Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia entre el 2006 y el 2010: una aproximación desde las instituciones - Núm. 79, Julio 2017 - Revista Desarrollo y Sociedad - Libros y Revistas - VLEX 830601893

Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia entre el 2006 y el 2010: una aproximación desde las instituciones

AutorAlexander Cuartas Acosta
Páginas125-154
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DESARRO. SOC. 71, PRIMER SEMESTRE DE 2013, PP. X-XX, ISSN 0120-3584
Revista
Desarrollo y Sociedad
79
Segundo semestre 2017
PP. 125-154, ISSN 0120-3584
E-ISSN 1900-7760
Determinantes de la explotación de maderables
en Antioquia entre el 2006 y el 2010: una
aproximación desde las instituciones
Determinants of Timber Exploitation in Antioquia
between 2006 and 2010: An Approach from the
Institutions
Alexander Cuartas Acosta1
DOI: 10.13043/DYS.79.4
Resumen
Este artículo analiza los determinantes institucionales de la explotación fores-
tal en Antioquia entre el 2006 y el 2010. La hipótesis central argumenta que
la informalidad en la tenencia de la tierra genera incentivos para la sobre-
explotación de recursos madereros, mediante la omisión o alteración de las
instituciones que reglamentan la explotación forestal. De este modo, se esti-
mará la relación entre la explotación maderera en Antioquia y el estado de
los derechos de propiedad sobre la tierra.
La propuesta metodológica incorpora un modelo de datos de panel de efec-
tos fijos, permitiendo trazabilidad temporal y longitudinal de la explotación
en los municipios productores. Los resultados sugieren que en los municipios
con mayor informalidad en la tenencia de la tierra también tiende a darse
mayor explotación forestal por la dificultad de las organizaciones para aplicar
1 Economista de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Correo electrónico: alcuartas@gmail.
com
Este artículo fue recibido el 28 de julio del 2016, revisado el 27 de septiembre del 2016 y finalmente
aceptado el 10 de mayo del 2017.
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la regulación. El artículo cuantifica la relación entre las instituciones aso-
ciadas a la actividad forestal y los derechos de propiedad sobre la tierra.
Palabras clave del autor: derechos de propiedad, organizaciones, neoinstitucio-
nalismo, corporaciones autónomas regionales (CAR) (palabras clave del autor).
Clasificación JEL: L73, P48, Q12.
Abstract
The purpose of this article is to analyze the institutional determinants of the
forest harvesting in Antioquia between 2006 and 2010. The main hypothesis
argues that informality in land tenure creates incentives to overexploit the
wood resources through the omission or alteration of the institutions which
regulate the forest harvesting. Thereby, in this paper it is estimated the relation-
ship between forest harvesting in Antioquia and the property rights over land.
Methodologically, this work incorporates a fixed effects panel data model,
which allows temporal and longitudinal traceability of the wood exploitation
in the producing municipalities of Antioquia. The results suggest that high lev-
els of forest harvesting occur in municipalities with high informality in land
tenure due to the difficulty of organizations to enforce regulations. This arti-
cle quantifies the relationship between institutions which regulate the forest
harvesting and the property rights over land.
Key words: Property rights, organizations, new institutionalism, autonomous
regional corporation (CAR) (author’s key words).
JEL classification: L73, P48, Q12.
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Introducción
Los recursos naturales son un bien de origen mixto que proporciona exter-
nalidades ambientales positivas de libre entrada, pero también constituye
un insumo fundamental para las actividades productivas de muchos secto-
res económicos. No obstante, la inadecuada regulación de las organizaciones
competentes (Cárdenas, 2004), la distancia entre estas y los lugares de explo-
tación y la proliferación de instituciones informales generan incentivos para
el aprovechamiento inadecuado de estos recursos, propiciando la sobreexplo-
tación y su agotamiento, y llegando a lo que se conoce como tragedia de los
comunes (véase, v. g. Buchanan y Yoon, 2000; Ostrom et al., 2002). Este esce-
nario socialmente ineficiente reduce la función de bienestar social y pone en
riesgo la sostenibilidad ambiental de las regiones.
En las últimas décadas, la sostenibilidad ambiental ha tomado gran relevancia
como determinante del crecimiento económico (Collier, 2009). Esto se ha visto
reflejado en las políticas implementadas en diferentes países con el objetivo de
hacer compatible el desarrollo económico con la preservación de los recursos
naturales. Una de las preocupaciones medioambientales más destacadas es la
tala indiscriminada de árboles que amenaza la estabilidad de muchos ecosis-
temas, dado que las tasas de deforestación ascienden paulatinamente, debido
en gran medida a la expansión de la agricultura de subsistencia y comercial
(Ramírez y Orrego, 2011). En efecto, se estima que el 86% de la población de
las regiones tropicales vive por debajo de la línea de la pobreza, a esto se le
suma el hecho de que la tasa de crecimiento de la población en estas regiones
es superior a la tasa mundial (Bhagwat, Willis, Birks y Whittaker, 2008), lo cual
incide en que las personas decidan adaptar nuevas tierras para la agricultura
aunque esto implique la reducción de bosques nativos. Entre los diferentes
factores que podrían explicar la persistencia de los mercados forestales infor-
males, la literatura destaca los derechos de propiedad sobre la tierra. Actual-
mente, existe un consenso en cuanto a que los derechos de propiedad2 son un
elemento importante en la estructura institucional de una economía y consti-
tuyen un incentivo importante para las decisiones económicas de los agentes.
2 Los derechos de propiedad se refieren a la capacidad de un propietario para utilizar un activo para
consumo o generación de riqueza, así como a la enajenación del bien o su posibilidad para ser usado
en un contrato para la renta, compromiso o hipoteca del activo (Besley y Ghatak, 2010).
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En Antioquia existen en total 3.089.433,66 ha aptas para la reforestación
comercial y para el año 2000 el bosque primario representaba el 7,2%, el
secundario el 35,5%, mientras que las plantaciones forestales el 0,6%; sin
embargo, la utilización del suelo se concentraba en usos pecuarios —pastos
para la ganadería—, constituyendo el 54%, mientras que la tierra apta para
tales fines se estimaba en un 12% para el mismo período (Giraldo y Muñoz-
Mora, 2012). Lo anterior da cuenta del conflicto de intereses que surge entre
la vocación y el uso del suelo, lo que puede explicar las circunstancias que
hacen que la explotación forestal se dé en predios informales ante la conges-
tión de los predios rurales utilizados en actividades pecuarias.
Las entidades encargadas de regular la actividad forestal en el departamento
son las corporaciones autónomas regionales (CAR), a las que les compete otor-
gar licencias para el aprovechamiento forestal, además de vigilar su desarrollo
desde la producción en finca hasta la movilización para su transformación en
productos maderables, estando presentes así a lo largo de la cadena produc-
tiva. De allí entonces que la explotación en predios informales pueda afectar
los intereses ambientales, además de la percepción de ingresos de los muni-
cipios con el impago de tributos prediales. A pesar de esto, se ha estudiado
poco acerca de la influencia de los derechos de propiedad y, en particular, de
su incidencia como uno de los determinantes institucionales de la explotación
de maderables en Antioquia.
Este artículo analiza las instituciones relacionadas con la explotación de
maderables en Antioquia para el período 2006-2010. La hipótesis central
del trabajo argumenta que en escenarios con instituciones y organizacio-
nes débiles, se configuran incentivos para la sobreexplotación de los recur-
sos forestales en detrimento de la sostenibilidad ambiental. Con información
de las CAR sobre explotación, movilización y decomisos forestales, así como
una variable proxy de los derechos de propiedad en Antioquia (Índice de
Informalidad en la Tenencia de la Tierra), se propone un modelo de datos
de panel de efectos fijos que brinde controles por diferentes fuentes de varia-
ción no observable, tanto temporal como de corte transversal.
Los resultados sugieren que esa informalidad incentiva el aprovechamiento
forestal a través de la explotación de especies vedadas, el subregistro o no
registro del volumen efectivamente explotado, así como la intermediación de
actores que alteran los demás instrumentos de control establecidos por las
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corporaciones. Este trabajo contribuye así con la comprensión de los determi-
nantes institucionales de la explotación de los recursos forestales en Antio-
quia usando metodologías cuantitativas robustas. Asimismo, las estimaciones
puntuales halladas proveen una aproximación de la relación entre los derechos
de propiedad de la tierra y la explotación maderera y proporcionan informa-
ción para el mejoramiento de la política ambiental y el fortalecimiento de las
organizaciones competentes, mediante la identificación de diversos aspectos
estructurales asociados al aprovechamiento forestal.
El artículo está dividido en siete secciones, incluyendo la introducción. La
primera sección revisa un marco teórico de referencia para el análisis de las
instituciones en el aprovechamiento forestal; la segunda aborda las institu-
ciones forestales y las organizaciones competentes en Antioquia. En el tercer
apartado se introducen los datos. Posteriormente, la cuarta sección detalla la
estrategia empírica que utiliza este trabajo, para así, en la sección número
cinco, presentar y comentar los resultados de las estimaciones. Finalmente, la
sexta sección concluye.
I. Marco teórico
De manera general, las instituciones pueden ser definidas como “[…] las prescrip-
ciones que los humanos usan para organizar todas las formas de interacciones
repetitivas y estructuradas […]” (Ostrom, 2005, p. 3). La literatura económica ha
sugerido que estas tienen un papel fundamental en el desarrollo económico, en
cuanto definen y delimitan las reglas de juego que garantizan el desarrollo efi-
ciente de las relaciones económicas entre los agentes (v. g., Acemoglu y Robin-
son, 2012; De Janvry, Sadoulet y Murgai, 2002; Dercon y Krishnan, 2010; Feder
y Feeny, 1991). En este sentido, diseños institucionales eficientes inciden en la
conformación de incentivos políticos, sociales y económicos que modifican las
preferencias de los individuos para alcanzar los máximos niveles de bienestar
social (North, 1990).
Las instituciones pueden ser formales o informales. Las primeras hacen refe-
rencia a las reglas de carácter vinculante, asociadas a los procesos regulatorios
y con sistema de cumplimiento claramente definido (i. e., con penalizaciones
por incumplimiento). Por su parte, las informales se refieren a las actividades
de carácter rutinario, usualmente no escritas, cuyo cumplimiento se da por
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fuera de los canales oficialmente sancionados (Helmke y Levitsky, 2004). Aun-
que ambas instituciones podrían incidir en la formación de preferencias de los
individuos, la literatura económica favorece a las instituciones formales como
potenciadoras del desarrollo económico. La existencia y validación escrita de
las instituciones formales permite garantizar el cumplimiento de las reglas a
través de canales legales, los cuales generan incentivos para el desarrollo de
relaciones económicas eficientes (North, 1990). En este sentido, el impacto
de las instituciones formales, tales como las reformas al sistema político y la
creación de derechos de propiedad suelen generar las condiciones necesarias
para el crecimiento económico sostenible (Leite, Silva y Afonso, 2014).
Entre las instituciones formales de mayor relevancia en las economías en
desarrollo se encuentran los derechos de propiedad. Estos otorgan a su tene-
dor el derecho a disponer de un bien o activo para el consumo, la generación
de ingresos y transferencia a un tercero, lo cual afecta a su vez la distribu-
ción intergeneracional de la riqueza (Besley y Ghatak, 2010). Su existencia y
la claridad en su definición son determinantes para el desarrollo de activida-
des productivas al reducir el riesgo de expropiación y los costos asociados a
la protección de los bienes, además de facilitar su uso en el mercado secun-
dario o financiero (Besley y Ghatak, 2010). Por el contrario, derechos de pro-
piedad débiles o mal definidos generan desincentivos a la inversión y el uso
productivo de los bienes crea en el largo plazo círculos de pobreza y subde-
sarrollo (Acemoglu y Robinson, 2012). Asimismo, desde la economía política,
una definición incompleta de los derechos de propiedad de las pequeñas uni-
dades productivas rurales podría ser utilizada por las élites locales (usualmente
terratenientes) para garantizar salarios bajos y asegurarse una cantidad de
fuerza laboral suficiente (Fergusson, 2013).
El diseño eficiente de los derechos de propiedad es de particular relevancia en
bienes de naturaleza mixta como los recursos naturales. Estos bienes son a su
vez públicos, al proveer externalidades positivas de libre acceso (e. g. la calidad
del medio ambiente); y privados, al generar rentas a partir de su explotación.
En este sentido, una mala definición de los derechos de propiedad puede pro-
piciar una inadecuada explotación, lo cual puede tener consecuencias nefastas
para un país (v. g. “la maldición de los recursos naturales”3). La dependencia de
3 La maldición de los recursos naturales es un fenómeno en el cual países y regiones con recursos natu-
rales abundantes tienen poco desarrollo y poco crecimiento económico, esto se debe principalmente
a que la economía depende altamente de estos recursos (Shao y Yang, 2014).
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las actividades extractivas puede sesgar el crecimiento económico de un país
o región hacia actividades cuyos retornos son temporales y que tienen como
consecuencia la apreciación del tipo de cambio, lo cual, a su vez, contribuye
a desincentivar otros sectores como el manufacturero. En presencia de insti-
tuciones débiles (v. g., reglas de juego mal diseñadas o derechos de propiedad
mal definidos), dicha dependencia excede las implicaciones económicas y puede
afectar la estabilidad política de los regímenes democráticos; una consecuen-
cia de esto son los incrementos en el gasto público orientados a favorecer a
determinados grupos de interés, mientras que se hacen disminuciones en otros
rubros de inversión como infraestructura y educación. De hecho:
[…] en ausencia de rentas procedentes de recursos [naturales], un sis-
tema de gobierno completamente democrático rinde cerca de un dos
por ciento anual más que una autocracia despótica. Cuando esas ren-
tas representan más o menos un ocho por ciento del total de la renta
nacional, la democracia deja de suponer una ventaja en términos de
crecimiento […]. (Collier, 2009)
Lo anterior sugiere que las instituciones y sus mecanismos de control tienen
un papel fundamental en el manejo eficiente de las rentas provenientes de la
explotación de recursos naturales.
Así pues, fenómenos como la “maldición de los recursos naturales” pue-
den entenderse como fallas del mercado, ya que este por sí mismo no puede
garantizar el uso eficiente de los recursos naturales y, por tanto, se requiere
la formulación de reglas claras que regulen las actividades productivas para
garantizar que la explotación de estos recursos se acerque al óptimo social.
Por tanto, dado que en estos mercados se procura alcanzar un uso eficiente
de los recursos agotables que garantice tanto su asignación intergeneracional
óptima, como un beneficio económico, el papel de las instituciones es signi-
ficativo para atender estas fallas de mercado, puesto que permite aclarar las
condiciones necesarias para el desarrollo de actividades productivas, bien sea
por medio de su función regulatoria a cargo entidades gubernamentales, o
contractual, acordado entre los involucrados en dichas actividades (Aguilera
y Alcántara, 1994).
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Dentro de las actividades productivas basadas en bienes ambientales se desta-
can las actividades agroforestales4. En este campo, el diseño de instituciones
eficientes desempeña un papel fundamental para su uso racional y sostenible,
ya que estas actividades están fuertemente influenciadas por factores insti-
tucionales como la seguridad en la tenencia de la tierra, condiciones de mer-
cado favorables, facilidades de crédito y costos de transacción (Rasul y Thapa,
2006). Cuando estos factores son débiles o fallan, los agricultores prefieren
tener cultivos de subsistencia, que son poco rentables, en vez de incursionar
en proyectos productivos agroforestales con mayores beneficios en el largo
plazo. Así, las instituciones tienen una función relevante en la determinación
de las prácticas económicas de los agentes, como en la modificación que estas
decisiones sufren a lo largo del tiempo, lo cual se da debido a que las institu-
ciones son endógenas a la interacción entre actores, lo que, a su vez, configura
su carácter dinámico (Tsebelis, 1990, citado en Rivas, 2003).
En conclusión, el desarrollo de actividades agroforestales está profundamente
ligado a las instituciones formales en la medida en que estas son en sí mis-
mas incentivos a la explotación de estos recursos ambientales. Dentro de las
instituciones formales se destacan los derechos de propiedad, que de acuerdo
con Feder y Feeny (1991) son necesarios dado que asignan las pérdidas y
ganancias de la acción de los agentes, y además tienen un efecto tanto en los
incentivos como en los límites de las transacciones en el mercado de la tierra
y el acceso a crédito. Por tanto, la existencia o no de derechos de propiedad
claramente definidos y métodos de control para garantizar su cumplimiento
es un determinante a la hora de decidirse por modelos de explotación agrofo-
restal y, particularmente, por la explotación de recursos maderables, teniendo
en cuenta el período de tiempo que requiere su explotación, entre otros fac-
tores. En este orden de ideas, en este artículo se analiza la incidencia de las
instituciones débiles en el aprovechamiento de los recursos maderables y la
sobreexplotación que surge debido a la dificultad de las organizaciones encar-
gadas de hacer cumplir las reglas de juego.
4 Estas actividades son entendidas como un enfoque integral sobre el uso de la tierra, donde los cultivos
de maderables coexisten con aquellos de tipo herbáceo y pecuario en algún arreglo espacial o temporal
específico (Lai, 1991), además de implicar interacciones ecológicas y económicas (Zomer, Coe, Place,
Van Noordwijk y Xu, 2014). Esta aproximación reconoce la multiplicidad de actividades que pueden
realizarse paralelamente en las unidades productivas rurales, siendo aquellas dedicadas a la explotación
de maderables en las que se hará énfasis. En este sentido, la adopción de prácticas agroforestales puede
ser justificada a partir de consideraciones relacionadas con la innovación tecnológica, las estrategias
de subsistencia de los cultivadores y sus familias, así como sus decisiones para reducir el riesgo y la
incertidumbre (Scherr, 1995).
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II. Institucionalidad forestal en Antioquia
La protección y regulación del aprovechamiento de los recursos naturales en
Colombia se encuentran contempladas en la Constitución de 19915 y son regla-
mentadas por la Ley 99 de 1993 (Ley Ambiental General). Este marco jurídico
creó las corporaciones autónomas regionales (CAR) como autoridades ambien-
tales encargadas por velar el cumplimiento de la ley ambiental en jurisdiccio-
nes territoriales homogéneas6. En Antioquia existen tres CAR: 1) Corantioquia,
con jurisdicción en 80 municipios; 2) Cornare, cuya jurisdicción comprende 26
municipios, y 3) Corpourabá, que integra los 19 municipios restantes. El Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) es la autoridad ambiental que actúa
sobre 9 de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá para efectos de
planificación del territorio, transporte masivo y ejecución de obras de interés
metropolitano, dados los procesos de conurbación; no obstante, este análisis
se centra en los municipios vinculados a las tres primeras CAR, ya que es allí
donde se concentra la explotación maderera en Antioquia (figura 1).
En relación con la explotación de maderables, a las CAR les compete garan-
tizar el cumplimiento de la regulación y mecanismos de vigilancia existen-
tes para las diferentes fases de la cadena productiva7. En primer lugar, están
encargadas de emitir permisos y concesiones de aprovechamiento forestal.
5 El artículo 8 aclara que el Estado debe “proteger las riquezas naturales de la nación”; el 79 le asigna
como competencia “proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial
importancia ecológica”. Las actividades económicas basadas en el aprovechamiento de los recursos
naturales son consideradas por la Constitución en el artículo 334 y facultan al Estado para intervenir
y garantizar el uso sostenible de los recursos ambientales, entre otros.
6 El artículo 23 de la mencionada ley estipula: “Las corporaciones autónomas regionales son entes cor-
porativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio
y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente”.
7 En la cadena productiva de la explotación forestal se pueden identificar las siguientes fases: deter-
minación del uso de la madera, selección de especies, recolección de semillas, construcción del vivero
de árboles, siembra o plantación (preparación del terreno para reforestar, trazado o ahoyado), manejo
silvicultural de la plantación (limpia, poda, entresaque, troceado, desrame, entre otras) para llegar
finalmente a la producción de madera en pie (Agrocadenas, 2005).
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Figura 1. Jurisdicciones territoriales de las CAR en Antioquia
Corantioquia
Cornare
AMVA
Corpourabá
Fuente: Giraldo y Muñoz-Mora (2012).
Estos permisos son solicitados por las personas interesadas en explotar culti-
vos madereros o las áreas de bosque primario o secundario. El objetivo central
de estos permisos es la regulación del tipo de cultivos en cuanto a variedad y
ubicación de la explotación. En segundo lugar, una vez el recurso maderable es
extraído, se debe solicitar un salvoconducto para la movilización de la madera
por las vías del país. Su objetivo es certificar que el recurso forestal ha sido
explotado en predios con permisos forestales y da características generales
de la madera, entre ellas, que sea una especie permitida (no vedada). Además
de esto, en coordinación con la unidad ambiental de la policía nacional, las
CAR realizan controles para la incautación de productos forestales que pre-
sentan inconsistencias con la legalización de los documentos8, ejerciendo sus
8 Cabe anotar que los decomisos pueden ser preventivos o definitivos. En el primer caso se especifican los
detalles de la incautación (especímenes, cantidad, identificación de la persona a quien se le decomisa, entre
otros) y se deja a disposición de la corporación responsable para dar inicio a las medidas a las que haya
lugar (proceso sancionatorio ambiental, indagación preliminar o levantamiento de la medida cautelar).
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facultades para sancionar a través de los decomisos preventivos o permanen-
tes, según la naturaleza de la infracción.
A pesar de este marco institucional, hay prácticas informales para incremen-
tar los rendimientos económicos de la explotación forestal. Estas prácticas
son usualmente realizadas por intermediarios del mercado maderero, quienes
contactan a pequeños campesinos sin permisos de aprovechamiento fores-
tal —debido a restricciones monetarias o de localización— para desarrollar
la explotación de los predios rurales (generalmente, sin derechos de propie-
dad). Las dos modalidades principales para la tala son: la primera, en la que
los intermediarios son quienes cortan la madera y se encargan de movili-
zarla y comercializarla9; y, la segunda, recibiendo la tala directamente de los
propietarios u ocupantes de los predios y solucionando las últimas dos eta-
pas del proceso. Asimismo, en los casos en los que se cuenta con permiso de
aprovechamiento, se incurre en la explotación de volúmenes superiores a los
declarados (en los salvoconductos) o el aprovechamiento de especies vedadas
(Giraldo y Muñoz-Mora, 2012).
III. Datos y estadística descriptiva
Este estudio se basa en datos municipales proporcionados por las CAR de Antio-
quia, reportados para el aprovechamiento forestal, la movilización y los deco-
misos de maderables entre el 2006 y el 2010. Estas cifras son recolectadas por
las CAR a través del registro de permisos y salvoconductos solicitados, así como
el reporte de madera incautada. Esta información tiene una alta variabilidad
en su calidad y disponibilidad debido, entre otros factores, a: 1) la naturaleza
de la producción maderera que hace que la producción se comporte de manera
cíclica y estacional; 2) falta de reporte de las unidades territoriales en los muni-
cipios, y 3) el manejo de la información de manera no sistemática por parte de
las CAR10. No obstante, con el fin de obtener la información que permita realizar
la mejor inferencia posible, los datos han sido constatados con los reportes de la
9 En este punto, los operadores de motosierra se vuelven los principales actores de la intermediación,
dando lugar a la figura de los aserradores trashumantes, quienes se caracterizan por estar continua-
mente movilizándose para realizar el aprovechamiento informal en predios aislados.
10 Por ejemplo, resulta llamativo el caso de La Ceja, que registra en el 2006 y el 2008 explotación por
encima de los 8.000 m3, pero el resto de años no hay registros. Asimismo, Rionegro reporta 12.937 m3
en el 2006, 2.815 en el 2008 pero no aparecen registros en los años restantes.
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Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación y depurados para tener los
reportes más fiables y contribuir así con la solución de posibles problemas de
variables omitidas o causalidad inversa, relacionados con la calidad de los datos
reportados.
La figura 2 presenta el volumen de aprovechamiento forestal extraído y repor-
tado por las respectivas CAR, medido en metros cúbicos (m3), para 61 muni-
cipios del departamento. En general, se observa una gran variabilidad en los
datos (cuadro 1), lo cual es producto de la existencia de valores atípicos que
alteran su comportamiento. La figura sugiere un comportamiento descendente
en el aprovechamiento forestal, siendo el 2006 el año de mayor explotación
para Corantioquia y Cornare. Esto se justifica por los altos niveles de explo-
tación de Amalfi y Sopetrán (este último solo reporta aprovechamiento en el
2006) para la primera CAR. El aprovechamiento forestal de esos municipios no
guarda relación con los años subsiguientes, que son sustancialmente meno-
res. El caso de Cornare se explica por el comportamiento de El Peñol, donde el
aprovechamiento para el 2006 supera el del 2007 en 604 veces, el del 2008
en 286 y el del 2009 en 8.540.
Ahora, si se mira de manera agregada el volumen extraído por corporación
(figura 3), resulta llamativo que en los municipios de Cornare se dé un apro-
vechamiento promedio casi tan alto como el registrado en los municipios de
Corantioquia, aun cuando esta última sea la corporación que mayor cantidad
de municipios tiene bajo su jurisdicción. Esto se explica en alguna medida
por los altos valores de aprovechamiento de algunos municipios del oriente,
entre ellos El Peñol, que coincide con el valor máximo de aprovechamiento
del cuadro 1.
Como se mencionó, el reporte de los datos puede implicar que no haya segui-
miento permanente a la explotación o que no haya existido explotación. Sin
embargo, el último caso es improbable si se revisan los reportes históricos
por municipios. Esto dificulta la trazabilidad de la información forestal en el
departamento, obstaculizando los análisis y la toma de decisiones sobre esta
actividad productiva, tanto para las entidades reguladoras (sector público) o
potenciales interesados en el negocio (agentes privados). Cabe anotar que estas
dificultades se observan también en las demás variables forestales estudiadas.
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Figura 2. Volumen de aprovechamiento forestal anual (m3) por CAR
Mean of vol. m3
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Corantioquia Cornare Corpourabá
2006
2008
2010
2007
2009
Nota: explotación de madera según la jurisdicción de las CAR para el período 2006-2010
Fuente: elaboración propia a partir de la información reportada por las CAR.
Figura 3. Aprovechamiento forestal total (m3)
Excludes outside values
Volumen de aprovehcamiento (m3)
15.000
10.000
5.000
0
Corantioquia Cornare Corpourabá
Nota: aprovechamiento forestal en los municipios agrupado según la respectiva jurisdicción de la CAR. Se
excluyen los valores atípicos
Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por las CAR.
Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia
138
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Con respecto a los decomisos, vale la pena resaltar que Corpourabá es la auto-
ridad ambiental que mayor cantidad de decomisos tiene con un registro entre
el 2006 y el 2010 de una incautación promedio de 229 m3, contra 39,07 m3 de
Corantioquia y 38,83 m3 de Cornare. Dicha tendencia en los municipios cuya
jurisdicción compete a Corpourabá se ve influenciada debido a que Turbo es
el municipio que mayor incautación registra (valor máximo), tanto en el 2008
como en el 2010, cuando vuelve a reportar la mayor incautación (299,47).
Por otro lado, como una aproximación al estado de los derechos de propiedad
en Antioquia, se utiliza el Índice de Informalidad en la Tenencia de la Tierra
incluido en el Gran atlas de la propiedad de la tierra, de la Universidad de los
Andes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)11 (2012). Este índice
es la ratio de predios sin matrícula inmobiliaria y el área catastral total pri-
vada12. Esto es:
Informalidad Área hdemunicipiosin títulosdepropieda
it =
()
dd
Área hcatastral totalprivada
t
t
()
(1)
El índice está entre 0 y 1, lo cual indica que en la medida en que se acerque a
1, el municipio es altamente informal y se constituye como un territorio con
derechos de propiedad débiles. Caso contrario si el valor del índice tiende a 0.
En los municipios en los que se registró aprovechamiento forestal, San Fran-
cisco es el que mayor informalidad presenta entre el 2006 y el 2009 (0,916,
0,916, 0,916 y 0,906, respectivamente) y su promedio de aprovechamiento para
los años analizados es 6.206,32 m3, cifra superior al promedio agregado. Esto
sugiere, entonces, una posible relación entre la informalidad en la tenencia
de la tierra y el aprovechamiento de los recursos forestales.
Además, para el análisis se utilizarán variables de control de tipo fiscal, así
como de distribución con el fin de analizar la incidencia de otros factores aso-
ciados al fortalecimiento institucional de las entidades territoriales. En cuanto
a las primeras, se utiliza la proporción de los ingresos percibidos por el predial,
con respecto a los ingresos totales como una variable que permite hacer una
11 El IGAC es la entidad que produce la información catastral y cartográfica oficial de Colombia.
12 Las matrículas inmobiliarias representan el título de propiedad del predio y sirve, entre otras, para
obtener permisos de aprovechamiento forestal y desarrollo de actividades productivas, además de
constituir el colateral para el mercado financiero. Es requisito para la enajenación del activo.
Alexander Cuartas Acosta 139
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aproximación a la realidad fiscal de los municipios, con el fin de afianzar el
enfoque del trabajo a partir de la principal variable explicativa, toda vez que
en la medida en que la participación de los ingresos tributarios por predial sea
considerable, se puede pensar en la fortaleza institucional de las entidades
territoriales en la fiscalización tributaria y la actualización catastral.
Asimismo, se incorpora el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), el cual diferen-
cia los gastos de funcionamiento respecto de los de inversión mediante seis
componentes13, y hace referencia a los gastos recurrentes de las entidades
territoriales y su capacidad para afrontar el sostenimiento y mejorar el bien-
estar social, dando cuenta de la fortaleza institucional, fiscal y financiera de
los municipios. El indicador va de 0 a 100, siendo esta última la mejor califi-
cación posible en el manejo de los recursos públicos.
Por otro lado, en cuanto a la distribución, se incluye el Gini de terrenos como
una medida de la repartición equitativa de la propiedad. Para su cálculo se tiene
en cuenta la información estadística reportada por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE) y se basa en las hectáreas de los predios.
El cuadro 1 contiene las principales estadísticas descriptivas de las variables
mencionadas.
Cuadro 1. Principales estadísticas descriptivas
Variables Media Desviación
estándar Mínimo Máximo
Aprovechamiento forestal 4.139,85 6.104,57 3 42702
Movilización 2.472,95 3.401,21 3 14.945.080
Decomisos 108,66 354,69 0 3.328.740
IDF 61.782 9.484 34.188 92.660
Índice de informalidad 0,228 0,192 0,0001 1
Gini terrenos 0,695 0,090 0,49 0,920
Predial 0,053 0,049 0 0,248
Nota: principales estadísticas descriptivas de las variables de interés en el modelo. Las primeras tres están
medidas en metros cúbicos, la última es un valor entre 0 y 1.
Fuente: realización propia a partir de los datos reportados por las CAR para el período 2006-2010 e
IGAC (2012).
13 Estas proporciones miden: 1) autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, 2) respaldo del ser-
vicio de la deuda, 3) dependencias de las transferencias de la nación y las transferencias, 4) generación
de recursos propios, 5) magnitud de la inversión y 6) capacidad de ahorro.
Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia
140
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IV. Estrategia empírica
A. Ecuación a estimar
Se pretende estimar un modelo de datos de panel para la actividad forestal
en el departamento de Antioquia entre el 2006 y el 2010. No obstante, dada
la naturaleza de la información, se tiene un panel desbalanceado donde los
datos faltantes son en su mayoría aleatorios (missing at random), lo que se
subsana procediendo inicialmente con un proceso de imputación e incluyendo
controles que aporten información que controle la ausencia de datos, con el
fin de asegurar que las estimaciones obtenidas sean robustas. Así, los deter-
minantes del aprovechamiento forestal del municipio i, que pertenecen a la
CAR c, en el año t están definidos por:
ExplotaciónforestalInformalidad X
ic
ti
ct itciic
=
α+
β+
β+α+µ
11 tt (2)
Se tendrá como variable dependiente el volumen de aprovechamiento fores-
tal (m3). Sin embargo, debido a que el interés del trabajo está relacionado con
las instituciones formales forestales, también se replicará el ejercicio para las
variables movilización y decomisos, para diferenciar la incidencia de la infor-
malidad sobre la producción y el tránsito de la madera, así como la incautación
debido a irregularidades en el proceso de aprovechamiento y movilización.
Mientras que la primera variable da cuenta de la cantidad de madera explo-
tada, la movilización registra la madera transportada entre el sitio de produc-
ción y el de transformación o sitio de finalización. Los decomisos, por su parte,
indican la cantidad de madera incautada por la autoridad ambiental debido a
irregularidades en el proceso de explotación.
Como principal variable explicativa se tiene el Índice de Informalidad de la
Tenencia de la Tierra Informalidad
ict
. Se espera que en ausencia de derechos
de propiedad o en territorios donde su definición e implementación sea débil,
la incidencia de la informalidad en la tenencia de la tierra desincentive la
explotación forestal dada la inseguridad sobre los predios destinados a la pro-
ducción, esto es que β
1
. No obstante, como se encuentra en parte de la
literatura económica sobre la explotación de recursos naturales, la inciden-
cia de la informalidad puede estar incentivando el aprovechamiento forestal
ilegal, debido a los costos de oportunidad, localización e incluso pecuniarios
Alexander Cuartas Acosta 141
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que implica el trámite de permisos gubernamentales. En este sentido, no es
improbable obtener un valor positivo del parámetro.
En lo que respecta a la movilización, se espera una relación inversa con la
informalidad; Sin embargo, como se observa en otros estudios de tipo explo-
ratorio, en presencia de intermediarios que intentan manipular los salvocon-
ductos, los permisos de movilización pueden verse alterados para legalizar
explotaciones que inicialmente no contaban con permisos de aprovechamiento
(v. g., Giraldo y Muñoz-Mora, 2012). Finalmente, para los decomisos, dada la
regulación que les compete a las CAR, se espera que ante la inspección efi-
ciente de las autoridades ambientales, donde existan irregularidades para la
explotación (ausencia de derechos de propiedad) y aun así se ejerza la acti-
vidad, incrementen los decomisos. En este sentido, entonces, en presencia de
informalidad se cree que el coeficiente estimado de la informalidad es posi-
tivo en todas las ecuaciones.
Además, se incluye un vector de controles X
ict
, que contiene el Índice de
Desempeño Fiscal, el Gini de terrenos y la proporción de los ingresos por pre-
dial del total de ingresos de las entidades territoriales y el vector de coefi-
cientes estimados ().
B. Metodología
La técnica de datos de panel consiste en la observación de una misma sección
cruzada o corte transversal, con N individuos (i = 1, 2, 3,…, N) en un lapso de
tiempo T (i. e. t = 1, 2, 3,.., T), lo cual produce una muestra de NxT observaciones.
Cada variable estudiada se identifica para cada individuo, i, en un momento de
tiempo, t:
y
it. Así, la fuente de variación está conformada por dos aspectos: 1)
los efectos individuales específicos, y 2) los efectos temporales. Mientras que los
primeros afectan de manera desigual a los individuos, los segundos afectan
por igual a todos. El objetivo de esta metodología es establecer una relación
lineal controlando la heterogeneidad no observable. El modelo de datos de
panel puede expresarse de la siguiente manera:
yx x
it it kitk
ii
t
=
β+β+α+µ
11
(3)
Donde
x
itj es la variable explicativa jj k =
()
1, ,, para el individuo
ii
N =
()
1, ,, en el tiempo
tt
Tj
∀⋅
β =
()
1, ,, es la estimación puntual
Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia
142
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de la relación con las variables independientes ji
; es el componente idiosin-
crático —efecto inobservable— que caracteriza a cada individuo i, e incorpora
atributos permanentes en el tiempo. Y, finalmente, it es el término de error
para el individuo i en el tiempo t.
Ahora bien, la estimación de efectos fijos o aleatorios implica distintas con-
sideraciones, siendo la correlación serial entre las variables explicativas y el
efecto inobservable el factor determinante. La elección del modelo de efec-
tos fijos se justifica si en el análisis existen factores que se consideran cons-
tantes, es decir, se pretende llegar a análisis de tipo ceteris paribus; mientras
que la estimación de efectos aleatorios es usualmente empleada cuando se
tiene respaldo acerca de la distribución aleatoria de las variables, lo que lleva
a pensar en la no correlación con el efecto inobservable (Wooldridge, 2010).
El test de Hausman es un criterio que permite concluir cuál de estas dos esti-
maciones es la apropiada. Esta prueba evalúa la ortogonalidad de la estimación
del efecto aleatorio y de los regresores, es decir, prueba la ausencia de combi-
naciones lineales entre las variables (multicolinealidad). La hipótesis nula de la
prueba implica que la estimación de MCO combinados y MCG son consisten-
tes, mientras que la de MCO no es eficiente. Por otro lado, la hipótesis alter-
nativa de la prueba sugiere que la estimación por MCO es consistente y la de
MCG no (Greene, 2003). Es preciso anotar que la prueba de Hausman se con-
trasta utilizando la distribución chi cuadrado X2
()
con n grados de libertad14.
14 Formalmente, la prueba de Hausman es la siguiente:
HV
VH
cece ce n
=
()
()()
β−β− β−
β∼
χ
12
, (4)
Donde:
c
es el vector de estimaciones del estimador consistente.
e
es el vector de estimaciones del estimador eficiente.
Vc
es la matriz de covarianzas del estimador consistente.
V
e es la matriz de covarianzas del estimador eficiente.
n son los grados de libertad de la distribución n
2.
Las pruebas de hipótesis serán entonces:
hcov Xa tTyj k
hcov Xa t
itji
aitj i
001
21
2
0
:,,,,,,,
,,
:,,
()
== =
()

=
==
12 12,, ,, ,, ,

Ty
jk
Alexander Cuartas Acosta 143
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El cuadro 2 muestra los resultados de la prueba.
Cuadro 2. Test de Hausman
c
()
e
()
β−β
ce
()
VV
ce
()
1
Índice de
informalidad 1,554 3,160 -1,606 1,989
2007 -0,578 -0,799 0,221 0,079
2008 -0,757 -0,809 0,052 0,050
2009 -1,159 -1,220 0,061 0,074
2010 -1,769 -1,743 -0,027 0,086
Nota: el nivel de significancia se asume en 5%, es decir, = 0,05
Fuente: cálculos propios a partir de la información suministrada por las CAR.
χβ−β −β−β
5
2113 68
:,
cece ce
VV
()
[]()
= (5)
P
valor
=00178,
Pvalor
Lo anterior permite concluir que el modelo más ajustado para describir la explo-
tación forestal es el de efectos fijos, lo cual es consistente con la intuición
que motiva este trabajo, toda vez que se cree que existen factores asociados
a prácticas informales, entre otros, que inciden en la formalización de los pre-
dios destinados a la explotación. En este sentido, entonces, se constata que
las actividades informales inciden sobre las reglas de juego forestales y gene-
ran efectos que terminan fuera de las competencias regulatorias de las CAR.
V. Resultados
El cuadro 3 presenta los resultados de la estimación de la relación entre la
explotación forestal y los derechos de propiedad. Los cuadros contienen cinco
especificaciones del modelo y en todas ellas se incluyen efectos fijos anuales
con el fin de controlar efectos no observados que afectaron los municipios de
manera homogénea. La primera columna presenta la relación de la informa-
lidad en la tenencia de la tierra con respecto al aprovechamiento forestal. En
la segunda columna se le incorporan los distintos controles fiscales y de dis-
tribución de la tierra que pueden incidir en la explotación maderera. Las tres
Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia
144
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últimas columnas cuantifican la contribución marginal de cada una de las CAR
en la implementación de las tres actividades (instituciones) que les son compe-
tencia, a través de la interacción de la variable de interés (Índice de Informa-
lidad) y una variable categórica. Así, la tercera columna estima la incidencia
de la informalidad en la jurisdicción de Corantioquia, la cuarta columna hace
lo propio para Cornare y la quinta para Corpourabá.
Con el fin de estabilizar la varianza se realiza una transformación lineal loga-
rítmica a la variable explotación forestal, por tanto, las estimaciones puntua-
les se interpretarán como variaciones porcentuales y captan la relación de las
variables explicativas sobre la explicada. Cabe aclarar que dadas las caracte-
rísticas de la aproximación empírica, los resultados constituyen una aproxi-
mación exploratoria a los determinantes, en ningún caso establecen relaciones
de causalidad, toda vez que, como se mencionó en la sección III: Datos y esta-
dística descriptiva, aunque se realizaron las depuraciones estadísticas perti-
nentes, algunos datos reportados por las CAR tienen deficiencias, sobre todo
por la omisión de registros a lo largo del tiempo, lo que imposibilita estable-
cer precisiones causales sobre el fenómeno estudiado. Esto se comenta con
mayor detalle en las conclusiones del trabajo.
Los resultados obtenidos sugieren que existe una relación directa entre la
ausencia de derechos de propiedad sobre la tierra y la explotación maderera
en el departamento, ya que el Índice de Informalidad es significativo en todas
las especificaciones excepto en la columna 3. La segunda columna sugiere que
en municipios con fortaleza institucional, más precisamente con un aparato
fiscal robusto, donde los ingresos tributarios por predial son significativos y
la concentración de la tierra es moderada (19,7), el aprovechamiento fores-
tal no se ve incentivado por territorios con informalidad en la tenencia de la
tierra, por el contrario, pareciera ser que en municipios donde se hayan ade-
lantado procesos de actualización catastral, fiscalización tributaria y políticas
de redistribución de la tierra, hay condiciones propicias para que los mecanis-
mos de control de las CAR sean ejercidos de manera óptima; de allí se deriva,
entonces, la explicación para el parámetro estimado de la variable informa-
lidad, la cual es significativa y da cuenta de una relación inversa entre esta y
la explotación forestal (-9,665).
Llama la atención que en la columna tres, cuando la entidad ambiental es
Corantioquia, la informalidad no incentiva la explotación forestal. Esto puede
deberse a varias cosas, entre ellas, que esa CAR ejerce un control más riguroso
Alexander Cuartas Acosta 145
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de las instituciones que le son competencia o que los municipios que hacen
parte de su jurisdicción no son lo suficientemente informales y por ello se
pierde el efecto que se encuentra en las demás estimaciones.
Además de lo anterior, resulta interesante señalar que cuando se analiza la
incidencia de las respectivas CAR, se encuentra que no hay un efecto adicio-
nal en ninguna de ellas en un municipio que sea informal, es decir, parecen no
existir indicios para pensar que, aun cuando la informalidad esté relacionada
en alguna medida con el aprovechamiento forestal, existan corporaciones que
por aspectos operativos, administrativos o de otra índole, generen un efecto
agregado sobre el aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo identificado a
partir de las tres últimas especificaciones de los resultados.
Ahora bien, al realizarse un ejercicio similar para los salvoconductos (cuadro 4),
medido a través del logaritmo natural de los salvoconductos aprobados, se
obtienen resultados diferentes a los encontrados en el cuadro 3. Esto sugiere
que la informalidad no influye al menos en la movilización reportada por las
corporaciones, lo cual tiene sentido, toda vez que los salvoconductos se expiden
para explotaciones legales y al realizar el aprovechamiento en predios que care-
cen de derechos de propiedad, se estaría ejecutando una acción ilícita que no
puede contar con permiso de movilización.
Sin embargo, aunque los resultados validan la intuición asociada al transporte
de la madera y es coherente con lo que se espera que realicen las CAR, su
alcance se agota allí, es decir, permite inferir que la carga regulatoria de las
corporaciones se ejerce, al parecer, de manera equilibrada, llevando a poste-
riores actividades de comercialización con permisos certificados por las auto-
ridades competentes. No obstante, aunque la movilización sea legal, esto no
es garantía de que la explotación lo sea también, sobre todo, al conocerse las
distintas prácticas de los intermediarios en el mercado, como se señala en el
segundo apartado.
De nuevo, la obtención de un parámetro negativo (columna dos) para la infor-
malidad es coherente con escenarios de explotación donde haya fortaleza ins-
titucional, y ello da cuenta de la importancia de fomentar acciones que hagan
más robustas a las organizaciones en relación con la implementación de las
instituciones a su cargo dentro de las entidades territoriales para la opera-
ción eficiente de la regulación ambiental. Esta estimación debe ser conside-
rada en prospectiva.
Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia
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Cuadro 3. Determinantes de la explotación forestal en Antioquia, 2006-2010
Variable dependiente: Log(explotación forestal m3)
Variables Sin controles Con controles Interacción
Corantioquia
Interacción
Cornare
Interacción
Corpourabá
Índice de
informalidad 1,554** -9,665* -20,62 1,604** 1,919***
(0,745) -5,028 (16,69) (0,703) (0,608)
IDF 0,0557***
(0,0202)
Proporción
ingresos por
predial
8,714*
-4,977
Gini terrenos 19,71*
(11,25)
2007 -0,578 -0,408 -0,674* -0,585 -0,667*
(0,370) (0,358) (0,365) (0,352) (0,398)
2008 -0,757*** -0,625** -0,893*** -0,776*** -0,851***
(0,282) (0,255) (0,290) (0,272) (0,303)
2009 -1,159*** -1,010*** -1,372*** -1,187*** -1,312***
(0,368) (0,337) (0,358) (0,326) (0,397)
2010 -1,769*** -1,960*** -1,803*** -1,874***
(0,396) (0,395) (0,368) (0,418)
Interacción
Corantioquia 22,63
(16,71)
Interacción
Cornare -7,367
(36,43)
Interacción
Corpourabá -27,47
(17,32)
Constante 7,578*** -6,928 11,09*** 8,245** 9,358***
(0,286) -7,139 -2,640 -3,248 -1,262
Observaciones 170 138 170 170 1 70
R-cuadrado 0,208 0,271 0,225 0,209 0,226
Número de
CodMpio 56 53 56 56 56
Nota: errores estándar robustos entre paréntesis
*** p
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Cuadro 4. Determinantes de la movilización forestal en Antioquia, 2006-2010.
(1) (2) (3) (4) (5)
Variable dependiente: Log(salvoconductos de movilización m3)
Variables Sin controles Con controles Interacción
Corantioquia
Interacción
Cornare
Interacción
Corpourabá
Índice de
informalidad 6,570 -22,42 41,42 5,450 7,179
-5,796 (19,83) (39,40) -4,570 -6,299
IDF 0,0280
(0,0313)
Proporción
ingresos por
predial
8,151
(10,58)
Gini terrenos 9,819
(17,51)
2009 -0,333* -0,454* -0,257 -0,208 -0,354*
(0,194) (0,243) (0,229) (0,234) (0,197)
2010 -1,043*** -0,920*** -0,801** -1,061***
(0,321) (0,332) (0,306) (0,320)
Interacción
Corantioquia -36,06
(38,82)
Interacción
Cornare 86,82*
(47,60)
Interacción
Corpourabá -29,76*
(15,52)
Constante 5,168*** 3,403 -0,741 -2,212 7,516***
-1,551 (10,86) -6,892 -4,491 -1,791
Observaciones 116 71 11 6 116 11 6
R-cuadrado 0,242 0,151 0,262 0,308 0,249
Número de
CodMpio 52 42 52 52 52
Nota: errores estándar robustos entre paréntesis
*** p
Determinantes de la explotación de maderables en Antioquia
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Finalmente, utilizando las mismas especificaciones para estimar el compor-
tamiento de los decomisos en presencia de informalidad en la tenencia de la
tierra (cuadro 5), se tienen resultados consistentes con la primera estimación
para la informalidad, siendo estadísticamente significativo este parámetro.
De manera general, los resultados en todas las especificaciones, excepto en el
número dos, son coherentes con lo esperado ya que al generarse explotación
de maderables en predios sin títulos de formalización, se conforman cau-
sales de incautación y es competencia de la autoridad ambiental realizar los
decomisos correspondientes. Además, llama la atención que el IDF, la propor-
ción de ingresos percibidos por impuesto predial y el Gini de terrenos sean no
significativos, lo que sugiere que el fortalecimiento fiscal y el mejoramiento
en la distribución de la tierra en las entidades territoriales no incide directa-
mente en el control que lleva a la incautación de madera ante violaciones de
la reglamentación forestal.
Por otro lado, la columna uno implica que al incrementar la informalidad en un
1% (el municipio se vuelve 0,01 veces más informal), los decomisos lo hacen
más que proporcionalmente, aumentando, en el margen, un 3,2%, tendencia
que se incrementa si el municipio, además de ser informal, tiene como auto-
ridad ambiental competente a Corantioquia, registrando un 3,9% adicional
(especificación 3). Cabe anotar que aunque los resultados mencionados son
significativos, lo son en distintos niveles de significancia.
En lo que respecta a la columna dos, el hecho de que los parámetros estima-
dos sean no significativos hace que el parámetro estimado para el Índice de
Informalidad (-30,37) resulte no problemático, toda vez que es un contrasen-
tido pensar que ante la existencia de territorios informales donde se lleva a
cabo la explotación y movilización de madera, se disminuya el nivel de incau-
taciones forestales.
Es llamativo que con la inclusión de los controles considerados se obtenga un
parámetro estimado negativo para la informalidad, lo cual tiene relevancia
estadística solo para la explotación forestal. Esto da cuenta de una relación
inversa entre la informalidad y las instituciones forestales y se debe a la efi-
cacia de los instrumentos de política fiscal (estatutos tributarios y reglamen-
tos internos de cartera ajustados y actualizados con la dinámica económica
municipal) y de redistribución (expropiación y enajenación de tierras ociosas a
través de créditos blandos y población objetivo focalizada), que podría generar
ambientes favorables para la operación de las instituciones forestales.
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Cuadro 5. Determinantes de los decomisos forestales en Antioquia, 2006-2010.
(1) (2) (3) (4) (5)
Variable dependiente: Log(decomisos de madera m3)
Variables Sin controles Con controles Interacción
Corantioquia
Interacción
Cornare
Interacción
Corpourabá
Índice de
informalidad 3,178** -30,37 -32,80* 3,020** 4,077***
-1,231 (19,64) (18,39) -1,329 (0,663)
IDF -0,0268
(0,0578)
Proporción
ingresos predial 3,875
(11,19)
Gini terrenos -2,840
-7,378
2007 0,816 0,582 0,521 1,065 0,630
(0,616) (0,786) (0,595) (0,684) (0,569)
2008 0,685 0,218 0,193 0,918 0,184
(0,635) (0,794) (0,675) (0,677) (0,633)
2009 -0,0974 -0,834 -0,685 0,343 -0,526
(0,812) (0,949) (0,864) (0,867) (0,807)
2010 -0,281 -0,868 0,0545 -0,819
(0,620) (0,614) (0,661) (0,557)
Interacción
Corantioquia 36,68*
(18,27)
Interacción
Cornare 52,75
(49,22)
Interacción
Corpourabá -55,92***
(12,22)
Constante 2,351*** 13,79* 9,942** -2,644 8,631***
(0,585) -7,226 -3,954 -4,712 -1,713
Observaciones 100 76 100 10 0 100
R-cuadrado 0,108 0,130 0,161 0,139 0,221
Número de
CodMpio 36 33 36 36 36
Nota: errores estándar robustos entre paréntesis
*** p
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En este orden de ideas es pertinente señalar que el comportamiento de las tres
estimaciones es sistemático si se tiene en cuenta que los resultados esperados
en cada una de ellas difieren, es decir, no se espera el mismo tipo de inciden-
cia por parte de la informalidad. Existe, entonces, validación empírica para
la intuición que motiva este trabajo, aportando evidencia que permite inferir
que el fortalecimiento de los derechos de propiedad puede impactar positiva-
mente el aprovechamiento forestal y que puede optimizar el desempeño de las
CAR en lo que a su función reguladora de la actividad maderera corresponde.
VI. Conclusiones
El mercado de productos forestales ocupa el tercer lugar después del petróleo
y el gas, concentrando transacciones anuales cercanas a los 80 billones de
dólares (Agrocadenas, 2005). Los resultados del trabajo hallan respaldo esta-
dístico para afirmar que la ausencia de derechos de propiedad ha incidido en
la explotación forestal (informal) en Antioquia para el período 2006-2010, de
acuerdo con las variables analizadas. Esto llama la atención sobre la necesidad
de garantizar la sostenibilidad ambiental y la no saturación del mercado ante
aumentos desmedidos en la oferta, es decir, se torna imprescindible redefinir
las instituciones y el papel de las organizaciones mediante estrategias coo-
perativas de autoridades ambientales y otras entidades regulatorias a escalas
local y nacional, para aprovechar eficientemente los bienes forestales.
En Colombia, garantizar la carga regulatoria sobre la producción forestal les
compete a las CAR; no obstante, y pese a que en Antioquia coexisten tres auto-
ridades ambientales que reglamentan la producción, movilización e incauta-
ción cuando se identifican explotaciones ilícitas, se observan deficiencias en
el procesamiento de información (municipios sin reporte o incompletos) que
afectan posibles decisiones de proyectos, programas y políticas que incenti-
ven la actividad forestal en el departamento, además de sugerir que se estén
declarando niveles de explotación inferiores a los efectivos y que las corpo-
raciones no cuenten con la capacidad de constatarlo. En este sentido, es útil
pensar en un proceso de reingeniería de las CAR, que además de fortalecer su
presencia en las zonas rurales más distantes, les permita implementar accio-
nes para optimizar los tiempos y requisitos necesarios para la autorización del
aprovechamiento forestal, además de emprender nuevas acciones de fiscali-
zación y sanción aleccionadoras.
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Además de esto, los datos sugieren que en presencia de derechos de propiedad
débiles o inexistentes de los predios rurales con dificultad para acceder debido
al estado de las vías terciarias, y ante deficiencias catastrales, la regulación
forestal resulta insuficiente para el aprovechamiento óptimo de los recursos,
situación que se torna más compleja en los municipios de categoría cuarta,
quinta o sexta, que para el 2010 constituían el 91% del territorio antioqueño
(Departamento Nacional de Planeación, 2010), dados los limitados recursos
para la actualización catastral y posterior fiscalización tributaria de los pre-
dios rurales.
Teniendo en cuenta que este trabajo se concentra en analizar la incidencia
entre las variables consideradas para identificar incentivos y desincentivos a la
producción alrededor de la regulación forestal, futuros trabajos podrían imple-
mentar métodos de identificación (v. g. experimentos naturales) que permitan
establecer una relación de causalidad sobre la posible incidencia de las institu-
ciones, tanto formales como informales, en el aprovechamiento forestal. Para
esto podrían incorporarse otro tipo de controles que complementen las varia-
bles incluidas aquí, con el fin de analizar otras dimensiones del fenómeno, así
como realizar ejercicios de recolección primaria de información en los muni-
cipios, para subsanar las dificultades relacionadas con la calidad de la infor-
mación reportada por las CAR en los territorios de su respectiva jurisdicción.
Agradecimientos
Este artículo se deriva de un trabajo de investigación que, cordialmente, acom-
pañó Juan Carlos Muñoz-Mora, a quien agradezco por el tiempo dedicado,
recomendaciones, múltiples lecturas y, sobre todo, por su permanente dispo-
sición. Para la realización del artículo no se contó con financiación externa.
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