La ficción jurídica del derecho a la defensa en el sistema de justicia penal colombiano
| Autor | Manuel Iturralde |
| Páginas | 387-437 |
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LA FICCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO
A LA DEFENSA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL COLOMBIANO* / **
Manuel Iturralde***
introducc ión
Esta es la historia de Omar, un hombre condenado a diecisiete
años de prisión por homicidio agravado. Es también la historia
de un sistema de justicia penal que no garantiza de manera
efectiva los derechos fundamentales del acusado, a pesar de
las apariencias. El caso de Omar no es excepcional; es un ca-
so representativo del fracaso sistemático de la justicia penal
colombiana, inadecuada para la protección de los derechos
* Para citar: http://dx.doi.org/10.15425/2017.285.
** Traducción de Carolina Montoya Vargas y Carlos F. Morales de Setién
Ravina.
*** Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes. Quiero darle las gracias a Alejandra Vidaurre, estudiante de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien fue mi asis-
tente de investigación, y a Carolina Ángel, con quien trabajé en el Grupo
de Derecho de Interés Público (g-dip) de la Universidad de los Andes, y
quien me proporcionó información y materiales útiles para este artículo.
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Manuel Iturralde
constitucionales del acceso a la justicia y a la defensa. Este
fracaso es todavía más preocupante cuando se considera que
aquellos a los que les falla el sistema son en la mayoría de los
casos —y no por casualidad— miembros de los grupos más
desfavorecidos de la sociedad. Un acusado de clase media o
alta tiene mejores posibilidades ante la justicia porque cuenta
con los recursos sociales y económicos que le permiten conse-
guir la asesoría jurídica de abogados particulares capacitados y
motivados, que la mayoría de los acusados y personas privadas
de la libertad no puede costear.
A través del relato del caso de Omar, en este texto se exa-
mina la ficción jurídica del derecho de acceso a la justicia y a
la defensa en el sistema penal colombiano, se describen sus
características y, en especial, sus deficiencias estructurales, a
pesar de las garantías jurídicas y de las recientes reformas lega-
les. Intenta también explicar por qué ocurre esto y cómo no es
una peculiaridad del sistema penal colombiano, sino un reflejo
de una tendencia preocupante que se verifica en las diferentes
democracias liberales del Norte y el Sur globales, que han adop-
tado una economía política del castigo punitiva y excluyente
que afecta de forma desproporcionada a los miembros de las
clases bajas.
En la esfera global hay una conexión directa y clara entre
pobreza y desigualdad, por un lado, y el acceso limitado a la
justicia, por el otro. Por consiguiente, la promesa de las demo-
cracias liberales de garantizar el acceso a la justicia está lejos
de hacerse realidad. En muchas democracias liberales, sean del
Norte o del Sur global, la clase social y el mercado del derecho
intensifican las disparidades y constituyen una forma severa de
discriminación que impide proporcionar una representación
legal efectiva a los que no pueden pagarla. En las condiciones
sociales y económicas actuales de las democracias liberales de
todo el mundo, esta situación afecta a un porcentaje importante
de la población y supone una forma estructural de desigualdad
e injusticia.
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En la primera sección del artículo expondré con cierto detalle
el caso de Omar, con el fin de mostrar por qué no tuvo un juicio
justo y, en especial, cómo sus derechos de acceso a la justicia y
a la defensa fueron violados, tanto por la defensa pública que
le fue proveída como por los jueces que decidieron su caso.
En la segunda sección mostraré cómo el caso de Omar es un
ejemplo ilustrativo de las características del sistema de justicia
penal colombiano, que castiga y encarcela, de manera sistemá-
tica y desproporcionada, a personas pobres y excluidas, en gran
medida porque no tienen los recursos financieros para pagarse
un abogado mejor y más motivado. Por lo tanto, el sistema penal
colombiano no trata con justicia a aquellos que deben recurrir
a la defensa pública, que son la mayoría de los procesados. Da-
dos sus limitados recursos, la sobrecarga de trabajo y la falta de
incentivos, los defensores públicos tienen grandes dificultades
en la práctica para proporcionar los estándares mínimos de
una defensa técnica adecuada, con lo que dejan al acusado
en una posición de desventaja frente a la Fiscalía, que es más
poderosa y cuenta con más medios para realizar su trabajo.
En la tercera sección analizaré cómo el tratamiento injusto
de los miembros más desfavorecidos de la sociedad es causado
por un sistema que no es imparcial en la práctica y cómo esta
tendencia ha continuado con el nuevo sistema acusatorio, si
es que no ha empeorado. Bajo este modelo, la acusación y la
defensa están en condiciones legales de igualdad ante el juez.
La acusación debe probar más allá de toda duda razonable la
culpabilidad del acusado. Por su parte, la defensa debe proteger
los derechos de éste y, en especial, la presunción de inocencia;
por consiguiente, tiene la tarea esencial de garantizar el fun-
cionamiento correcto de la justicia penal y los límites al poder
de coerción estatal. Sin embargo, en la práctica, las diferencias
estructurales y financieras entre la Fiscalía General de la Na-
ción y el Sistema Nacional de Defensoría Pública, así como los
instrumentos e incentivos perversos que el sistema proporciona
y promueve para evacuar eficientemente los casos y obtener
condenas, producen una justicia penal que no es imparcial, al
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