Est
| Autor | Castaño, Lida Esperanza Villa |
Introducción
En el mundo empresarial de los últimos treinta años han proliferado los llamados estándares internacionales de rendición de cuentas en materias de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social (en inglés, International Accountability Standards), también conocidos como estándares éticos. Es así como ya en el 2002 se habían reportado 32 estándares éticos de este tipo (Leipziger, 2010). Estos estándares buscan guiar y evaluar el comportamiento de las empresas, de modo que estas se ajusten a ciertos principios normativos. Por tal motivo, habría de esperarse que los estándares ofrezcan una justificación de estos principios para que las organizaciones se acojan voluntariamente a ellos. Sin embargo, esta voluntariedad no puede estar basada simplemente en la idea de que ser ético paga, pues muchas de las exigencias sociales y ambientales pueden implicar sacrificios en la rentabilidad de la empresa.
En el tipo de justificación esperada, las razones que se aducen habrían de apelar a criterios razonables. A diferencia de lo racional, que se refiere a la relación entre fines y medios, lo razonable, como lo señala Scanlon (2003), se refiere a la pretensión de que las personas tienen de actuar a partir de principios comunes que están dispuestos a justificar unos a otros. En este sentido, lo razonable exige darles prioridad a los intereses comunes y, por ende, a las demandas de los otros.
En los debates éticos contemporáneos en torno a los alcances y límites de las acciones de las instituciones, se ha planteado que las justificaciones propiamente éticas que estas han de aducir se contraponen al tipo de argumento que apela a los intereses particulares de las personas, grupos o corporaciones. Este artículo de reflexión se inserta en medio de este debate. Autores de raigambre kantiana como Rawls (1971) y Scanlon (2003) han señalado que, en el ámbito de la moral y de la ética, el centro de la justificación es la razonabilidad; es decir, que un principio o norma es válido si este atiende seriamente a los intereses y necesidades legítimas de los otros, en especial de los directamente afectados por una acción y no solo a los intereses particulares de quienes proponen esa norma o curso de acción. En el ámbito empresarial, esto significa que las justificaciones morales no se sustentan en que la práctica de ciertos valores morales pueda ser rentable para las empresas, sino más bien en cómo estos permiten a la organización responder a los derechos e intereses de los grupos afectados por sus decisiones.
Desde esta perspectiva de lo razonable, en esta reflexión esperamos mostrar que existen vacíos en la justificación de los principios que orientan a los estándares éticos que los hacen insuficientes para establecer si las empresas acogen de manera moralmente apropiada los compromisos morales implícitos en los estándares, condicionan su voluntariedad y dan lugar al llamado 'apresamiento directivo' (managerial capture), que consiste básicamente en que quienes tienen control sobre las decisiones empresariales usan dichos estándares para mejorar la reputación de la empresa, sin acogerse en la práctica a dichos principios éticos (Owen, Swift, Humphrey, & Bowerman, 2000) (1). Es decir, se trata de una argumentación a partir del análisis del tipo de justificación--y sus limitaciones--que presentan los estándares y no de una demostración de la ocurrencia del apresamiento directivo a partir del resultado empírico de su aplicación (2). En otras palabras, es una reflexión sobre las consecuencias de los vacíos en la justificación moral de los principios que orientan los estándares y no una investigación sobre lo que ha sido su aplicación. Nuestra discusión se centra en cinco de estos estándares, a saber: Global Reporting Initiative (gri), Human Rights Compliance Assessment (HRCA), el manual de indicadores Ethos, el Manual de Costa Rica y el Manual de Balance Social de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), que han sido influyentes en Colombia e internacionalmente.
Con el propósito de respaldar nuestra reflexión sobre las implicaciones morales de los estándares, adoptamos los siguientes pasos en la argumentación: primero, se presentan las principales perspectivas teóricas en torno a los estándares y los riesgos en su aplicación; segundo, a partir de la distinción entre lo ético y lo moral, se analizan los tipos de justificación que debe tener un principio moral; tercero, se discuten los objetivos y criterios normativos de los cinco estándares analizados; cuarto, se evalúan las justificaciones que estos estándares dan de sus principios normativos; finalmente, a manera de conclusión, se formulan algunas de las repercusiones sociales y empresariales que implican los vacíos identificados en estas justificaciones.
Origen, perspectivas teóricas y riesgos de la aplicación de los estándares
En términos generales, estos estándares tienen en común "guiar las actividades de las firmas de tal modo que ellas respondan adecuadamente a los asuntos sociales y ambientales que se presentan tanto a nivel global como local y más específicamente en las comunidades donde ellas operan" (Behnam & MacLean, 2011, p. 47). Entre los múltiples factores que explican la emergencia de los estándares, hay dos que son relevantes para entender el alcance que estas iniciativas tienen.
En primer lugar, existe una serie de amenazas tanto en lo ambiental como en lo social que pueden llevar a un "colapso de los sistemas ecológicos y a crisis sociales y políticas profundas en los países del tercer mundo" (Milne & Gray, 2013, p. 15). La gravedad y magnitud de estas amenazas es tal que los Estados nacionales por sí solos no tienen la capacidad suficiente para solucionarlas y se requieren esfuerzos mancomunados entre los gobiernos y las empresas. En otras palabras, es necesaria la cooperación de las empresas para solucionar los problemas sociales y ambientales; pero ello puede implicar cambios drásticos en la manera como estas funcionan. En principio, los estándares tendrían como propósito promover tales cambios.
En segundo lugar, la globalización económica ha estado acompañada de "una falta de regulación en asuntos ambientales y sociales relacionados con las actividades corporativas" (Gilbert, Rasche, & Waddock, 2011, p. 24). Por ejemplo, un estudio sobre el impacto de los estándares de las empresas mostró que los vacíos de la regulación les han generado "oportunidades a las corporaciones para explotar la fuerza de trabajo, las comunidades locales y el medio ambiente" (Voegtlin & Pless, 2014, p. 179). Así, los estándares han nacido precisamente como una forma de responder a estos déficits en la regulación internacional y pueden ser vistos como formas de derecho blando (Gilbert et al., 2011); es decir, como una especie de derecho que no tiene carácter coercitivo, sino que apela al deseo de las empresas de mantener una buena reputación ante sus grupos de interés (stakeholders) internos y externos.
En los estudios sobre los estándares hay diversas perspectivas teóricas para su conceptualización. En relación con la reflexión que planteamos en este artículo, hay dos maneras de tratarlos que dan lugar a nuestra problemática. El primer enfoque corresponde a una concepción política de la Responsabilidad Social de las Corporaciones (RSC), según la cual los estándares son "formas cooperativas de gobernanza en relación con temas de la RSC y que involucran la participación voluntaria de una serie de stakeholders" (Rasche, 2012, p. 682), que en la práctica pretenden "definir, implementar y hacer cumplir unas reglas o principios en las corporaciones, de tal forma que su comportamiento atienda las demandas sociales y ambientales" (Rasche & Gilbert 2012, p. 683).
Desde esta perspectiva, los estándares son herramientas o mecanismos de control social, ya que a través de ellos se pretende alinear el comportamiento de las empresas a una serie de principios como la lucha contra las desigualdades sociales, la pobreza, el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la transparencia, los cuales han alcanzado una aceptación no solo en buena parte de los países, sino también en la mayoría de las grandes multinacionales. Asumiendo esta tesis, se podría decir que la emergencia de los estándares y su amplia aceptación muestran un proceso de institucionalización de lo moral y lo ético que consiste en "convertir los principios éticos y morales en reglas positivas como las que encontramos en el derecho" (Pettit, 2002, p. 380). Desde una perspectiva institucional, en el mundo empresarial hay "un cierto consenso entre los que toman decisiones en las empresas en relación con el valor de ciertas prácticas" (Delmas & Montes-Sancho, 2011, p. 106). De esta forma, a través de los estándares se buscaría que las empresas adopten unos mecanismos de gestión que atiendan efectivamente a unos principios sobre los que existe un cierto acuerdo entre las empresas y que el estándar promueve.
El segundo enfoque concibe estas iniciativas como instrumentos de gestión que incorporan una serie de principios en las operaciones de las empresas en todos sus niveles. Bajo este punto de vista, los estándares dan lineamientos sobre cómo hacer compatibles los objetivos empresariales que apuntan hacia su sostenibilidad en el mercado con las demandas morales y éticas de la sociedad. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la adopción de estos estándares puede llevar o bien a transformaciones profundas en las empresas, o bien a diseñar estrategias de relaciones públicas que respondan, en la superficie, al estándar para mantener la reputación de la empresa, sin hacer un cambio real (Milne & Gray, 2013).
En los estudios sobre los estándares se han identificado dos riesgos en su aplicación que se derivan de fallas en la justificación de sus principios normativos. Cada riesgo puede verse como la situación extrema de un espacio de posibilidades en el que se podrían mover los...
Para continuar leyendo
Solicita tu pruebaCOPYRIGHT GALE, Cengage Learning. All rights reserved.
