El delito de publicidad engañosa en España: algunas consideraciones político criminales y relativas al bien jurídico protegido - Núm. 15, Enero 2016 - Cuadernos de Derecho Penal - Libros y Revistas - VLEX 650854321

El delito de publicidad engañosa en España: algunas consideraciones político criminales y relativas al bien jurídico protegido

AutorCésar Chaves Pedrón
CargoAbogado, Doctor en Derecho, Profesor Asociado de Derecho Penal Universitat de València
Páginas55-84
55
ISSN: 2027-1743 / 2500-526x [En línea], enero-junio de 2016
Doctrina
EL DELITO DE PUBLICIDAD
ENGAÑOSA EN ESPAÑA:
ALGUNAS CONSIDERACIONES
POLÍTICO CRIMINALES Y RELATIVAS
AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
César Chaves Pedrón*
Resumen
Las nuevas técnicas publicitarias tienen una mayor capacidad de incidir
en el comportamiento del consumidor, lo cual sitúa a este último en
clara desventaja respecto de las empresas; si, además, la publicidad es
engañosa, el riesgo para los consumidores es elevado y, por ello, se hace
necesario incrementar su protección en la misma medida. Tal tutela ha
de ser proporcionada por el Estado a través del derecho, pero el análisis
de esta necesidad de protección y la determinación de la forma en que
ella debe realizarse, supone examinar el papel de las distintas ramas del
ordenamiento jurídico a dichos efectos y, en especial, el del derecho penal,
cuya intervención debe evaluarse, en primer lugar, desde una perspectiva
eminentemente político criminal.
Palabras clave
Consumidores, derecho penal económico, publicidad engañosa, marketing,
delitos patrimoniales, delitos económicos.
Abstract
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even more than the priors did. Because of that, consumers are in risk,
particularly when the information is misleading or false, and this
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branches of law, especially, criminal regulation. In this last case, the exam
must start by reviewing the criminal policy that sustains the criminalization
of misleading or false advertisement.
Keywords
Consumers, white collar crimes, misleading advertising, marketing,
economic crimes.
* Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Asociado de Derecho Penal Universitat de València.
56 Cuadernos de Derecho Penal César Chaves Pedrón
ISSN: 2027-1743 / 2500-526x [En línea], enero-junio de 2016
Introducción
El análisis político criminal del delito de publicidad engañosa requiere partir
de unas premisas diferentes a las empleadas en el estudio tradicional de un delito.
Por un lado, ha de considerar la evolución hacia un Estado social que, sin dejar de
preocuparse por el erario público, debe atender las necesidades de los ciudadanos
y esta situación le obliga a intervenir en la regulación de las relaciones comerciales
a través del derecho.
Dentro de esa misma evolución social no puede obviarse el extraordinario de-
sarrollo empresarial y del mercado y el libre acceso al mismo; en este contexto, el
recurso a la publicidad es necesario. No obstante, las técnicas publicitarias van
perfeccionándose y actúan sobre partes de las personas que pueden condicionar
su comportamiento, p. ej., la publicidad emocional incide en la parte emotiva y
genera necesidades de adquirir productos y servicios de consumo que las personas
realmente no precisan.
Ello produce, por lo tanto, una situación de desventaja para los consumidores
frente a las empresas y sus técnicas publicitarias que, en últimas, determinan la
conducta de los primeros sin que estos se den cuenta. En tal escenario, si, además,
la publicidad es engañosa, el riesgo para los consumidores es alto y, por ende, la
necesidad de protección mayor.
El análisis de la situación del consumidor frente a la publicidad engañosa per-
mite tomar posición sobre la necesidad o no de protección penal en estos casos,
pero esa decisión también requiere de una valoración del bien jurídico protegido.
A ello se dedican las siguientes líneas.
Un nuevo contexto
El punto de partida podemos establecerlo en la transformación del Estado libe-
ral en uno social, debido a la evolución de la sociedad que demanda una mayor
intervención del propio Estado (Borja, 2011, p. 187) y en el que la Administración
Pública se hace cargo de la gestión de los recursos públicos para garanizar el bien-
estar de los ciudadanos. Este modelo requiere que el Estado tome las medidas ade-
cuadas para preservar el erario público y asuma las prestaciones necesarias para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (Borja, 2011, p. 188).
El nuevo contexto también impulsa el desarrollo económico según las leyes del
libre mercado y la competencia, lo cual permite un mayor acceso a las empresas y,
también, libertad a la hora de establecer los precios (Stampa y Bacigalupo, 1980,
p. 163). Esta situación puede propiciar un importante desajuste entre las empresas
y las otras partes que intervienen en el mercado, en especial, los consumidores.
Los intereses de los ciudadanos con expectativas de adquisición de bienes
y servicios de índole económica podrían verse afectados por una actividad
empresarial ajena al debido control estatal, es decir, la adecuada injerencia pública
en la vida económico-social se requiere para evitar las desigualdades sociales

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