Flexibilizar la gestión administrativa del Estado colombiano en tiempos de globalización - Núm. 168, Julio 2019 - Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 808663929

Flexibilizar la gestión administrativa del Estado colombiano en tiempos de globalización

AutorJosé Ignacio González Buitrago
CargoMagister en Dirección Universitaria de la Universidad de Los Andes, Especialista del Lenguaje Audiovisual de la Universidad El Bosque, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y director del Centro de Conciliación de la Fundación Pluma en la ciudad de Bogotá

El presente artículo es de reflexión, en cuanto presenta uno de los productos de los resultados de la investigación terminada sobre sobre Gobierno Electrónico, desde una perspectiva analítica, interpretativa y crítica sobre este tema específico, desarrollada por José Ignacio González Buitrago, en la convocatoria 2015 – 2016, de la Universidad La Gran Colombia, en donde presta sus servicios como docente – investigador de la Facultad de Postgrados, Área de Derecho. La línea de investigación que coincide con el nombre del grupo, denominada: “Derecho constitucional, reforma de la administración de justicia y Bloques de Constitucionalidad”.

El Estado es cada vez más inoperante en lo global y cada vez menos representativo en lo nacional.

Manuel Castells

Introducción

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante las TIC) en la gestión administrativa de los Estados ha exigido de estos que se produzcan marcos normativos que permitan su incorporación a las dinámicas propias de la modernización y de la organización de los mismos.

La inserción de las TIC en la vida gubernamental facilita la relación entre administración y administrados y con ello el dar cumplimiento a los principios constitucionales de celeridad, eficacia y economía, propios de la actividad administrativa del Estado.

La presente investigación se enmarca dentro del fenómeno de la globalización, en el cual los gobiernos se obligan a implementar estrategias que posibiliten una estructura administrativa flexible, sin desconocer los principios constitucionales y legales que regulan su actuación. Esta situación implica una búsqueda de la optimización, tanto de recursos económicos, como de tiempo que el Estado emplea para das respuesta oportuna a las inquietudes de los ciudadanos sobre los servicios públicos ofrecidos directamente por la administración. Ante este imperativo, las TIC se constituyen en mecanismos idóneos para mejorar la prestación de los servicios gubernamentales.

Es común escuchar a los ciudadanos expresarse sobre el Estado como una organización rígida, lenta, cargada de trámites y propensa a la corrupción. Estos fenómenos ha sido objeto de estudio de las Naciones Unidas, que en consecuencia ha solicitado a los Estados miembros que revisen su normatividad e implementen cambios que permitan incorporar las nuevas TIC en el manejo de los asuntos públicos y se ajusten a las exigencias propias de la globalización. Es así como cada país, dentro de las discusiones en las conferencias sobre el gobierno electrónico y en el marco de la celebración y aprobación de los tratados de libre comercio, han adquirido compromisos ineludibles sobre la modernización de los entes gubernamentales. Posiblemente, si la organización y gestión del Estado se flexibilizara, implementando mecanismos tales como el gobierno electrónico, que implica la utilización de las nuevas tecnologías para acceder a los servicios del Estado y la incorporación social de la información propia de la sociedad del conocimiento, la relación Estado y sociedad sería más cercana y obtendría mejores resultados dentro de la perspectiva de una democracia real.

Son muchas las perspectivas desde las cuales se puede analizar el tema propuesto. El presente trabajo de investigación busca una respuesta a la pregunta ¿cuál o cuáles son los mecanismos administrativos que el Estado colombiano debe implementar para lograr la flexibilización de su estructura administrativa, en tiempos de globalización? Con esta pregunta se busca identificar los mecanismos jurídicos administrativos que el Estado colombiano debe implementar para hacer su estructura administrativa más flexible y, una vez superada esta etapa, pasar a describir cómo operan cada uno de ellos y finalmente, observar si con ello se cumple con los compromisos internacionales, relacionados con la inserción del país en los procesos de globalización.

La implementación de las TIC en la organización de los Estados se constituye en un instrumento trascendental para lograr un nuevo diseño de los procedimientos administrativos, o como lo denomina las Naciones Unidas, el diseño del gobierno electrónico (e-gobierno).

El surgimiento del gobierno electrónico, podría propiciar, entre otras, una mayor transparencia en las actuaciones de los servidores públicos; mayor eficacia y eficiencia en los trámites; mejores respuestas a los ciudadanos; reducción en el tiempo de respuesta y, por supuesto, permitiría generar confianza de la colectividad en el sistema, al mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

En el caso particular de Colombia, los objetivos que se pretenden con la implementación del gobierno electrónico o gobierno en línea, como se denomina en el país, solo podrán cumplirse si se desarrollan con plena concordancia con los principios constitucionales sobre: “Los Fines del Estado” y los “Principios de la Función Pública”, artículos 2° y 209, ampliados en la Ley 489 de 1998, Por medio de la cual se reglamenta la función administrativa”, artículo 3°, en los siguientes términos: “La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia” (Colombia, Congreso Nacional, 1998).

En razón de lo anterior, los resultados que se presentan en el presente trabajo permitirán entender y conceptualizar cómo las TIC sirven de mecanismo jurídico para hacer más efectivos los servicios que debe prestar la administración pública en cumplimiento de los principios constitucionales y legales.

Antecedentes

Durante la década de los noventa del siglo XX, en América Latina, se impuso la implementación de reformas en la estructura y gestión administrativa de los Estados, originadas en las exigencias propias del llamado “Consenso de Washington”, y que sirven de puerta hacia la aparición del concepto neoliberal sobre el Estado que propende porque la economía de mercado sea la que oriente la relación Estado-mercado en el continente americano. Frente a esto, la mayoría de los gobiernos de la región emprendieron programas de ajuste estructural de la administración con el deseo de mejorar la calidad de la democracia y evitar el enfrentamiento entre el Estado y ciudadanía, que tiene su origen en la existencia de altos niveles de pobreza y la desigualdad existente en la mayoría de los Estados de América Latina.

Para la segunda mitad de la década de los noventa, durante el siglo XX, aparece un segundo elemento impuesto por organismos internacionales consistente en la obligación de adoptar políticas públicas que permitan el uso de los adelantos de las TIC para propiciar que la acción del Estado sea más cercana al ciudadano y que sus acciones faciliten la participación ciudadana en los asuntos públicos. Esto crea espacios en los que todos se comprometen y aportan para mejorar los servicios que el Estado ofrece a la comunidad en general. En consecuencia, se da inicio a unos primeros intentos al reducir los procesos administrativos, con normas antitrámites; disminución en el tiempo de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, con la creación de las Ventanillas Únicas y optimizar la seguridad en la circulación de los documentos públicos al ofrecer los servicios de consulta, por medio de las páginas web de las entidades públicas. Intentos que vistos hoy desde la perspectiva del avance de la tecnología, parecieran insignificantes. Sin embargo, estos esfuerzos han derivado en grandes transformaciones en la cultura institucional de los gobiernos latinoamericanos, al hacer más eficiente y transparente la gestión gubernamental.

En el año 2004, un informe de las Naciones Unidas, elaborado dentro del marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado La Democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, orientado por el profesor Guillermo O’Donnel, se constituye en un acontecimiento trascendental para el futuro de lo que se llegaría a denominar e-gobierno.

Es indudable que las nuevas tecnologías han producido un cambio radical en la sociedad, haciendo de ella una verdadera sociedad de la información y del conocimiento. A su vez, este avance ha propiciado la existencia de soportes de información y sistemas de representación que han creado vínculos económicos y políticos dentro de las sociedades que los utilizan.

María Belén Albornoz (2006) resume la implementación del gobierno electrónico como aquel fenómeno que surge a fines de los años noventa, de una parte, como el resultado de procesos de incorporación de la tecnología por parte de la sociedad, y por otro lado, debido a factores propios de la última década del siglo XX, tales como el nacimiento de la sociedad de la información, la globalización económica y cultural, el debilitamiento institucional y funcional de los Estados-Nación, los procesos de descentralización estatal y...

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