Deliberacion democratica y gobernanza en la participacion ciudadana local. El caso de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (cosoc), Biobio, Chile/Democratic Deliberation and Governance in Local Citizen Participation. The Case of the Communal Councils of Civil Society (COSOC), Biobio, Chile/Deliberacao democratica e governanca na participacao cidada local. O caso dos Conselhos Comunais da Sociedade Civil (COSOC), Biobio, Chile. - Vol. 32 Núm. 2, Julio 2020 - Revista Desafíos - Libros y Revistas - VLEX 846176512

Deliberacion democratica y gobernanza en la participacion ciudadana local. El caso de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (cosoc), Biobio, Chile/Democratic Deliberation and Governance in Local Citizen Participation. The Case of the Communal Councils of Civil Society (COSOC), Biobio, Chile/Deliberacao democratica e governanca na participacao cidada local. O caso dos Conselhos Comunais da Sociedade Civil (COSOC), Biobio, Chile.

AutorAravena, Javier Antonio Leon
Páginas1A(38)

Introduccion

Diversos estudios senalan la importancia y beneficios de la participacion ciudadana. De hecho, las actuales tendencias asociadas a la gestion publica y politico-estatal apuntan a su robustecimiento en todo el ciclo de las politicas publicas (Aguilar, 2007; Blanco, Fleury & Subirats, 2012; Sanchez, 2015). En funcion de ello se ha intentado reestructurar las logicas institucionales de la gestion publica, pero tambien las relaciones entre Estado y sociedad civil (Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006).

En terminos basicos, lo anterior constituye un desafio para la mayoria de los paises latinoamericanos (Chamorro, 2016; Cruz & Mballa, 2017) porque, al tiempo que se consolidaron los procesos de refundacion democratica, las posdictaduras (Levine & Molina, 2007), tambien lo hizo un neoconservadurismo institucional, el cual, sustentado en un liberalismo representativo, propicio un distanciamiento entre lo social y politico (Escobar, 2004). Es decir, en tanto se ampliaron derechos politicos, el ejercicio de derechos economicos y sociales se dificulto para amplios sectores de la poblacion. Como consecuencia, ha crecido la desconfianza hacia las nuevas democracias (Chaguaceda & Caldera, 2016), fenomeno que ha sido calificado por O'Donnell (2004) como ciudadania de baja intensidad. Lo anterior pone en riesgo el papel protagonico que la participacion ciudadana deberia cumplir en la consolidacion del Estado democratico (Cunill, 1991).

Si bien se han tomado acciones para subsanar esta situacion, lo cierto es que la sola oferta institucional del Estado no parece efectiva si no se consideran antes las condiciones de demanda social (Canto, 2008). Se requiere, a su vez, de una revision de las logicas y procedimientos a traves de los cuales se configura el ejercicio participativo. En funcion de ello se destacan dos conceptos: primero, el de gobernanta, es decir, el proceso otorgador de legitimidad en el que diversos actores, de manera conjunta, normada, e inmersos en una modo de regulacion heterarquico, toman decisiones referidas a cuestiones que involucran intereses particulares y colectivos (Le Gales, 2009; Zurbriggen, 2011). Segundo, el de democracia deliberativa, concebida como un contexto de expansion de la esfera publica y un modelo en el que la toma de decisiones esta determinada por el desarrollo de dialogos fundados en la igualdad de los sujetos involucrados (Brugue, 2009; Leon, 2014). Al respecto, Chile se presenta como un caso interesante, ya que si bien ha sido catalogado como el segundo pais mas democratico de la region (1) (The Economist, 2017), tambien es un lugar de distanciamiento entre mundo politico y sociedad civil, situacion que ha desmotivado la participacion ciudadana (De la Maza, 2011b). Esto resulta comprensible si se considera la historia reciente de la sociedad civil, que ha transitado desde la coercion de la dictadura militar (1973-1989) a la subvaloracion durante la transicion democratica. Adicionalmente, se figura un diseno democratico en el que la ciudadania es vista como receptora de beneficios y derechos, mas no como un actor decisivo (De la Maza, Robles, Montecinos & Ochsenius, 2012), generandose asi apatia y desconfianza social (Herrmann & Klaveren, 2016).

En este contexto se promulgo en 2011 la Ley 20 500, Sobre Asociaciones y Participacion Ciudadana en la Gestion Publica, la cual regula y promueve la participacion ciudadana en diversos ambitos. Este cuerpo legal creo un nuevo organo a nivel local, denominado Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) que, si bien parecio responder a los requerimientos necesarios para consolidar la participacion ciudadana, particularmente desde la optica de una gobernanza institucionalizada, ha presentado problemas que reflotan los cuestionamientos sobre la correcta articulacion entre condiciones de oferta y demanda participativa, pero, sobre todo, cuestionamientos en torno a su constitucion y funcionamiento. Con esta Ley tambien se creo un Consejo para los Servicios de otras Reparticiones del Estado (regionales y nacionales tambien denominado COSOC, Consejo de la Sociedad Civil); sin embargo, estos no seran objeto de este analisis.

Asi, la implementacion del COSOC, del nivel comunal, aparece como un fenomeno interesante para analizar, principalmente, por el papel conferido a los mecanismos de participacion local, concebidos como una medida estrategica para enfrentar la crisis de representacion que afecta a la mayoria de las democracias latinoamericanas (Pressacco & Rivera, 2015).

Entonces, ?como responde el cosoc a un ejercicio de gobernanza que reuna las condiciones para generar procesos efectivos de deliberacion democratica, y por tanto, de optima participacion ciudadana? Para responder a esta pregunta, en este articulo de investigacion, nos centraremos en dar cuenta del caso de estudio del proyecto titulado "Instalacion de Consejos de la Sociedad Civil y Propuesta de Construccion de dos mecanismos de Participacion Ciudadana de acuerdo a la realidad territorial", ejecutado por la Universidad del Bio-Bio, en la region del Biobio, Chile, durante el ano 2017.

En este se conceptualiza la participacion ciudadana en Chile, para luego indagar especificamente por las condiciones de implementacion del cosoc en la region mencionada. A continuacion, presentaremos el contexto, posteriormente el cuerpo teorico que fundamenta el analisis, seguido del cual se detalla el caso de estudio, la metodologia utilizada y la exposicion de los principales datos y resultados. Finalmente, las conclusiones exponen los hallazgos mas significativos.

Participacion ciudadana y Estado en Chile

En un sentido clasico, la participacion puede ser concebida como la forma a traves de la cual los individuos intervienen en actividades, generalmente vinculadas a decisiones del quehacer publico, representando los intereses de la sociedad de la que hacen parte (Cunill, 1991). Se debe recordar que la participacion es un concepto sujeto a diversas manifestaciones e interpretaciones, y que puede presentarse en formatos pasivos, restringidos, deliberativos, institucionales, entre otros (Welp, 2016). La forma que ella adquiera estara determinada por la existencia, o no, de mecanismos institucionalizados que la prescriban (Garrido-Vergara, Valderrama & Penafiel, 2016).

En Chile, la necesidad de promover la participacion en la gestion publica se viene replanteando con fuerza desde fines del siglo XX. Esto ha suscitado una serie de iniciativas politicas, que, no obstante, se han visto limitadas en sus resultados (Loyola, 2016). La existencia de una ciudadania mas informada y exigente requiere de mejores mecanismos y condiciones que favorezcan la participacion. Esto considerando, ademas, la trayectoria historica de la sociedad civil en Chile, la cual no ha contribuido a fortalecer sustantivamente los lazos con el Estado. Al respecto, se debe considerar la instrumentalizacion de la sociedad chilena y el rol institucional pasivo que se le ha atribuido en diferentes gobiernos (De la Maza et al., 2012).

Esta preocupacion ha sido tomada en cuenta por el Estado chileno, el cual es mas consciente de los cambios culturales y politicos por los que atraviesa la sociedad, y, por tanto, de los nuevos desafios asociados a su regimen de gobierno. Lo anterior ha requerido proponer nuevas medidas que fortalezcan y den soporte institucional, con el fin de garantizar que la ciudadania tenga acceso a las decisiones publicas. Asi pues, se ha tenido la intencion de hacer diversos cambios, no solo en materia de participacion ciudadana, sino tambien, en asuntos de transparencia y acceso a la informacion. Sin embargo, esta nueva tendencia, caracterizada por su mayor flexibilidad y por la implementacion de mas instancias de dialogo, se ha topado con una tradicion de gobierno centralista y verticalizada, en la que las politicas publicas son concebidas y producidas desde el esquema "arriba-abajo" (top-down), con procesos ciudadanos acotados, o mas bien reactivos, y con baja permeabilidad democratica (Salazar, 2005).

Los desafios para concretar formas de participacion efectivas en Chile apuntan al perfeccionamiento de indicadores que den cuenta de las instancias de comunicacion entre Estado y ciudadania, asi como tambien a una profundizacion en la morfologia (necesidades, calidad, equidad, acceso, estructura, entre otras) misma de la participacion, de modo que esta no se transforme en un mero requerimiento normativo derivado de la oferta estatal. Para ello se requiere no solo promover la institucionalizacion o integrar la participacion al ciclo de las politicas publicas, sino tambien salvaguardar situaciones de exclusion que se puedan dar en el espacio mismo de la participacion, cuestion que traslada la discusion al ambito de la calidad de los procesos y a su acceso democratico (De la Maza, 2008), y, por tanto, a los postulados de la gobernanza y la deliberacion democratica.

Institucionalidad y marco normativo de la participacion ciudadana en Chile

La normativa en Chile es diversa e incluye referencias a la incorporacion de la participacion en la gestion. Asi pues, vale la pena destacar la Ley 18 575 Organica de Constitucional de Bases de la Administracion del Estado, la cual consagra el derecho a la participacion ciudadana en la gestion publica. Tambien esta la Ley 19 175, Organica de Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional que define un organo regional de representacion ciudadana a traves del Consejo Regional. Por ultimo, durante el ano 2011, se promulgo la Ley 20 500 sobre Asociaciones y Participacion Ciudadana en la Gestion Publica. En ella se sistematizaron diversos instrumentos y experiencias desarrolladas a nivel sectorial

y territorial y se establecio un marco normativo relacionado con el acceso a la informacion y con la asociatividad de los ciudadanos. En este se reconocia, especificamente, el derecho de las personas a participar en las politicas, planes, programas y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR