Impacto del consultorio jurídico y desplazamiento: el uso alternativo del derecho. Modelo para atención a la población desplazada
| Autor | Josefina Quintero Lyons; Jorge Carvajal Martínez |
| Cargo | Abogada de la Universidad de Cartagena; Abogado de la Universidad Nacional de Colombia <PG173> |
| Páginas | 174-195 |
Este artículo es el resultado de la investigación desarrollada de manera conjunta, que busca dimensionar no el problema del desplazamiento forzado en Colombia, sino aterrizar esta problemática en la implementación del usos alternativo del derecho y a la formulación de un modelo de atención a la población desplazada, para tratar de dimensionar su efecto en términos reales se tomaron los resultados obtenidos por el Consultorio de Derecho y Desplazamiento de la ciudad de Cartagena.
Abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Instituciones Jurídico Laborales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Teoría Crítica del Derecho de la Universidad Internacional de Andalucía, UIA, España, doctorada en Mercado y Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, UPO, España. Investigadora, docente adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Líder del Grupo de Investigación en Derecho del Trabajo, Categoría B de Colciencias. jquinterl@yahoo.com
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Máster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Su trayectoria profesional ha sido principalmente en el área de la sociología jurídica y análisis del conflicto social en Colombia; adicionalmente trabaja como profesor universitario e investigador de ILSA, institución de la cual fue director ejecutivo (2005-2007). Ha sido conferencista invitado en varias universidades del país y ha publicado sus trabajos en diferentes revistas. jorgeilsa@hotmail.com
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El desplazamiento en Colombia constituye, por su magnitud y por la ausencia de una política pública adecuada para el tratamiento de las víctimas, una grave situación de emergencia social; una violación múltiple, compleja y continuada a los derechos humanos; y una de las más graves violaciones al derecho internacional humanitario, pues su ocurrencia está asociada con otros hechos causales como amenazas de muerte, homicidios individuales y colectivos, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, bloqueos económicos y alimentarios, restricciones a la ayuda humanitaria y hostigamientos de todo tipo contra la población civil que se encuentra en zonas cuyo territorio disputan los actores armados. (Corte Constitucional SU 1150/2000). Además de ello, el desplazamiento forzado genera unos efectos psico-sociales irreversibles en la población afectada.
Por sí mismo, el desarraigo de la población víctima de desplazamiento forzado causa traumas para los hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos que lo padecen, circunstancia que se agudiza en los casos de grupos sociales ligados a la tierra, como afrodescendientes, indígenas, y campesinos, de la que no solo derivan su sustento y el de su grupo familiar, sino a la que se encuentran ligados indisolublemente por lazos simbólicos, sentimentales y de identidad. La situación empeora con su llegada a las poblaciones que fungen como receptoras porque se asientan en sitios desprovisto de las mínimas condiciones que garanticen la vida digna.
El flagelo de desplazamiento forzado en el país es una difícil situación que no ha recibido por parte del Gobierno nacional un tratamiento adecuado mediante la implementación de una política pública efectiva y asertiva, que posibilite una solución estructural a la crisis humanitaria que afrontan. En cuanto a la ayuda humanitaria, que además de precaria es lenta en su asignación, obliga a las víctimas a soportar situaciones de extrema pobreza sumadas a la discriminación que genera per se el desplazamiento. Page 175
Ahora bien, es claro que los desplazados se enfrentan a una desprotección y vulneración de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ante las cuales carecen de los medios, y en la mayoría de los casos de la información, que les permita hacer uso del Derecho y sus herramientas jurídicas para acceder a la justicia y realizar una defensa efectiva de sus derechos humanos.
El conocimiento de esta realidad hizo necesaria la creación de una propuesta organizativa cuyo objetivo fundamental es la promoción de grupos de servicios legales que desde la alternatividad jurídica y uso alternativo del derecho sirvan o coadyuven a la superación del conflicto social ocasionado por el desplazamiento.
Dada las características de Cartagena como ciudad turística y su cercanía con las poblaciones en conflicto, es importante relevar su condición de Distrito receptor de una enorme población en situación de desplazamiento, por lo que la propuesta de crear la Red de Derecho y Desplazamiento2 es una necesidad para la urbe.
Por lo anterior, el problema jurídico quedó planteado de la siguiente forma, ¿cuál es el impacto del Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento de la ciudad de Cartagena?
El estudio planteado en este proyecto es de carácter socio-jurídico3, e involucra aspectos cualitativos y cuantitativos que permiten, a través del contraste entre los postulados de la Red de Derecho y Desplazamiento Page 176 y las evidencias extraídas del Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento de la ciudad de Cartagena, establecer el impacto de la atención que reciben las víctimas del desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más alarmantes que afectan a Colombia. El éxodo y desarraigo de poblaciones enteras, y de los grupos sociales especialmente ligados a la tierra como los afrodescendientes, indígenas y campesinos, tiene efectos particularmente graves para la sobrevivencia de estas comunidades vulnerables no solo por la pérdida de sus bienes materiales, sino, fundamentalmente, por la pérdida de su identidad y la ruptura de lazos sociales y simbólicos de estos pueblos. Estas circunstancias se agudizan en virtud de las precarias condiciones de receptividad en las zonas donde llegan: están desprovistas de los más elementales bienes y servicios necesarios para la vida, más aún, para la vida digna; y por el alto grado de discriminación originada en la estigmatización que pesa sobre las víctimas del desplazamiento.
El conflicto armado cuasipermanente (Scripta Nova, 2001, agosto) de Colombia involucra una pluralidad de actores y de factores4, donde las cifras sobre la evolución del desplazamiento son elocuentes por sí mismas; ACNUR señala, según su último informe, que son cerca de 4.000.000 las personas que han sido desplazadas por causa del conflicto armado.
En su gran mayoría estas personas son menores de edad y mujeres. El informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia, de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2001), rescata el significativo impacto del desplazamiento en las mujeres, las adolescentes y las niñas. "Las estimaciones sobre la proporción de mujeres Page 177 desplazadas forzadamente en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila entre 49% y 58% del total de la población desplazada. La suma de las mujeres, los niños y las niñas se acerca al 74% de la población desplazada colombiana con necesidad de atención específica, que puede llegar hasta un 80% en el caso de la población desplazada asentada en centros urbanos grandes."
De acuerdo con un informe de 1995 presentado por la Conferencia Episcopal titulado "Derechos humanos y desplazamiento interno en Colombia", los campesinos constituían el sector más afectado por el fenómeno del desplazamiento en el país. Al respecto, señala que el 40.7% de las personas desarraigadas por la violencia eran asalariados o pequeños y medianos propietarios, todos vinculados a la producción agropecuaria. Los jefes de familia mostraban un alto grado de analfabetismo real y funcional, puesto que un 16.05% no tenía ningún nivel de instrucción, mientras que el 60.26% apenas había cursado la primaria o algunos grados de este nivel básico de educación.
Como se dijo de manera precedente, el desplazamiento forzado afecta en mayor proporción a las comunidades que tienen un apego especial a la tierra (campesinos, comunidades étnicas). De hecho, en el marco del conflicto armado colombiano, el control territorial ejercido por los bandos en contienda y el interés político y económico que sobre la tierra poseen las élites en el país permiten inferir que el desplazamiento forzado, más que una consecuencia de la guerra, se constituye en la estrategia de guerra. Esta visión del problema resulta de la mayor relevancia porque considera al desplazado no como una víctima, sino como sujetos de derechos condicionados...
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