el de validez, asociado al positivismo jurídico, al ser objeto de ella la normas que regulan las consecuencias probatorias de las conductas de las partes (la Constitución y el C. G. del P.), no se ocupó la investigación de abordar un enfoque de la eficacia[1] de las normas jurídicas ni de la adecuación de estas normas al ámbito moral.

Desde ahora se puede anticipar que lo que permite al legislador derivar consecuencias probatorias de las conductas de las partes es la implementación del principio de moralidad o lealtad procesal. Y que, para efectos de consagrar legislativamente las consecuencias probatorias, el legislador se puede valer de diferentes situaciones jurídicas, tales como obligación, carga y deber, siendo la consagración de un deber la que efectivamente cumple el propósito, pues la dos primeras, obligación y carga, se encuentran en un ámbito propio de la protección y satisfacción de los intereses privados. En tanto que el deber, encuadra de manera adecuada, al protegerse un interés público y no uno privado, deber consistente en colaborar con la práctica de la prueba y que por ende protege el interés público de acceso al derecho a la prueba, y como consecuencia ante el incumplimiento del deber mencionado se va a generar una sanción, habilitando un sucedáneo de prueba, que podrá ser el presumir el hecho que se pretendía probar o el generar un indicio grave que permita deducir la ocurrencia del hecho que se intentaba probar.

El desarrollo del artículo estará dividido en cuatro partes, la primera hace referencia a las posibles inferencias que explican las razones que tiene el legislador para derivar consecuencias probatorias de las conductas de las partes de cara a los principios procesales; en la segunda, se aborda el concepto de situación jurídica y su articulación con las conductas de las partes que generan consecuencias probatorias, es de advertir que en ambas partes la aproximación se realiza bajo la teoría general, esto es, sin descender al derecho colombiano. Luego, en la tercera y cuarta parte, se examinan los mismos aspectos, de manera particular de cara a la Constitución Política de Colombia y en el C. G. del P. ordenamiento procesal civil vigente de Colombia.

1. Posibles inferencias para explicar la asignación de consecuencias probatoria a las conductas de las partes de cara a los principios procesales

Al examinar cuáles podrían ser las razones existentes para derivar consecuencias probatorias de las conductas de las partes en el proceso, se encuentran los principios del derecho procesal. El concepto de principio a seguir para este propósito, es el planteado por Clemente A. Díaz, quien los define como “los presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera” (Díaz, 1963, p. 212), que como tal obedecen a imperativos de una filosofía política, que imponen el máximo respeto de la dignidad humana y de los derechos propios del derecho procesal que encajan con ella.

Si bien el número de principios propios del derecho procesal, dependerá del autor que se aborde para su estudio, al acoger el planteamiento del autor antes mencionado, estos se limitan a cinco: legalidad de la competencia o de autoridad, bilateralidad de la audiencia o legalidad de la audiencia o de la defensa, formalismo o legalidad de formas, economía procesal, y lealtad procesal o moralidad.

De estos, el principio de moralidad o lealtad procesal, es el que permite derivar consecuencias probatorias de las conductas de las partes; como tal es un principio modulador mediante el cual se busca que no se desdibuje la finalidad pública del proceso jurisdiccional. Este entra en tensión con el principio de bilateralidad o contradicción, que es un principio de garantía que configura el debido proceso. Al respecto encontramos referencias en la doctrina:

La cuestión sobreviniente cuando el imperativo ético, concretado en formulas atingentes a la buena fe, la verdad, la lealtad o la probidad, que en su carácter de valores trascendentes no admiten la posibilidad de conducta contraria, se enfrenta en el ámbito procesal, con la bilateralidad del contradictorio, que por hipótesis implica la posibilidad de una conducta opuesta, sea del actor o del demandado, a los predicados de verdad, buena fe, etc.

El principio de moralidad no deroga la bilateralidad del contradictorio ni afecta al principio dispositivo; en todo caso, atempera el predominio absoluto de estos conceptos procesales, en tanto es inadmisible científicamente que ellos permitan la malicia o la deshonestidad. (Díaz, 1963, p. 265)

El principio de moralidad o lealtad procesal, es un principio modulador del actuar de las partes en el proceso, lo cual determina su alcance. Es claro que las partes en el proceso defienden y protegen sus intereses parciales, pero ese derecho de defensa no puede concebirse como un actuar sin límite, y en tal sentido aparece como regulador de ese comportamiento el principio de moralidad, el cual en términos de Díaz (1963): “Es el conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético, a que deben ajustar su comportamiento procesal todos los sujetos procesales (…) Mediante el principio de moralidad se proscribe del proceso la malicia, la mala fe, la deshonestidad y la inmoralidad” (p. 264).

El principio de moralidad o lealtad procesal tiene un significado especial en lo atinente a la actividad probatoria; pues cuando en el proceso se va a practicar la prueba con la finalidad de llevar al juez el conocimiento sobre la ocurrencia o no de los hechos que hacen parte del tema de prueba, es necesario acudir a las fuentes de prueba que han de brindar el conocimiento al juez, y en el...

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