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Eficacia e impacto de las decisiones judiciales de constitucionalidad de la Corte Constitucional

Autor:Cristina Pardo Schlesinger
Cargo del Autor:Magistrada de la Corte Constitucional de Colombia desde el 16 de mayo de 2017
Páginas:49-67
 
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Ecacia e impacto de
las decisiones judiciales
de constitucionalidad de
la Corte Constitucional
CRISTINA PARDO SCHLESINGER*
En la tarde de hoy abordaremos una reflexión sobre el control de cons-
titucionalidad que adelantan los tribunales constitucionales del mundo,
pero especialmente dirigiremos la mirada sobre el control que ejerce con-
cretamente la Corte Constitucional colombiana. Sobre sus características,
sobre su eficacia jurídica y social, sobre su legitimidad, sus virtudes y sus
posibles excesos o defectos.
Nos acompañarán en la tarde de hoy los distinguidos panelistas Carlos
Gustavo Cano, Eleonora Lozano Rodríguez, Guillermo Alfonso Sánchez Luque
y el moderador de la mesa, el doctor David Fernando Varela Sánchez.
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Carlos Gustavo Cano es economista de la Universidad de los Andes y ex codirector del Ban-
co de la República. Tiene un posgrado en Alta Dirección Empresarial del Instituto de Alta
Dirección Empresarial (Inalde), un posgrado en Government, Business and the Internatio-
nal Economy de la Universidad de Harvard (1981) y un máster en Economía de la Universi-
dad de Lancaster (Inglaterra) (1972).
Eleonora Lozano Rodríguez es abogada y economista de la Universidad de los Andes, direc-
tora de la Maestría en Tributación y de la Especialización en Tributación de la misma uni-
versidad y doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca.
Guillermo Alfonso Sánchez Luque es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización
en Derecho Administrativo de la misma institución académica. También es especialista en
* Magistrada de la Corte Constitucional de Colombia desde el 16 de mayo de 2017. Abogada
de la Universidad del Rosario. Profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurispru-
dencia de esa universidad durante diez años. Directora del Área de Derecho Constitucional
de la misma facultad. Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional durante catorce años y
medio. Secretaria jurídica de la Presidencia de la República durante seis años y medio.
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50 EFICACIA E IMPACTO DE LAS DECISIONES JUDICIALES
En Colombia el control constitucional concentrado es una institución
jurídica de vieja data. En efecto, nuestro país fue pionero a nivel mundial
en establecer mecanismos para proteger la supremacía de la Constitución,
al disponer ya en el año 1910 el control concentrado de constitucionalidad
en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y la acción pública de inconsti-
tucionalidad de las leyes.
2
Desde entonces cuenta con uno de los sistemas de control consti-
tucional más fuertes en el mundo y es de los pocos en los que cualquier
ciudadano puede solicitar a la Corte Constitucional que una norma adop-
tada por el poder legislativo sea expulsada del ordenamiento jurídico. En
Estados que son referentes de nuestra tradición jurídica, como el italiano,
3
Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid
(España) y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de París.
David Fernando Varela Sánchez es abogado y especialista en Ciencias Socioeconómicas de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) (1984). En la actualidad es consultor
internacional de la Agencia Norteamericana para la Cooperación Internacional en Colombia,
Guatemala y Perú, y del Banco Mundial en Colombia y Perú. Anteriormente, el doctor Varela
se desempeñó como asesor del ministro del Interior para reformas de descentralización y
ordenamiento territorial y cooperación internacional. Fue el primer director de Políticas y
Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Colombia (2012).
2
En primer lugar, es relevante mencionar que el control constitucional en Colombia tiene rasgos
de su nacimiento mucho antes de la reforma constitucional de 1910, que instauró el sistema
de la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia. En 1863 las cortes estatales y la
Corte Federal ya ejercían controles de constitucionalidad parcializados y, en 1886, se introdujo
el esquema antijudicial de la Constitución desde la figura de las objeciones presidenciales. De
esta forma, estos ejemplos permiten demostrar que los vestigios del control concentrado de
constitucionalidad van más atrás del año 1910. Sin embargo, a pesar de lo anterior, sería un
error caer en el anacronismo de afirmar que el control concentrado de constitucionalidad existió
a cabalidad en los textos constitucionales mencionados, puesto que lo que se evidencia no es
más que indicios de su existencia, de ninguna forma de manera concentrada en su totalidad.
Ahora bien, ya establecida esta somera cronología del control constitucional en Colombia, es
posible adentrarse en la reforma constitucional de 1910, por ser esta la que finalmente “establece
un completo sistema de control de constitucionalidad [en nuestro país]”. Eduardo Cifuentes
Muñoz, “Jurisdicción constitucional en Colombia”, Ius et Praxis 8, n.º 1 (2002): 283-317, https://
bit.ly/2Wp0hhI. En este sentido, el artículo 41 del Acto Legislativo 03 de 1910, por medio del
cual se reformó la Constitución política de 1886, pregonó que “a la Corte Suprema de Justicia
se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las
facultades que le confieren esta y las leyes, tendrá la siguiente: decidir definitivamente sobre
la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales
por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano
como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación”. Asamblea
Nacional de Colombia, Acto Legislativo 03, de 31 de octubre de 1910.
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El control se ejerce a través de recursos presentados por: a) el Estado contra una ley regional
o de las provincias autónomas de Trento o Bolzano; b) las regiones contra leyes del Estado y
leyes de otras regiones; c) las provincias autónomas de Trento o Bolzano contra las leyes esta-
duales de la región Trentino Alto Adige, y d) la Región Trentino Alto Adige contra las leyes de
las provincias autónomas de Trento o Bolzano. Para que se inicie un proceso constitucional a
través de vía de excepción, es indispensable la existencia previa de un litigio presentado ante
la jurisdicción ordinaria. Tal proceso se inicia con una duda alegada, de oficio o a petición
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