Conclusiones
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CONCLUSIONES
Las razones anteriormente expuestas evidencian que la política gubernamental adolece de problemas
graves en las diferentes fases del desplazamiento forzado, desde el deber de prevenir las causas que
obligan las personas a desplazarse para proteger su vida, pasando por la protección especial de sus
derechos durante la situación de desplazamiento, hasta la reparación integral de los derechos conculcados
a las víctimas. Los programas gubernamentales de atención humanitaria y de restablecimiento
socioeconómico resultan insuficientes frente a la extrema vulnerabilidad que sufren las personas des-
plazadas. Además, las acciones de prevención y protección, integradas en el marco de la política de
“seguridad democrática”, son abiertamente contrarias a las obligaciones internacionales del Estado
colombiano reiteradas específicamente en las recomendaciones anteriormente citadas y los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos.
La negación de la existencia de un conflicto armado y de las masivas y sistemáticas violaciones de
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario por parte del Gobierno ha obstaculizado la
aplicación de medidas efectivas a favor de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento forza-
do. Y en especial, el Gobierno no ha brindado las garantías y en algunos casos ha estigmatizado a las
comunidades que desarrollan iniciativas de resistencia por la vida, la autonomía y la dignidad en medio
del conflicto emprendidas por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, en un esfuer-
zo legítimo de exigencias por el respeto de sus derechos fundamentales.
Uno de los elementos más preocupantes de la política gubernamental es el proceso de negociación con
los grupos paramilitares, el cual no ha contribuido a la prevención del desplazamiento ni a la protec-
ción de los derechos de la población en situación de desplazamiento ya que, por el contrario, conduce
al fortalecimiento y a la legalización del paramilitarismo y viola los derechos de las víctimas de despla-
zamiento forzado a la verdad, la justicia y la reparación integral. Las víctimas están siendo doblemente
victimizadas, los victimarios resultan protegidos por la impunidad y premiados económicamente, a
través de subsidios de reinserción sin contrapartidas o de proyectos empresariales desarrollados en
tierras usurpadas a la población desplazada. Las víctimas que se oponen al esquema de “reconciliación
forzada” podrían ser consideradas como enemigas de la paz por el hecho de recurrir a los principios
elementales de justicia.
En conclusión, el Gobierno no ha adoptado medidas para la aplicación efectiva e integral de las reco-
mendaciones internacionales para enfrentar las causas del desplazamiento forzado y proteger los dere-
chos de la población desplazada. Al contrario, en algunos aspectos ha implementado acciones que van
en contravía de las mismas.
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