La desilusión en los sobrevivientes de la masacre del Alto Naya en el marco de Justicia y Paz
| Autor | Fredy Leonardo Reyes Albarracín |
| Páginas | 253-284 |
Presentación del tema
L A N es una unidad geográca de más de 300 000
hectáreas que se extiende desde la formación rocosa de los Farallones de Cali
al oriente hasta la costa Pacíca colombiana en el occidente, bañada por la
hoya del río Naya. Entre el 10 y 13 de abril del 2001, alrededor de 500 hombres
del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia ( ) entraron
en esta extensa región y asesinaron a la población aborigen, afrodescendiente
y campesina bajo el supuesto de ser auxiliadora de la insurgencia del Ejército
de Liberación Nacional (). La incursión paramilitar desencadenó el des-
plazamiento de aproximadamente 3000 personas, quienes se asentaron en los
municipios de Timba y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca,
así como en el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle.
La desilusión en los sobrevivientes
de la masacre del Alto Naya
en el marco de Justicia y Paz*
F L R A**
* Para citar este artículo: http://dx.doi.org/./..
** Candidato a doctor en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social ()
de Buenos Aires. Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y comu-
nicador social de la Fundación Universidad Central. En la actualidad trabaja como docente e
investigador en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y forma
parte del grupo de investigación Comunicación, paz/conflicto. También hace parte del Comité
de Estudios sobre la Violencia, la Subjetividad y la Cultura, y su trabajo doctoral relaciona los
temas de memoria, ley y violencia en el Cauca, Colombia. Correo electrónico: fredyreyes@usan-
totomas.edu.co.
Como universo microsocial, lo que acontece en el Alto Naya ofrece los ele-
mentos para comprender en alto grado algunos de los factores que han carac-
terizado el conicto político, social y armado que experimenta Colombia por
décadas, en tanto la perpetración de la masacre es tan solo la punta del iceberg
de un conicto que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por
la posesión, el uso y titulación de la tierra. Para contextualizar el argumento,
resulta esencial referir dos “realidades” que caracterizan la dinámica regional:
(1) Se trata de una estratégica zona geográca en tanto se convierte en un
corredor natural que conecta a la cordillera occidental con la costa Pacíca.
De ahí que sea un territorio que se busque dominar en términos militares —la
presencia paramilitar desde comienzos del año 2000 buscó, ante todo, dispu-
tarle tanto al como a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (-) el control de la región—. Así mismo, es un territorio propicio
para el cultivo, comercio y transporte de drogas ilícitas, lo cual también desata
enfrentamientos por el control de la zona, que en el pasado involucró, además
de las -, a dos grupos de delincuencia común que emergieron con la
desmovilización de los bloques paramilitares en el año 2005: Los Urabeños y
Los Rastrojos.
(2) En la región cohabitan tres grupos claramente denidos —aborígenes,
afrodescendientes y campesinos— sin que se tenga una cifra certera del total
de la población. Los últimos datos corresponden a un encuentro interétnico
celebrado en el año 2003, que arrojó una población de 22 833 personas dis-
criminadas de la siguiente forma: 3505 aborígenes de los pueblos Nasa (14 %)
y Eperara Siapidaara (1 %); 17 000 afrodescendientes (78 %) asentados en las
zonas del Medio y Bajo Naya; 1118 campesinos (5 %); 1200 personas en con-
dición de desplazamiento (5 %) (Caicedo et al., 2006, 14). Tampoco se tiene
precisión de la población considerada como “otante”, compuesta por campe-
sinos que se integran a los ciclos de producción en el cultivo y recolección de
la hoja de coca. Exceptuando las comunidades del resguardo indígena de Joa-
quincito y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya1, el
grueso de las comunidades no posee títulos de propiedad.
Es importante acotar que la figura del resguardo como institución sociopolítica de origen
colonial sufre un cambio trascendente con la Constitución Política de 1991, en tanto comienza
a considerarse como una entidad territorial junto con los departamentos, municipios y distritos
(artículo 286). Esta condición implica que gozan de autonomía administrativa en un territorio
de titulación colectiva y que participan de las rentas nacionales. Por su parte, el Consejo Comu-
nitario de Comunidades Negras es una figura sociopolítica con personería jurídica que emerge
del artículo 5 de la Ley 70 de 1993, posibilitando que las comunidades afrodescendientes tengan
título de propiedad colectiva sobre la tierra que han habitado históricamente.
…
Días después de perpetrarse la masacre2 en la región del Alto Naya, la In-
fantería de Marina colombiana desplegó la que quizá se pueda catalogar como
la primera gran acción militar contra las denominadas : la Operación Dig-
nidad. Por tierra y agua se movilizaron varias fuerzas en persecución al grupo
de hombres que, huyendo de la región montañosa escenario de la masacre,
seguía el curso del río Naya hacia el océano Pacíco. El golpe militar fue con-
tundente en tanto fueron capturadas en menos de dos semanas más de sesenta
personas, que fueron presentadas ante los medios periodísticos como los auto-
res materiales de la acción.
Cuatro años después, exactamente el 21 de febrero del 2005, el Juzgado Pri-
mero Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Popayán condenó a 70
hombres del Bloque Calima de las a purgar 40 años de prisión (la máxima
condena contemplada por la legislación penal colombiana) por los delitos de
homicidio agravado con nes terroristas, concierto para delinquir y desplaza-
miento forzado. Después, el 15 de agosto del 2007, el Consejo de Estado con-
denó a la nación colombiana —en cabeza del Ministerio de Defensa— a indem-
nizar a 81 personas reconocidas como víctimas de la masacre por un monto
cercano a los 6000 millones de pesos, al demostrarse la responsabilidad por
omisión de las Fuerzas Militares en la ocurrencia de la masacre. Por su parte,
las investigaciones adelantadas por la Fiscalía 21 de derechos humanos hallaron
mérito para abrir investigación contra varios ociales activos y retirados, inclu-
yendo al general (r) Francisco José Pedraza, que para la época actuaba como
comandante de la Brigada del Ejército con sede en la ciudad de Cali, por
la presunta responsabilidad en las acciones acontecidas en abril del 2001 en la
región del Alto Naya. Finalmente, con la entrada en vigencia de la Ley 975 del
2005 o Ley de Justicia y Paz, el grupo paramilitar del Bloque Calima —inclu-
yendo a su comandante Éver Veloza García, alias — se acogieron al marco
jurídico transicional y vienen ofreciendo sus versiones frente a las actuacio-
nes que tuvieron en el grupo paramilitar, incluyendo la masacre del Alto Naya,
lo que eventualmente podría garantizar una rebaja signicativa de la pena (un
máximo de ocho años de prisión) si al nal del proceso los magistrados consi-
deran que sus declaraciones y confesiones aportan a la “verdad” jurídica.
Una mirada general y quizá desprevenida sobre las actuaciones de la admi-
nistración judicial en los distintos escenarios, podría llevar a suponer que en
el caso que nos ocupa se han venido garantizado los principios de “justicia”,
“verdad” y “reparación”. No obstante, tras acompañar a algunas de las personas
de las comunidades del Alto Naya que fueron reconocidas y que se autorreco-
nocen como víctimas de la masacre es posible palpar decepción, insatisfacción
La perpetración de la masacre tuvo un fuerte despliegue mediático dado que se registró en
medio de la conmemoración cristiana de la Semana Santa.
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