El camino de 'los pobres' hacia la justicia administrativa
| Autor | Pablo Ernesto Medrano Moreno |
| Páginas | 153-185 |
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CAPÍTULO 6
EL CAMINO DE “LOS POBRES” HACIA LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA*
Pablo Ernesto Medrano Moreno
I
El objetivo de este escrito es analizar las barreras que tienen las personas de esca-
sos recursos económicos para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa
con el fin de solucionar sus necesidades jurídicas. En este sentido, el problema
de investigación que se pretende resolver es si los requisitos para la presentación
de la demanda establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (), especialmente en lo relativo al derecho
de postulación y la conciliación como requisito de procedibilidad, constituyen
una barrera de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad
económica. La hipótesis inicial es que las normas procesales, tanto en la sede ju-
dicial como en la administrativa, aunque en apariencia son neutrales, en la prác-
tica restringen injustificadamente el acceso a la justicia de las personas de bajos
recursos económicos.
Para confirmar esta hipótesis, en la primera parte del artículo se desarrollan
los conceptos de acceso a la justicia, necesidades jurídicas insatisfechas, barreras
de acceso y condición de vulnerabilidad, conceptos que, en su conjunto, consti-
tuyen el marco teórico de la investigación.
En la segunda parte del artículo se expone brevemente la metodología usada
por Galanter1 para evaluar las posibilidades de realizar cambios sociales a través
del litigio, así como las oportunidades de los “desposeídos” para salir adelante en
un proceso; posteriormente se realiza un análisis teórico, también aplicando la
metodología de Galanter, de la jurisdicción contenciosa administrativa colom-
biana. Esto con el fin de demostrar las potencialidades y limitaciones del litigio
* Para citar este artículo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.299.
1 Marc Galanter, “Por qué los ‘poseedores’ salen adelante: especulaciones sobre los límites del cam-
bio jurídico”, en Sociología jurídica, editado por Mauricio García (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2001), 69-103.
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(tanto individual como colectivo o estratégico) en el área del derecho admi-
nistrativo para proteger los derechos de las personas en condición de vulnerabi-
lidad económica.
En la tercera parte se ilustra, por medio de algunos casos represen-
tativos adelantados por el área de derecho público del Consultorio Jurídico
de la Universidad de los Andes, las barreras a las que se enfrentan las perso-
nas de escasos recursos económicos para acceder a la reparación de un daño an-
tijurídico ocasionado por un acto administrativo. Se hará énfasis en tres casos:
(1) el caso de los mejores bachilleres; (2) el caso de las víctimas de minas an-
tipersonales; y (3) el caso de los usuarios de servicios públicos domiciliarios.
También se mostrará cómo, a través del litigio estratégico, los consultorios jurí-
dicos podrían dar soluciones estructurales a los problemas sociales que afrontan
sus usuarios.
En la cuarta, y última parte, se presentan las conclusiones de la investigación
y se enuncian algunas propuestas tendientes a mejorar el acceso a la justicia de
personas en condición de vulnerabilidad económica. Estas propuestas se pueden
clasificar en dos grupos: el primero referente a la necesidad de un cambio legal
en cuanto al derecho de postulación para acudir ante el juez administrativo, la
eliminación de la conciliación en derecho como requisito de procedibilidad de la
demanda, y garantizar el principio de igualdad material en los procedimientos
administrativos; el segundo grupo de propuestas está dirigido a los consultorios
jurídicos, y su papel de defensores de los derechos de las personas en condición
de vulnerabilidad económica, por lo que se plantea complementar el litigio in-
dividual con el litigio estratégico; este último incluye pedagogía en derechos
como mecanismo de empoderamiento legal, uso de acciones públicas con el fin
de proteger derechos colectivos y lograr cambios legales, y, finalmente, combi-
nar el litigio con la investigación para producir trabajos académicos tendientes a
analizar problemáticas sociales y proponer reformas legales o el diseño e imple-
mentación de políticas públicas.
E
A continuación se expone el concepto de justicia que se usa en esta investigación,
previamente se muestran los enfoques o dimensiones que ha tenido este concepto
y la evolución de sus políticas públicas.
“ ”
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Acceso a la justicia: sus múltiples dimensiones
No existe una definición unívoca de acceso a la justicia, pues es un concepto que ha
evolucionado y que tiene varias dimensiones o enfoques concurrentes o comple-
mentarios. Así, este término ha presentado una evolución a lo largo del tiempo,
partiendo de una concepción formalista de igualdad formal ante la ley y posibili-
dad de acudir ante un juez para que, mediante un proceso reglado, resuelva una
controversia de acuerdo con las normas vigentes, pasando por concepciones más
sustanciales, que conciben el acceso a la justicia como un derecho fundamental,
un presupuesto de legitimidad de las instituciones políticas, un servicio público
o un derecho social.
Así, por ejemplo, para Moreno2, el acceso a la justicia tiene tres dimensio-
nes: (1) es un supuesto necesario de las instituciones políticas, pues las justifica
o legitima; (2) es un derecho fundamental que debe ser preservado por las perso-
nas y las instituciones políticas; y (3) es un elemento integrante de uno o varios
derechos fundamentales. Por su parte, Añón3 habla del acceso a la justicia como
un derecho multidimensional, que puede abordarse desde (1) una perspectiva
procesal y procedimental, que hace referencia a los derechos procesales clásicos,
como el derecho a ser oído ante un tribunal, la igualdad de armas, el derecho de
defensa y contradicción, entre otros; (2) una perspectiva organizacional y fun-
cional de la gestión de los tribunales, en la que el acceso a la justicia adquiere la
connotación de un servicio público y, por tanto, las teorías sobre la gestión pú-
blica y los principios de eficiencia, eficacia, cobertura, universalidad y otros re-
lacionados con la prestación de un servicio público; y (3), finalmente, desde una
perspectiva teórica o de justicia crítica, en la que el derecho al acceso a la justicia
adquiere la cualidad de un derecho social. Bajo esta perspectiva, el estudio de las
desigualdades materiales de las partes son especialmente relevantes para estable-
cer los diseños legales y formulación de políticas públicas para garantizar el ac-
ceso a la justicia de todos.
Dependiendo de la perspectiva que se adopte, las políticas públicas para ga-
rantizar el acceso a la justicia van a tener diferentes enfoques, que, en general, se
pueden dividir en enfoques que se centran en la oferta, es decir, la organización
institucional como número de juzgados, fiscalías, etc., o enfoques que se centran
2 Luis Moreno, Acceso a la justicia (Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2000), 73.
3 María José Añón, “El derecho de acceso como garantía de justicia: perspectiva y alcances”, en
Acceso a la justicia y garantía de los derechos en tiempos de crisis, coordinado por Cristina García-Pascual
(Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018), 20.
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