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El Estado carece de una política de prevención de las causas de desplazamiento forzado

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Vincent
AutorGustavo Gallón - Ana María Díaz
Páginas79-84
79
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Comisión Colombiana de Juristas
El Representante Especial estudió el aspecto relativo a la
protección contra el desplazamiento y manifestó preocupación,
entre otros aspectos, por la impunidad sobre el delito de
desplazamiento y al igual que por el funcionamiento y resultados
del Sistema de Alertas Tempranas –SAT- y su dependencia de la
instancia gubernamental del Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas –CIAT-. Sobre el tema de prevención, el Representante
recomendó:
“a. Adoptar una noción más amplia de la “protección de civiles” o
“protección de las comunidades de riesgo” como criterio para
evaluar el riesgo potencial.
b. Incluir a la Defensoría, como principal autor de los informes de
riesgo en las deliberaciones del CIAT sobre las recomendaciones
relativas a la alerta temprana;
c. Mejorar la respuesta a los informes de alerta temprana para que se
pueda actuar y se liberen los fondos sin que se requiera una medida
de alerta temprana propiamente dicha;
d. Enfoque participativo y consultas con las poblaciones interesadas
en cuanto a lo que éstas consideran los mejores medios de
protección”133.
El Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada planteó
acciones de prevención, tales como acompañamiento humanitario a las
comunidades en riesgo, las acciones institucionales de la Defensoría
del Pueblo, el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas y la protección de bienes de la población desplazada134.
Sin embargo, como se ha señalado en este informe, el Gobierno ha
priorizado la realización de acciones militares de “aanzamiento del
control territorial por parte de la fuerza pública y mejoramiento de los
133 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 75.
134 Decreto No 250 de 2005, citado supra en Nota 55, pág. 6 y 7.

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