Editorial
| Autor | María Teresa Carreño Bustamante |
| Cargo | Decana Facultad de Derecho |
La Constitución Política de Colombia de 1991 definió un nuevo marco de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, entre otras, que transformó la concepción del Estado Nación, el cual a partir de ese momento otorga un papel protagónico a los ciudadanos para que sean factor y motor de desarrollo. En consecuencia, se promueven procesos de democracia participativa que hagan efectivo el ejercicio de la ciudadanía para intervenir en los distintos ámbitos de acción de la sociedad.
La Constitución de 1991 generó en la población una nueva forma de pensar, actuar y sentir. Tal afirmación no desconoce que hasta el momento existieran patrones de comportamiento que vincularan a los ciudadanos en la construcción de los asuntos públicos, sino que, indudablemente, la configuración de la realidad social generada a partir de la nueva carta constitucional establece una nueva concepción de actor social, que exige transformar el pensamiento y la acción de las instituciones (gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas), los gobernantes, los grupos de la sociedad civil, la familia, la escuela y la población en general.
Ahora bien, la transformación del pensamiento y la acción para ejercer los roles que demanda la concepción de actor social requiere de procesos educativos que preparen y formen a los sujetos en forma individual y colectiva. Desde este punto de vista, la consideración de la educación como estrategia de promoción de la participación reconoce a los diversos actores y escenarios responsabilidades y funciones particulares en la construcción de la ciudadanía. Esta perspectiva considera que la participación, como dimensión constitutiva del desarrollo humano, se aprende en la medida que se reconoce al otro como legítimo otro, se construye desde la diversidad y la diferencia, se convive con el conflicto y se aprende a resolverlo, se logra la concertación mediante el consenso entre intereses individuales y colectivos.
Desde tales postulados, esta publicación de Ambiente Jurídico pretende, a partir de la reflexión académica realizada por diversos actores locales, nacionales e internacionales, contribuir a la fundamentación de la garantía de justicia desde el Estado que requiere el reconocimiento de deberes y derechos ciudadanos con criterios de equidad social, que hagan posible mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, con oportunidades en términos de acceso y distribución de recursos.
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