A favor de la carga de la prueba: sobre el carácter jurídico-imperativo de las reglas de onus probandi - Núm. 170, Julio 2020 - Revista Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 846872080

A favor de la carga de la prueba: sobre el carácter jurídico-imperativo de las reglas de onus probandi

Autor:Johann Benfeld Escobar
Cargo:Licenciado en Filosofía por la PUCV; Licenciado en Ciencias Jurídicas por la PUCV; Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
RESUMEN

En este artículo se afirma que las reglas sobre carga de la prueba tienen un carácter jurídico-imperativo. Este se manifiesta, por una parte, en su formalización y, por otra, en el tipo de razones subyacentes para su establecimiento. Se sostiene, además, que la justificación de las tales reglas no se vincula directamente con la averiguación de la verdad en un determinado régimen de ponderación de ... (ver resumen completo)

 
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I. Introducción

Todas las reglas jurídicas, en tanto disposiciones generales, tienen un carácter subóptimo. A veces regulan un caso que no debiese estar comprendido dentro de la regla y otras dejan fuera uno que, por su naturaleza, debiese haber sido regulado por la misma. Este carácter sobre o infra incluyente se verifica, a su vez, tanto dentro de las disposiciones de derecho sustantivo como dentro de las disposiciones de derecho adjetivo[1]. En uno y otro caso la naturaleza subóptima de las reglas representa un desafío para los operadores jurídicos y, entre ellos, especialmente para el juez; pues este es el llamado a aplicarlas.

Tratándose de las reglas que disciplinan el proceso, el carácter sobre- o infraincluyente, tiene además el siguiente inconveniente: puede ocurrir que esta propiedad de la regla procesal afecte la correcta aplicación del derecho sustantivo mismo. Esto es lo que, algunos estiman, puede ocurrir con mayor prevalencia con las llamadas “reglas regulatorias de la prueba” (Bentham, 1825; Taruffo, 2010).

En efecto, puesto que ninguna regla probatoria está en condiciones de prever todos los elementos que eventualmente pueden, en un caso particular, servir de criterios para la prueba de las afirmaciones sobre hechos relevantes en el proceso, dichas reglas son potencialmente contrarias tanto a la determinación de la verdad de las proposiciones empíricas como a la correcta aplicación de las normas sustantivas.

Por las razones antes expuestas, algunos autores (antes y hoy) han señalado la necesidad de abolir (de manera total o parcial) las reglas legales sobre la prueba judicial (Stein, 2008, p. 108, not. 9). Por lo demás, es esto lo que ha venido ocurriendo progresivamente desde hace 200 años con el abandono de los sistemas de prueba legal y su reemplazo por los regímenes de libre valuación de la prueba.

En los regímenes de libre valoración de la prueba judicial, con todo, aún es posible encontrar reglas que impiden la búsqueda (y obtención) de la verdad de las proposiciones empíricas (reglas de forma, plazo, reglas de exclusión, etc.) y reglas que en este registro intelectual se han tornado inútiles. Este sería el caso, afirma Nieva (2019), de las reglas sobre onus probandi.

Sin embargo, para dar por bueno el razonamiento abolicionista es menester aceptar los supuestos teóricos sobre los que este descansa. Estos supuestos, me parece, pueden ser resumidos en los siguientes puntos: i. Las reglas que regulan la prueba judicial tienen un carácter técnico-instrumental; ii. Las razones que justifican la existencia de tales reglas son de naturaleza epistemológica; iii. Las reglas que regulan la prueba son transparentes a sus razones subyacentes y, por lo mismo, intercambiables con aquellas; iv. Para la correcta aplicación del derecho vigente, el juez debe libremente averiguar la verdad sin mayor restricción que su buen criterio y prudencia.

Ahora bien, si resulta ser que las reglas que disciplinan la prueba constituyen verdaderas razones (autónomas e independientes) para la acción. Si las razones que justifican su existencia no son de naturaleza epistemológica, sino político-jurídicas. Si hay buenas razones para pensar que la libertad concedida a los jueces no se traducirá necesariamente en una mayor realización de la justicia sino en arbitrariedad y falta de seguridad jurídica y control, entonces habrá que descartar, por lo menos en términos generales, el programa abolicionista.

En este trabajo exploraré el rendimiento teórico de las hipótesis del párrafo precedente, concentrándome en el contenido tradicional y esencial de las llamadas reglas sobre carga de la prueba[2], toda vez que ellas han sido recientemente objeto de cuestionamiento. Para la exposición de los argumentos, este artículo se divide en seis partes. La primera y la última corresponden a la introducción y conclusión. Entre uno y otro extremo hay otras cuatro. En la segunda expongo los argumentos que, me parece, conducen a la (propuesta de) abolición de las reglas sobre onus probandi. En la tercera, intentaré responder la pregunta: ¿Qué significa afirmar que las reglas sobre carga de la prueba son reglas jurídicas? Luego, me concentraré, en una cuarta parte, en precisar las razones subyacentes a las reglas sobre la carga de la prueba. Para ello me valdré, principalmente de los argumentos ofrecidos por Leo Rosenberg. En la quinta parte, la cuestión a discutir será la aptitud de las reglas imperativas de carga de la prueba para servir de antídoto contra la justicia cerebrina. Cierra este trabajo una pequeña conclusión que busca destacar, a la luz de lo expuesto, ciertas virtudes propias del razonamiento práctico guiado por reglas.

Si algún valor tiene esta exposición de ideas, ella ha de buscarse en el desarrollo de los argumentos y no en su conclusión. De ahí que pueda afirmar desde el inicio de esta investigación que, de acuerdo a lo que expondré, existen muy buenas razones para descartar la propuesta abolicionista, por lo menos en lo que a las reglas sobre onus probandi toca. Ello, porque las referidas reglas entregan de forma autónoma e independiente razones para la acción que, en tanto tales, son opacas a sus razones subyacentes próximas o remotas. Razones subyacentes que, por lo demás, solo indirectamente se vinculan con aspectos epistemológicos. Finalmente, la existencia de estas reglas (como muchas otras reglas reguladoras de la prueba judicial) se justifica sistémicamente por su capacidad para limitar (en un grado no menor) la llamada equidad cerebrina. Que, como mostraré, con la excusa de realizar la justicia, deviene siempre en arbitrariedad y falta de seguridad para las partes en un proceso.

II. El razonamiento que conduce a la (propuesta de) abolición de las reglas sobre onus probandi

Desde los tiempos de Bentham en adelante, el derecho probatorio[3] ha asumido progresivamente un compromiso científico con la averiguación de la verdad de las proposiciones empíricas afirmadas en un proceso judicial, a fin de garantizar la realización de la justicia mediante la correcta aplicación del derecho positivo al caso particular; pues, de acuerdo a esta orientación, “la exclusión de toda evidencia podría llegar a ser la negación de toda justicia” (Bentham, 1825, p. 227). Los herederos intelectuales de Bentham, reunidos hoy bajo el rótulo común de “tradición racional del derecho probatorio” (Twining, 2017, pp. 35-98), han identificado, al igual que su maestro, un enemigo común a tan noble empresa: el formalismo jurídico, es decir, la aplicación acrítica del precepto jurídico, aun cuando aquella pueda estar reñida con el sentido común[4].

Por ello, el advenimiento (o renacer), en el siglo XIX, de los sistemas de libre ponderación de la prueba judicial, unido a su progresiva y creciente generalización (desde el ámbito penal a todas las otras ramas del derecho), supuso para los benthamianos un nuevo impulso para re-pensar el derecho probatorio y, sobre todo, para purgarlo de sus viejos hábitos (Taruffo, 2008, pp. 20-35; Taruffo, 2010, pp. 114-153; Nieva, 2019, pp. 23-25).

Destasada ahora la prueba, la discusión teórica sobre la misma se desplazó desde el problema de la determinación de los medios de prueba y su valor relativo, a la cuestión más amplia de la validez de las llamadas leyes regulatorias de la prueba en general. Entusiasmados como estaban, algunos teóricos (no todos, por cierto), rápidamente sostuvieron la necesidad de “abolir” (dentro de los dominios del derecho probatorio) toda restricción normativa a la libre averiguación de la verdad (Stein, 2008, pp. 108-116). Sir Rupert Cross, uno de los más prominentes académicos del derecho probatorio del siglo XX, comprometido como estaba con el proyecto abolicionista, incluso llegó a afirmar: “Estoy trabajando para el día en que mi objeto de estudio sea abolido” (Twining, 2017, p. 1).

Los menos radicales (la mayoría), con todo, optaron por realizar un análisis particularista de las disposiciones con incidencia probatoria a fin de resolver, caso a caso, la pertinencia y utilidad de las tales reglas dentro del programa racional. El criterio de validación de las normas con incidencia probatoria quedó, en este registro, circunscrito por tanto a su aportación, dentro de un procedimiento, a la búsqueda y obtención de la verdad material[5] (Anderson, Schum & Twining 2017, p. 302).

Así las cosas, en un sistema de prueba libre, en el cual el criterio rector es la averiguación de la verdad de los hechos, todas aquellas disposiciones que obstaculizan dicha empresa debiesen ser, en principio, suprimidas (Laudan, 2013, p. 292), debido a que constituyen verdaderas “patologías” del procedimiento (Gascón, 2010, p. 111). Dentro de esta categoría patológica e inútil, al parecer, hay que incluir, ahora, a las normas reguladoras de la carga de la prueba.

Ese es justamente el resultado de mis investigaciones sobre la carga de la prueba. A lo largo del tiempo, tras haber estudiado sus orígenes y desarrollo, así como sus muchas veces funestas consecuencias prácticas, no me ha quedado otro remedio que defender su desaparición de nuestros procesos, igual que ha desaparecido en tantos lugares el juramento, el sistema de prueba legal o la propia ordalía, que tanta seguridad provocaba entre los ignorantes que la observaban. (Nieva, 2019, p. 24)

Si la afirmación precedente es correcta, entonces (sostienen los críticos de tales reglas) la supresión de las normas[6] sobre onus probandi no debiese tener ninguna incidencia en el diseño de un procedimiento ni en el resultado particular de un proceso (por lo menos, dentro de los sistemas que consagran un régimen de libre valuación de la prueba). Sin embargo, antes de dar por cierta la afirmación, ha de demostrarse que las reglas sobre carga de la prueba no son actualmente “reglas” en un sentido propio, dado que las razones subyacentes (próximas o remotas) para su instanciación se derivan solo de su aptitud para producir un determinado resultado: la...

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