Crecimiento, bienestar y democracia en Colombia. Una reflexión crítica (2000-2016)
| Autor | Álvaro Albán Moreno/Jorge Alberto Rendón Vélez |
| Páginas | 293-326 |
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Capítulo 5
Crecimiento, bienestar y
democracia en Colombia.
Una reexión crítica (2000-2016)
1. Introducción
La crisis económica colombiana de nales del siglo XX se caracterizó por el alto
desempleo y proliferación del subempleo; caída de la inación; contracción
de la demanda agregada; generación de capacidad ociosa en el aparato pro-
ductivo; caída de la tasa de ahorro y de inversión; crisis del sector nanciero y
desequilibrios macroeconómicos.
Estas manifestaciones de la crisis ejemplicaron un escenario que, como fue
señalado en el capítulo anterior, hizo que se calicara al año 1999 como el peor
de la historia económica colombiana desde que se cuenta con estadísticas. Las
cifras revisadas del Departamento Nacional de Estadística (DANE) mostraron
una contracción económica del 4.2%.
El índice de miseria (tasa de inación más tasa de desempleo) resulta dicien-
te sobre los resultados de la crisis. Un mayor valor reeja evidentemente una
peor situación. Para el caso, a principios de los noventa, este índice alcanzaba
un nivel de alrededor del 30% (inación 20% y tasa de desempleo 10%); al
nal de dicha década, el índice también sumó 30%, pero con inversión en los
resultados, es decir, inación 10% e índice de desempleo 20%.
Los primeros signos de superación de la crisis económica de n de siglo empeza-
ron a presentarse fundamentalmente a partir del año 2003. El CID de la Universi-
dad Nacional (2006, 5) enfatizó en su momento que, a pesar de los síntomas de
recuperación evidenciados durante el año mencionado y los años subsiguientes
(2004–2005), este crecimiento era insuciente, concentrado (inequitativo) e in-
sostenible: “…Al Gobierno Uribe le correspondió la fase creciente del ciclo eco-
nómico, beneciándose de la recuperación posterior a la gran recesión de nales
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C, C - Á A - J R
del siglo pasado…”. De acuerdo con lo anterior, la reactivación económica había
dependido más de condiciones externas que de las medidas de política econó-
mica tomadas a nivel interno. Con respecto a los resultados de la política econó-
mica, los investigadores del CID habían señalado en años anteriores (2003, 5):
“Durante los noventa se mantuvo la tendencia entre desempleo e inación. La
política monetaria buscó reducir la inación con el argumento de que los me-
nores precios son un bien en sí mismo. Las autoridades monetarias han argu-
mentado que el costo de la reducción de la inación (la tasa de sacricio) no
ha sido relevante. Desde nuestra óptica, la reducción de la inación sí ha tenido
impactos negativos en la economía y especícamente en la tasa de desempleo”.
Igualmente, el grupo investigativo del CID puntualizó (2006, 6):
“La inequidad nacional está lejos de resolverse y la pobreza no se reducirá sus-
tancialmente mientras al crecimiento económico no se lo acompañe de medi-
das efectivas de redistribución del ingreso. Los diferentes cálculos de pobreza
revelan que esta tiene un comportamiento cíclico: aumenta en los momentos
de recesión y se reduce en las coyunturas de mejor comportamiento del PIB. Los
cálculos de la Misión de Pobreza, construidos con su propia técnica de imputa-
ción de ingresos y su canasta ‘novísima’, revelan que, en el mejor de los casos, el
nivel de pobreza del 2005 (49.2%) es comparable con el que se obtuvo en 1995
(49.5%), cuando el país creció al 5.2%”.
Las posibilidades de que la sociedad colombiana avance hacia una democracia
en la que las fracciones más vulnerables tengan oportunidad de realización eco-
nómica y que se inicie una verdadera y sostenible salida de las dramáticas con-
diciones de pobreza que afectan a millones de ciudadanos son inhibidas por las
características de concentración de la propiedad de la tierra y de la riqueza en
general. Las cifras, algunas tratadas en el numeral 2 del presente capítulo, eviden-
cian lo expresado y que quedó consignado en el siguiente párrafo del CID, vislum-
brándose lo que se debería esperar de un consenso de paz con equidad (ibid., 6):
“Existe una elevada concentración de la propiedad en la tierra rural: 2.428 pro-
pietarios públicos y privados poseen 44 millones de hectáreas, la mayor parte de
ellas dedicadas a una ineciente y extensiva actividad ganadera que poco aporta
a la riqueza nacional. […] La concentración accionaria es más dramática y está
lejos de fomentar la democracia económica: allí el 0.2% de los accionistas tiene
el 80% del capital bursátil. Esta concentración requiere de medidas audaces de
reparto, para lo cual es indispensable obtener consensos y decisiones políticas
hacia la paz con justicia nacional”.
Las estadísticas expuestas reejan un hecho indiscutible: uno de los activos
fundamentales con que cuenta el país para su desarrollo se encuentra subu-
tilizado y altamente concentrado. Las cifras de esta situación más recientes
(nales de noviembre de 2016) evidencian que la situación sigue igual (ver
numeral 2.3.1.3 del capítulo III).
C. 5 - C, C. U (2000-2015)
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Como se ha expuesto a lo largo de esta obra, las relaciones de propiedad de
la tierra en Colombia constituyen un problema histórico. Los antecedentes de
dicha problemática fueron descritos en el capítulo mencionado. Ramírez (2008),
investigador del Centro de Estudios de la Universidad Nacional “De Justicia”, ha
puesto de presente que los liberales de mitad del siglo XIX, como se expuso en
el capítulo citado, expropiaron extensos territorios que pertenecían a la Iglesia
católica y que el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945)
intentó poner límites al latifundio, pero no se lograron mayores efectos redistri-
butivos. También destaca que, en la década de los sesenta, Carlos Lleras Restre-
po intentó una reforma agraria, pero esta se limitó a las tierras baldías y de baja
calidad y que las presiones políticas nalmente llevaron a su abandono. Todo
esto lo hace concluir que ha habido poca preocupación sobre el tema en todos
los Gobiernos en los últimos setenta años, situación cuyo análisis se retoma en
el capítulo VI desde la perspectiva teórica institucionalista.
La cuestión de la propiedad de la tierra en Colombia está atada a la situación de
violencia del país y ha tenido repercusión directa en la migración campesina,
en el narcotráco, en el desplazamiento de miles de seres humanos y en la baja
productividad. El informe especial de la revista Semana (15 de septiembre de
2008, 56-74) titulado “Los desterrados” registró la cruda situación de miles de
familias colombianas que fueron forzadas a abandonar sus lugares de origen.
El impacto psicológico, cultural, económico y familiar causado a millones de
personas es de tal magnitud que exige de la sociedad una reparación integral.
Algunos apartes de dicho informe dan cuenta de la tragedia que les ha tocado
vivir a las familias víctimas de un delito que, además de violento y violatorio
de los derechos humanos, combinó intereses económicos, políticos y empre-
sariales que han llevado a considerar tal situación como una crisis humanitaria
que ha puesto a Colombia a encabezar las estadísticas mundiales sobre des-
plazamiento forzado (12 de cada 100 desplazados en el mundo) por encima de
países como Uganda (5%), Turquía (4%), R. D. Congo (4%), Argelia (4%), Costa
de Marl (3%), Azerbaiyán (3%), Sri Lanka (3%), Irak (9%) y Sudán (21%).
El informe reconoce el tema de la propiedad de la tierra como el núcleo del con-
icto armado interno como también se ha sostenido en esta obra. Señala las
transformaciones del territorio en las décadas recientes, su impacto en los cor-
dones de miseria de las ciudades y la contrarreforma agraria de los grupos sub-
versivos y el paramilitarismo, aspectos también tratados en este trabajo. En el
informe se calcula que deben reintegrarse cerca de 7 millones de hectáreas y se
destacan las contradicción entre el modelo de grandes proyectos agrícolas y la
vulnerabilidad del pequeño propietario campesino, aspecto que también fuera
analizado en el capítulo II y que se retoma en el III. Consigna la investigación
de la revista Semana: “…La situación ha llegado a tal punto que la Comisión de
Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento, liderada por Luis Jorge
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