La corrupción y la transparencia de las administraciones públicas: un estudio empírico en territorios de paz en Colombia - Núm. 166, Julio 2018 - Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 746597037

La corrupción y la transparencia de las administraciones públicas: un estudio empírico en territorios de paz en Colombia

AutorDiego Fernando Católico Segura - Gerardo Santos
CargoDocente Universidad de La Salle - Director del Programa de Contaduría Pública, Fundación Universitaria Unipanamericana
  1. Introducción

    La Organización de Naciones Unidas ha señalado con preocupación la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley (ONU, 2003).

    Transparencia Internacional considera la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio (Transparencia Internacional, 2017). Sánchez y Lehnert (2018), citando a Jain (2001) y Lange (2008), plantean que esta ocurre cuando las personas con poder discrecional sobre los recursos públicos intencionalmente desvían estos o pervierten las rutinas organizacionales en su beneficio.

    La corrupción se manifiesta en distintos ámbitos: el legislativo, correspondiente a las actuaciones que se llevan a cabo en las corporaciones públicas; el judicial, referido a las decisiones de los jueces; el administrativo, en relación con el abuso del cargo público, mediante el incumplimiento de normas jurídicas y el favorecimiento a quien otorga un beneficio; y el político, en el escenario del fraude electoral (Saiz, Mantilla & Cárdenas, 2011; Maldonado, 2011). Estas manifestaciones han afectado la institucionalidad de los países, siendo cuestionadas las políticas y la gestión pública, así como el uso de los recursos públicos, lo que ha llevado a la desconfianza e insatisfacción de ciudadanos con respecto a la actuación del Estado.

    Además de algunos factores que se han identificado como causantes de la violencia en Colombia, tales como la falta de educación, la pobreza y la desigualdad, según la Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987, el estudio de Sarmiento (1999) o el de López y García (1999) citados por Sánchez (2007), la corrupción ha sido catalogada como un factor que ha incidido en el conflicto armado (Yaffe, 2011; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

    La desatención por parte del Estado de las necesidades básicas de la población y de sus reclamos sobre la desviación de los recursos públicos y la toma de decisiones políticas, han hecho que las manifestaciones de ciertos sectores trasciendan hacia expresiones violentas y a la consecuente represión del Estado. A esto se suman, el pasado elitista y bipartidista de la democracia “bloqueada” (Pachón, 2018) y los intereses partículares que han surgido en connivencia con actividades ilícitas como el narcotráfico y el paramilitarismo y con la presencia de grupos armados ilegales, configurandose una red de captura del Estado por medio de la influencia en política y en aspectos económicos y sociales, con efectos negativos en la gestión de las administraciones públicas nacionales y territoriales y dando lugar, a su vez, a espacios de violencia económica, política y social, tal como lo exponen de diversas maneras Moser (1999), Rubio (1999), Echandía (1999), Gaviria (2000) y Montenegro et al. (2000) citados por Sánchez (2007).

    Medina (2010) señala que tales dinámicas:

    …ya no se centran exclusivamente en aspectos económicos, sino, que se inscriben en un interés superior que es el del control político del Estado y el territorio, sus recursos, esferas de decisión, instancias administrativas en el orden local, regional y nacional y el sometimiento moral de significativos grupos poblacionales en lo que podría llamarse dinámicas de corrupción estratégica. (p.44)

    Transparencia Internacional (2010) indica que la corrupción puede prevenirse mediante la transparencia en la gestión pública, lo cual encuentra sustento en el acceso a la información y con mejores mecanismos de control. Esto implica hacer visible la gestión realizada por los gestores públicos, ya que al tener acceso a la información que da cuenta sobre su quehacer, se permite que la sociedad conozca de sus actuaciones, omisiones y situaciones que pueden cuestionar o respaldar su gestión. Si bien esto no es lo único por desarrollar, si es el primer paso para ejercer control social y atacar el flagelo de la corrupción.

    Por ello, en las últimas tres décadas se ha incrementado, en el ámbito mundial, el interés por el mejoramiento en la transparencia (Vera, Rocha & Martínez, 2015; Cerrillo, 2011; McDermott, 2010; Berthin, 2008; Martínez & Martí, 2006; The Carter Center, 2006; Martín, 2005), ya que se configura como un objetivo que está presente en todas las democracias contemporáneas (Moreira & Claussen, 2011), cuyos fines son aumentar la participación ciudadana, promover la rendición de cuentas y combatir la corrupción (Farioli, Capanegra & Costa, 2015; Prakash & Sudan, 2014; Neuman, 2002). Sin embargo, estudios previos (García, 2013; Pina, Torres & Royo, 2007, 2010) han planteado que la información divulgada de forma proactiva se ve influenciada por la corrupción, de forma que, a medida que disminuyen los índices de corrupción, aumenta la información divulgada, por lo que parece razonable que una mayor corrupción dificulte la transparencia de las administraciones públicas.

    Lo anterior lleva a un escenario en el cual la corrupción puede coaccionar el desarrollo institucional y, en este, las prácticas de divulgar información, ya que en escenarios de corrupción la información termina siendo un obstáculo (Searson & Johnson, 2010), es decir, lo que menos desea un actor corrupto es dar a conocer su gestión ante distintos grupos de interés.

    En este sentido, el presente estudio aborda empíricamente la transparencia en las administraciones públicas en Colombia y evalúa su relación con la corrupción, considerando esta última una variable externa capaz de influenciar los índices de transparencia en este tipo de instituciones. El alcance de lo estudiado se hace en departamentos que históricamente han sido afectados por el conflicto armado y que hoy albergan zonas que se constituyen en territorios de paz, a partir de lo definido en la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial y del acuerdo de “terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito por el Gobierno Nacional y el, hasta entonces, grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el año 2016.

    Para ello, el documento se estructura en seis partes: la primera, la introducción que se ha realizado sobre el tema. La segunda, muestra los conceptos y aspectos abordados en investigaciones previas que enmarcan el tema objeto de análisis. La tercera, expone la metodología, la cual se concreta a partir de las hipótesis y los métodos de comprobación que se utilizan en el estudio. Las tres últimas partes, dan cuenta de los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se llega y las limitaciones de la investigación.

  2. Marco teórico

    La transparencia se materializa a partir del acceso público a datos o información, esto es, al considerar la existencia o no de información y de sistemas que la generan, indicando lo que son, hacen, utilizan y producen las dependencias de gobierno o, incluso, sobre actos o productos de actores privados (Fox, 2007). Esta debe arrojar luz sobre las normas, planes, procesos y acciones, asegurando que los funcionarios públicos, gerentes, miembros del directorio y los empresarios actúan de forma visible y comprensible e informan sobre sus actividades, lo que implica que la sociedad pueda pedirles cuentas (Transparencia Internacional, 2017).

    Lo anterior ha sido estudiado desde la teoría de la agencia (Sosa, 2011; Jensen & Meckling, 1976), al señalar que la existencia de una información pública transparente puede servir como una forma de acercar al principal (ciudadanos) y al agente (Estado), con el fin de mitigar las asimetrías de información y permitir un mejor control por parte de los ciudadanos. El acceso a la información permite contrarrestar el problema de asimetría de información en las organizaciones (Stiglitz, 1999). Esta lleva a la divulgación y a la apertura de los procesos de gestión y de toma de decisiones, así como a la publicidad respecto de los actores que han participado en ellos y los criterios y argumentos utilizados (Sommermann, 2010). Esta situación se traduce en la revelación de información por parte de las organizaciones, permitiendo a los agentes externos revisar y evaluar su funcionamiento interno (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Piotrowski & Van Ryzing, 2007).

    En este sentido, la transparencia debe permitir la visibilidad de la gestión realizada y ello implica la posibilidad de conocer sobre el quehacer de las instituciones (La Porte, Demchak & De Jong, 2002). A su vez, permite que los ciudadanos despierten políticamente, al involucrarse de forma más proactiva en las actividades gubernamentales (Ackerman & Sandoval, 2015), lo que contribuye en la mitigación de la discrecionalidad de los gestores públicos.

    Para desarrollar lo anterior existe la transparencia activa, la cual se entiende como la divulgación voluntaria de la información de una entidad acerca de sus procesos de toma de decisiones, procedimientos, funcionamiento y rendimiento (Welch, 2012; Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Fox, 2007). En una sociedad basada en el conocimiento el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) favorece este tipo de transparencia. La disposición amplia, masiva y a menor costo de la información, posibilita la voluntad del gestor de disponer la información al público, trascendiendo el escenario de las solicitudes, peticiones y trámites en físico (Raupp & Gomes, 2016).

    El acceso a la información a través del uso de las tecnologías, como lo es Internet, permite gestionar su publicación por medio de los sitios web de las instituciones. Este mecanismo reconoce la facilidad, el menor costo y la oportunidad de acceder a la información en tiempo real, de manera rápida y eficiente (Lara, Toledo & Gómez, 2012). Autores como Relly (2012) o Lio, Liu y Ou (2011) consideran que las TIC ayudan a eliminar las barreras sistemáticas en los países en desarrollo, pues representan un instrumento...

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