Contexto
| Autor | Fernando Cepeda Ulloa - Luis Fernando Molina Londoño |
| Páginas | 33-104 |
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Contexto
Colombia se caracteriza por una tradición democráti-
ca, civilista y jurídica que la distingue en el concierto de las
naciones latinoamericanas. Sus presidentes se han alterna-
do sistemáticamente en periodos de cuatro años (durante
parte del siglo xix, hubo periodos de dos años). Los histo-
riadores identican dos casos de gobiernos que fueron re-
sultado de un golpe de Estado y cuya duración fue mínima.
Uno en el siglo xix (1854, por unos cuantos meses, José
María Melo) y en el siglo xx se registra el del general Gus-
tavo Rojas Pinilla (1953-1957) que por su naturaleza (apo-
yo de los dos partidos políticos y de la sociedad entera) se
denominó un “golpe de opinión”.
La tradición civilista hace contraste con la tradición
militarista de otros países. El predominio civil en Colombia
ha sido notorio, a tal punto que las mayores dicultades de
orden político resultan del comportamiento de los civiles y
no de los militares. Una manifestación de esta característi-
ca es el sectarismo político (Deas, 2004, pp. 35 y ss.) en
un país que tuvo un sistema bipartidista (liberales y conser-
vadores) durante los siglos xix y xx. Ese sectarismo generó
violencia en el siglo xix (muchas guerras civiles de variada
naturaleza y dimensión) y, en el siglo xx, a partir de 1946,
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con una notoria exacerbación a partir de 1948, a raíz del
asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán.
La violencia partidista disminuyó durante el régimen
militar (1953-1957) que pacicó con éxito la nación y lue-
go con la creación del Frente Nacional, en virtud de un re-
feréndum que se aprobó masivamente el 1.º de diciembre
de 1957. Se trataba de un acuerdo bipartidista llevado a
nivel constitucional que ordenaba una cooperación buro-
crática paritaria de los dos partidos políticos durante doce
años (1958-1970), en todos los niveles del gobierno nacio-
nal y territorial, tanto en el legislativo como en el ejecutivo
y el judicial. Semejante esquema de participación paritaria
en el poder superó para siempre esta confrontación violen-
ta. Fue así como el sectarismo perdió vigencia durante el
Frente Nacional. La nueva Constitución de 1991 estimuló
el multipartidismo.
Una reforma constitucional (1959) prorrogó ese es-
quema por cuatro años adicionales (1970-1974) para ase-
gurar lo que se denominó la alternación de los dos partidos
políticos en la presidencia, o sea, la paridad en el tiempo,
ocho años para cada partido en forma alternada, inician-
do los liberales y terminando los conservadores, y sin que
por ello se diera n a la competencia electoral (Cepeda,
2012, p. 81).
A partir de 1974, la participación burocrática parita-
ria se mantuvo como resultado de una reforma constitucio-
nal (art. 120) que ordenaba “una participación adecuada
y equitativa” del partido que siguiera en votos al del presi-
dente de la República. Fue solamente en 1986 (los conser-
vadores rehusaron participar en el gobierno del presidente
liberal Virgilio Barco) cuando se introdujo el esquema go-
bierno-oposición durante cuatro años. Es el único periodo,
a partir de 1958 y hasta el 2012, durante el cual Colombia
no ha sido gobernada por una coalición bipartidista o mul-
tipartidista (Cepeda, 2012).
Al lado de estas tradiciones, se debe aludir al apego
muy prominente que los colombianos han tenido por el de-
recho. Algunos lo tachan de un legalismo exagerado; otros,
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despectivamente, lo calican como “leguleyismo”, lo cual
hace que el tema del derecho en Colombia sea de una im-
portancia muy superior a la de otros estados de derecho,
así ello coexista con fallas enormes en la aplicación de la
ley, en el funcionamiento de la justicia y en la propia ense-
ñanza del derecho (Lambert, 1964, pp. 207-209).
En Colombia, durante siglos hizo falta una ecaz ins-
trumentalización del derecho, sobre todo en lo referente
a los derechos políticos, sociales y económicos (García,
2009; 2010).
La violencia partidista, que desapareció denitivamen-
te en razón del acuerdo bipartidista, el Frente Nacional, fue
pronto sustituida por guerrillas de corte marxista y de otro
tipo de ideologías anes (trotskismo, maoísmo, castrismo,
entre otras).
La presencia abrumadora del negocio criminal de las
drogas ilícitas contaminó todas las instituciones —unas
más que otras— y proporcionó formidables recursos a es-
tos grupos armados ilegales.
La fuerza pública ha sido tradicionalmente débil, pese
al conicto interno que se ha vivido y la amenaza descomu-
nal que han representado los grupos armados ilegales y los
carteles de la droga.
El fortalecimiento, hoy reconocido, de la fuerza pública
es el resultado, en buena parte, de la ayuda de Estados Uni-
dos a través del denominado “Plan Colombia” y, luego, de
la ley estadounidense del 2 de agosto del 2002 que permi-
tió que los fondos asignados a Colombia se pudieran usar
también contra los grupos armados ilegales (farc, eln y las
Autodefensas), que fueron denominados por el Congreso
de Estados Unidos como narcoterroristas (Cepeda, 2005).
En este contexto, la Fundación Ford en Colombia se
propuso: (1) la modernización del país por medio de la for-
mación de sus élites dirigentes (se presenta el caso emble-
mático de la Universidad de los Andes y se hace alusión a
otras universidades); (2) la modernización de la enseñan-
za del derecho y la promoción tanto del derecho como de
los derechos humanos en su más amplia acepción y de la
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