Elecciones en un contexto semi-autoritario. Venezuela a las urnas
| Autor | Yann Basset - Andrés Felipe Guevara Merino |
| Páginas | 99-121 |
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Régimen autoritario electoral (Schedler, 2006; Kornblith, 2006, 2007), autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2002), régimen híbrido; las caracterizaciones de la Venezuela chavista han sido diversas, pero convergentes en subrayar un desvío cada vez más patente con respecto a los estándares de la democracia liberal.
En un principio, los estudios que veían en el chavismo un caso de populismo o neo-populismo sugerían que la Venezuela de Hugo Chávez podía ubicarse dentro de las "democracia iliberales" (Zakaria, 2007). Podíamos considerar en efecto que retenía de la democracia, la dimensión de la soberanía popular para mejor subvertir la dimensión constitucionalista de defensa de las libertades fundamentales y del pluralismo político. Sin embargo, la expresión de la soberanía popular resulta a lo menos difícil en un contexto en que las libertades políticas se ven amenazadas y la oposición estigmatizada y perseguida desde el poder. Así, la separación entre soberanía popular y constitucionalismo, o de manera más concreta, entre elecciones al sufragio universal y Estado de derecho, que está en el corazón de la idea de democracia iliberal, tiene serios límites. Por
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esta razón, en el caso de Venezuela, las caracterizaciones como autoritarismo "con adjetivos" parecen haber suplantado las de democracia "con adjetivos".
La soberanía popular se vio exaltada en el discurso chavista en la celebración retórica de una "democracia participativa y protagónica" de contenido incierto, y en la práctica, por la celebración de un amplio número de eventos electorales.
Desde la llegada de Chávez a la Presidencia de la República, se han organizado cuatro elecciones presidenciales, 4 parlamentarias, 5 regionales (no siempre en todo el territorio), 6 municipales (no siempre en todo el territorio), y 5 referendos importantes entre los cuales el referendo constitucional de 1999 y la revocatoria presidencial de 2004.
Con todo, podemos decir que el país ha estado en campaña electoral la mayor parte del tiempo desde hace quince años. Pero semejante frenesí electoral resulta paradójico si tomamos en cuenta el contexto en el cual se desarrolla. Como lo veremos a lo largo de este artículo, existen cada vez más dudas sobre el carácter competitivo de las elecciones venezolanas, e incluso sobre la confiabilidad de los resultados. Cada certamen estuvo acompañado de polémicas sobre posibles fraudes, que ya integraron de manera perversa la lista de los rituales electorales en el país.
En este contexto, vale la pena preguntarse para qué sirven esas elecciones, de las cuales tantos actores de primer plano dicen desconfiar. Por el lado del oficialismo, la democracia representativa siempre ha sido objeto de críticas y descalificaciones, sin embargo, lejos de abandonar las elecciones, las ha multiplicado de forma inédita en la historia del país. Por el lado de la oposición, a pesar de algunos periodos de vacilación, las denuncias del carácter fraudulento o no competitivo de los eventos electorales no parecen haber fortalecido los llamados a la no participación, sino todo lo contrario. Desde la tentativa de golpe de Estado de 2002 hasta las últimas elecciones, la tendencia a la participación en las mismas ha ganado cada vez más adeptos.
Estamos, por lo tanto, frente a la paradoja de un régimen que genera una verdadera fiebre electoral a pesar de que la mayoría de los protagonistas afirman desconfiar de los resultados que resulta de aquella. Para desentrañar esta aparente contradicción, conviene recordar que las elecciones cumplen varias funciones en un sistema político. A la más reconocida función de selección de los gobernantes, cada vez más cuestionada en Venezuela, se suman una función de legitimación de los mismos que le sirve al oficialismo, y otra de
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comunicación y organización de la oferta política que le sirve a la oposición. Por esta razón, a pesar de que las elecciones son efectivamente poco - o nada - competitivas, siguen siendo parte fundamental de las estrategias tanto de la mayoría como de la oposición.
Empezaremos este artículo mostrando cómo las elecciones venezolanas han perdido poco a poco su carácter competitivo, y por qué la confianza en las mismas ha ido cayendo. Después de eso, estudiaremos cómo las elecciones se insertaron en la estrategia política del oficialismo y sobre todo de la oposición (para la cual el asunto es menos obvio). Finalmente, concluiremos que aun en un contexto semi-autoritario, las elecciones siguen siendo el lugar insoslayable de la acción política venezolana.
Las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, que se tradujeron en la corta victoria de Nicolás Maduro sobre el opositor Henrique Capriles después de la muerte de Hugo Chávez, fueron acompañadas de una ola de contestaciones y críticas. Estas reclamaciones no eran nuevas, pero tomaron un relieve particular por el estrecho margen de poco más de 200.000 votos que separaban a los dos principales candidatos según los datos oficiales. La controversia se enfocó en el reclamo de la oposición que pidió una auditoría sobre la totalidad de los resultados y degeneró en revueltas callejeras que dejaron varias víctimas mortales.
Estas contestaciones y violencias son el resultado de un largo proceso a través del cual las jornadas electorales han venido perdiendo paulatinamente credibilidad. Al respecto, conviene examinar series de críticas crecientes que siembran fuertes dudas sobre el carácter competitivo de las elecciones venezolanas: el "ventajismo" oficialista que desequilibra la competencia por la utilización sistemática y masiva de recursos públicos a favor del oficialismo, el cuestionamiento al poder electoral que se encarga de la organización de los escrutinios, y finalmente, las denuncias de fraude propiamente dicho, es decir, de alteración de los resultados para favorecer al oficialismo.
La utilización del clientelismo y de los recursos públicos en la competencia electoral no es algo nuevo en Venezuela, ni por lo demás algo propio de este país. Es incluso parte fundamental de las críticas que se dirigieron al régimen
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derivado del Pacto de Punto Fijo, y que condujeron a su desprestigio (Coppedge, 1994). No obstante, en la materia, la "Quinta República" chavista no se ha quedado atrás. Lejos de sanear las prácticas electorales, las ha llevado a unos extremos caricaturescos.
En la materia, conviene distinguir lo habitual y banal en el contexto general latinoamericano de las prácticas propias de Venezuela que sugieren un cambio cualitativo y ponen en duda el carácter competitivo de las elecciones. Las particularidades pueden ser apreciadas a la luz del estudio reciente sobre el clientelismo dirigido por Susan Stokes, en el cual se incluye a Venezuela como caso de estudio junto con Argentina, Méxicoe India (Stokes et al., 2013).
Como subrayan los autores, Venezuela se convierte en un caso de estudio, particularmente por el uso intenso de los programas sociales públicos con fines electorales a partir de 2003. Esta fecha corresponde en efecto a un momento de fuerte baja en la popularidad de Hugo Chávez consecutivo a las fuertes movilizaciones sociales de finales de 2002. La oposición aprovechó este momento para lanzar una campaña de recolección de firmas con la idea de activar el procedimiento de revocatoria del mandato presidencial previsto en la Constitución. Por otra parte, 2003 fue un año fasto para los países productores de petróleo como Venezuela, por una coyuntura de precios altos causada por la intervención norteamericana en Irak.
Es en este momento que el gobierno empezó a crear varios programas sociales especiales bajo el nombre de misiones, con importante asesoría cubana. Estos programas consisten en subsidios o en la provisión directa de servicios a la población en distintos ámbitos, los más importante siendo las misiones Robinson y Ribas (educación), Barrio adentro (salud), y Mercal (alimentación).
Hasta ahí, el ejemplo venezolano no se aparta mucho de la experiencia latinoamericana reciente de uso de los programas asistenciales focalizados con fines electorales (Basset y Guerrero, 2012), salvo por la modalidad de prestación directa de servicio dominante, y por supuesto, el monto de la inversión realizada gracias a la renta petrolera (Arenas, 2010).
Sin embargo, la diferencia no es sólo cuantitativa. Si el ya mencionado estudio de Stokes se fundamenta principalmente en un importante despliegue de encuestas con intermediarios de las redes clientelistas en los países de estudio, el caso de Venezuela se beneficia de un tratamiento parcialmente distinto. Los autores tuvieron ahí a su disposición un elemento al cual no podían acceder en otros contextos: el programa Maisanta. Se trata de una
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aplicación informática realizada aparentemente por el comando de campaña chavista del "No" a la revocatoria, y que consiste en una base de datos que cubre casi todo el electorado venezolano. Gracias a esta aplicación, uno puede consultar por nombre o cédula los registros electorales, y descubrir si cada elector aparece en la lista de firmantes a favor de la revocatoria del mandato presidencial (caso en el cual el elector es etiquetado como "opositor"), o a favor de la revocatoria de algunos mandatarios de oposición (caso en el cual el elector es etiquetado como "patriota"). Aunque el vínculo nunca se aclaró, el programa Maisanta habría sido realizado con base en la llamada "lista Tascón" de firmantes de la revocatoria que el congresista oficialista Luis...
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