Consecuencias de la contratación irregular
| Autor | Carlos Enrique Campillo Parra |
| Páginas | 133-155 |
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Quienes ocupan cargos en la administración pública no pueden alegar ignorancia para excusarse ante los organismos de control o la Procuraduría. La ignorancia invencible es un argumento que no tiene recibo hoy en los entes investigativos, salvo en el caso de personas que vivan en la selva. Pero no cuando se trata de aspirantes a cargos de elección popular o de funcionarios nombrados en cargos de responsabilidad.
Uno de los deberes que impone la Ley 734 de 2002 es el de capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. (Art. 34 numeral 40). Es el primero y más claro mandato para quienes desean regir los destinos de la comunidad. El Estado tiene que ser eficiente y competitivo y eso no se logra sino con personas altamente preparadas en los oficios que les corresponden, incluso, su objetivo es ir más allá de la simple capacitación para el cargo. No es necesario que sean penalistas o administrativistas, pero se les exige que conozcan las normas que consagran delitos donde ellos pueden ser sujetos activos y que sepan cuáles son sus funciones y cómo se debe proteger el patrimonio público.
Las sanciones en Colombia han sido laxas y en los últimos cinco años se han introducido una serie de instrumentos anticorrupción que muchos no han percibido. Bien porque no se enteran de lo que pasa o porque no quieren cumplir las normas. Creen que estamos en la época de la colonia, donde los administradores eran amos y dueños de la voluntad de todos. El perfeccionamiento del derecho de petición y su protección constitucional mediante la tutela, la nueva visión de la acción de nulidad, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de repetición,Page 134 son herramientas en manos de los ciudadanos que deben poner a temblar a los servidores públicos.
El funcionario que pretenda acceder a la administración para "llenarse de plata" está equivocado, porque los controles actuales le pueden generar las mayores sorpresas. Puede tener una oficina muy elegante y terminar en la celda de cualquier patio en una cárcel de cuarta categoría. Puede tener dos o tres vehículos con conductor y escolta y terminar pisando el frío asfalto por una acción de responsabilidad fiscal.
Transparencia Internacional afirma que la corrupción en Colombia es tan nefasta para el Estado como la violencia porque aquella extrae de las finanzas públicas una cifra superior a los dos billones de pesos. La Entidad se refirma en la tesis de que más del 50% de los contratos que adjudica el estado tienen algún grado de corrupción y que la prueba está en el número de proceso de la justicia penal en esta materia que involucran recursos por $1.7 billones.
Y en el Congreso de transparencia Internacional celebrado en Perú se informó sobre la dramática postura de la corrupción:
"La corrupción moviliza anualmente unos 600.000 millones de dólares, señala un informe de la asociación Transparencia Internacional (TI) difundido en el marco del Congreso Anticorrupción realizado en Perú. Esa cantidad es estimada como el total de las comisiones pagadas en contratos públicos, compras de armas, sobornos a jueces y autoridades políticas y facilidades al narcotráfico.
TI, organización no gubernamental que se dedica a combatir la corrupción política en todo el mundo, elaboró su informe tras evaluar datos proporcionados por empresarios privados internacionales que actúan en 90 países. Empresas belgas, francesas, italianas, holandesas y coreanas serian las más susceptibles a ganar contratos sobornando a funcionarios de otros países, indica el documento.
A su vez, los funcionarios públicos de Nigeria, Bolivia, Colombia, Rusia, Pakistán, México, Indonesia, India, Venezuela y Vietnam estarían entre los mas ''sensibles'' a aceptar sobornos.
Representantes de 87 países y de importantes organizaciones internacionales debatieron en Lima, en el marco de la octava Conferencia Anticorrupción, la forma de erradicar o por lo menos dificultar la comisión y expansión de este delito. Entre los objetivos del Congreso figura un convenio internacional que comprometa a los gobiernos a coordinar medidas para perseguir el delito, extraditar a los acusados de corrupción y definir mecanismos para abrir el secreto bancario en los países en donde se refugia el dinero ''negro''.
En los últimos años, dos presidentes latinoamericanos fueron derrocados acusados de corrupción (el ecuatoriano Abdala Bucaram y el brasileño Fernando Collor de Mello) yPage 135 otros dos fueron juzgados por delitos de ese tipo (el venezolano Carlos Andrés Pérez y el peruano Alan García). A su vez, el gobierno argentino de Carlos Menem ha sido en repetidas oportunidades calificado de corrupto por sus adversarios políticos y el presidente peruano Alberto Fujimori fue salpicado por revelaciones de ingresos extraordinarios sin justificación de uno de sus principales asesores. También los gobiernos del presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy y del ex mandatario uruguayo Luis Lacalle debieron hacer frente a acusaciones de ese tipo por distintos motivos.
Para el analista peruano Mirko Lauer, del matutino La Republica, la Conferencia ''será un torneo de oratoria'', al igual que los siete congresos realizados sobre el tema en Washington, Nueva York, Hong Kong, Sydney, Ámsterdam, Cancún (México) y Beijing. 'Suena como una tarea de gran impacto, pero la falta de éxitos contundentes ha ido convirtiendo la cruzada política en un negocio de consultoría privada, en una rama de los estudios académicos y en una cómoda cachiporra para golpear a los gobiernos o a los opositores''.
"No hay corrupción sin iniciativa privada. A los países en vías de desarrollo se les dijo primero que el neoliberalismo traería la prosperidad y ahora se afirma que las reformas liberales no pueden dar resultado por culpa de la corrupción".
Igualmente en Chile se firmó en 1997 una Convención Internacional para combatir el cohecho de los funcionarios en los negocios internacionales. Su texto fue analizado por el Abogado Rodrigo Medina Jara, quien hace los siguientes comentarios: "La presente Convención es un esfuerzo más que realiza la comunidad mundial para combatir el daño causado por la corrupción. No es el momento de señalar las múltiples formas y desventajas que puede tomar este fenómeno aunque, por cierto, debe señalarse que resulta siempre ser un signo de alerta, más que una causa.
Reconociendo su responsabilidad para mantener la integridad en el sistema de comercio mundial, una serie de países de Europa, Asia, Norteamérica e Ibero América se han comprometido en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, a establecer caminos para atacar el soborno en las transacciones comerciales internacionales. El principal propósito de estos esfuerzos es promover la lealtad en los tratos comerciales en el comercio e inversiones internacionales. Los esfuerzos al interior de la OCDE, desde 1989, se han materializado a través del Comité sobre inversiones Internacionales y las Empresas Transnacionales y el Comité de Asistencia para el Desarrollo.
La iniciativa para los estudios y labores en torno al punto se iniciaron por los esfuerzos de los Estados Unidos. De conformidad al documento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos titulado "The National Export Strategy: A Strategic Response" de septiembre de 1996 y basado en el trabajo de la Trade Promotion Co-ordinating Committee, en el período 1994-1996 las empresas comerciales de Estados Unidos perdieron al menos 36 contratos equivalentes a 11 billones de dólares a causa del cohecho en las actividades comerciales internacionales, aunque, de acuerdo con los alegatos y cifras de tales empresas, el cohecho internacional durante el mismo período habría provocado la pérdida de cerca de 139 contratos equivalentes a 64 billones de dólares.
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En un discurso realizado en julio de 1996, el Ex Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Michael Kantor indicó que, de acuerdo con sus informaciones, las cifras ascendían a 100 contratos y 45 billones de dólares, respectivamente y que en la primera mitad de 1996, las pérdidas por contratos adjudicados a otras empresas eran de 20 billones de dólares para las empresas norteamericanas.
Entre los hitos de la actividad de la OCDE en este campo habría que mencionar la Recomendación de abril de 1996 donde se instó a los países miembros a re examinar la política de deducibilidad de impuestos cuando han existido sobornos.
También se han realizado esfuerzos en el campo de la contabilidad pública, la auditoría gubernamental, y las modificaciones legales civiles y comerciales, tendientes principalmente a que los Estados tomen conciencia de que las actividades de sus empresas en el extranjero son de su responsabilidad y los comprometen.
El soborno a los funcionarios públicos a los gerentes de empresas privadas desvía las adquisiciones de bienes y servicios hacia las decisiones menos convenientes para la comunidad de intereses que esos agentes administran.
Cuando el soborno se otorga a los empleados públicos encargados de ciertos mecanismos de control, las empresas privadas menos honestas también consiguen competir deslealmente con las mejores, al eludir el pago de impuestos, la preservación del medio ambiente o los pasos normales para la obtención de certificaciones y revisiones necesarias para que ciertos productos salgan al mercado.
Si estas desviaciones ocurren en la vida interna de un país, no hay ninguna razón para suponer que no van a suceder en el contexto del comercio entre las naciones. De hecho, la era del intercambio global llegó hasta nosotros con la no deseada compañía del soborno transnacional, desde sus mismos comienzos.
El soborno transnacional consiste en el ofrecimiento o entrega de dinero, bienes...
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