Aspectos jurídicos en la década de 1930 - Historia Constitucional - Carlos Holguín Holguín. Escritos - Libros y Revistas - VLEX 43287503

Aspectos jurídicos en la década de 1930

AutorTomás Holguín Mora y Paula Torres Holguín
Páginas306-321

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La década de los años 1930 a 19401 es realmente apasionante, porque en ella se reestructuró prácticamente el derecho colombiano en todos sus aspectos fundamentales, a saber: el financiero, el constitucional, el civil, el laboral, el penal y el administrativo. Cuando se concreta el estudio de lo que pasó en la mencionada década, puede verificarse cómo casi todo lo que tenemos hoy en día en materia legal tiene sus raíces en las reformas realizadas en aquella época.

La década comienza, en Colombia, con la caída del partido conservador, que había gobernado durante algo más de cuarenta años, y que se debió a la división entre las candidaturas del maestro Guillermo Valencia y del general Alfredo Vásquez Cobo, y el consiguiente triunfo del candidato liberal doctor Enrique Olaya Herrera, el cual había ofrecido hacer un gobierno de coalición o colaboración con los conservadores, que se denominó La Concentración Nacional.

1. El gobierno del Doctor Enrique Olaya Herrera

Al gobierno de Olaya le correspondió afrontar dos problemas de mucha gravedad, la crisis económica mundial y la guerra internacional con el Perú. Además, durante su gobierno se tomó la iniciativa de introducir una serie de reformas en materia de derecho civil y comercial, algunas de las cuales se perfeccionaron entonces, y otras, en el periodo siguiente.

A) La crisis económica mundial

Cuando se inaugura el gobierno del doctor Olaya Herrera, estaba desarrollándose la crisis económica mundial que se había iniciado, prácticamente, con la caídaPage 307 de los precios en la Bolsa de Nueva York en 1929. La depresión mundial era tremenda. Todos los valores cayeron. Los industriales, los comerciantes, los hombres de negocios, todos vieron que sus activos se reducían a la nada y, como obviamente existían deudas de los pasivos correspondientes, la gente no tenía cómo pagarlas. Con ello vino la desocupación de la mayor parte de la población. Las cifras estadísticas de la desocupación en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y, lógicamente, también en Colombia, eran aterradoras.

Desde el punto de vista financiero, el Presidente Olaya solicitó la colaboración sucesiva de Francisco de Paula Pérez, Manuel María Marulanda y Esteban Jaramillo, que afrontan la crisis con capacidad e imaginación admirables. Estos tres ministros se caracterizaron por ser grandes hombres de Estado, juristas, constitucionalistas, como lo fue, especialmente, el doctor Pérez, financistas y además personas que poseían una cultura humanística cuyo estilo era admirable, como puede verse en el Tratado de Derecho Constitucional del doctor Pérez, o en el de Hacienda Pública del doctor Jaramillo. Además, no eran hombres de simple cultura universitaria, sino personas acostumbradas al manejo de los negocios en Colombia, y con una experiencia muy grande. Al que correspondió realizar o ejecutar la mayor obra en materia financiera fue al doctor Esteban Jaramillo.

En 1930 y 1931, se reestructura totalmente el sistema financiero del país. Se abandona el patrón de oro y la circulación de la moneda metálica, que existían entonces, (todavía recordamos las bellísimas monedas de oro de cinco pesos, que correspondían a una libra esterlina) y se estableció el curso forzoso de los billetes del Banco de la República. Al mismo tiempo, el doctor Jaramillo estableció el control de cambios, que, con modificaciones y algunas alternativas, ha venido rigiendo en el país prácticamente desde entonces. Como existía un tremendo desequilibrio entre la baja de todos lo valores, los inmuebles, el ganado, las acciones, frente al de las deudas particulares, que gravaban patrimonios de los hombres de negocios, el gobierno afrontó un problema de muy difícil solución, que era el de rebajar las deudas. Esta era la más heterodoxa de todas las medidas, y que, aparentemente, era inconstitucional, porque todo acreedor tiene un derecho adquirido a que se le pague su deuda por su valor nominal. Sin embargo, el gobierno consideró que era equitativo adoptar una medida indispensable para reactivar la economía, y llegar a esa rebaja de deudas, para establecer lo que hoy día podríamos llamar su valor constante; o sea, establecer una especiePage 308 de sistema UPAC, pero al revés, o sea, mantener el valor constante de las deudas rebajando su valor de acuerdo con la desvalorización de todos los valores corrientes en ese momento. Como la medida hecha directamente podía ser de muy difícil aceptación, se recurrió a procedimientos imaginativos muy curiosos, como el de establecer impuestos sobre los intereses en cuanto excedieran de determinadas sumas y, al mismo tiempo, se estableció que los acreedores que cobraban ejecutivamente sus deudas no podían proceder a rematar los bienes embargados de sus deudores, sino concediendo a éstos una rebaja del 30% del valor de la deuda, o adquiriendo determinados documentos oficiales, como eran los bonos del Banco Central Hipotecario.

En esta forma, se refinanciaron también las deudas de los municipios y, como se dijo, se modificó toda la antigua estructura del libre comercio del oro y de la moneda en circulación. Más adelante, me referiré a la jurisprudencia de la Corte que declaró constitucionales esas medidas extraordinarias de la primera etapa del gobierno.

B) La guerra con el Perú

En el año 1932, todavía en plena depresión económica, a la difícil situación financiera se agregó la guerra internacional. Como es bien sabido, el 1 de septiembre de 1932, un grupo de peruanos invadió el puerto colombiano de Leticia, sobre el Amazonas, alegando que sobre esos territorios el Perú tenía aspiraciones incontenibles, a pesar de que el puerto, como todo el trapecio amazónico, pertenecía a Colombia, en virtud del tratado Lozano-Salomón de 1922, debidamente aprobado y ratificado por los dos países. El gobierno organizó unas expediciones militares, la una por tierra, que culminó con la batalla de Güepi, en la que tomó parte el entonces teniente Juan Lozano y Lozano, y la otra, que comandaba el general Alfredo Vásquez Cobo, entonces ministro en París, quien vino al mando de una flota armada en guerra que atravesó el Atlántico, pasó por las Bocas del Amazonas, y siguió río arriba con el propósito de llegar a Leticia por el río. Previamente, ocupó Tarapacá sobre el Putumayo. La campaña aérea era muy difícil, porque tuvo que improvisarse una aviación militar con unos pocos aviones y algunas ametralladoras, que organizó el coronel Herbert Boy, antiguo piloto alemán de la Scadta, nacionalizado colombiano, y a quien se debe el haber organizado la aviación militar del país.

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La solidaridad nacional fue extraordinaria. Se realizaban inmensas manifestaciones populares de respaldo al gobierno, los matrimonios donaron sus anillos y sus alhajas, los jóvenes entraron a hacer servicio militar y, en suma, el país se preparó para afrontar una guerra internacional.

Al propio tiempo se desarrolló una inmensa actividad diplomática. El gobierno envió embajadores especiales a la mayor parte de los países, y se ejecutó una intensa campaña en la Sociedad o Liga de las Naciones, en la cual el doctor Eduardo Santos realizó una magnífica labor, la cual culminó con un arreglo, en el que decidieron los dos países entregar a Leticia a una Comisión de la Sociedad de las Naciones, a nombre de Colombia, mientras se adelantaba una negociación. Ésta se adelantó en Río de Janeiro, con una delegación colombiana integrada por el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, que era ministro de Relaciones Exteriores, el maestro Guillermo Valencia y don Luis Cano; fue secretario de esa comisión el doctor Eliseo Arango. La delegación peruana estaba constituida por los doctores Maúrtua, Belaúnde y Ulloa. Después de largas negociaciones, se llegó a suscribir el Protocolo de Río de Janeiro, que regulaba problemas fronterizos; no se hizo reforma alguna del tratado de límites Lozano-Salomón. El único punto en que Colombia hizo una concesión importante consistió en haber retirado las reservas que el país había hecho a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en ese momento la Corte Permanente, pues Colombia no había aceptado esa jurisdicción para hechos anteriores al momento en que ella se...

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