Genocidio o crímenes de lesa humanidad: el debate jurídico argentino como disputa por el sentido asignado al pasado - Núm. 170, Julio 2020 - Revista Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 846871981

Genocidio o crímenes de lesa humanidad: el debate jurídico argentino como disputa por el sentido asignado al pasado

Autor:Malena Silveyra/Daniel Feierstein
Cargo:Licenciada en sociología y doctoranda por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Integrante del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEG- UNTREF), del Observatorio de Crímenes de Estado (OCE) y del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
RESUMEN

El escenario judicial se constituyó tempranamente en un ámbito privilegiado para la disputa por el sentido del pasado en el caso del genocidio argentino (1975-1983). Removidos los obstáculos que impedían el juzgamiento, en 2005 se reabrieron los juicios. A partir de la incorporación de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos como querellantes, se instalaron distintos debates... (ver resumen completo)

 
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Introducción

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron el gobierno constitucional e instauraron un gobierno de facto que se extendería hasta el 9 de diciembre de 1983. Si bien se trata de la sexta dictadura militar en el país, y en todas ellas se produjeron procesos represivos, la instalación de un sistema de campos de concentración y las desapariciones forzadas como dispositivos principales de difusión del terror, la convierten en parte de un proceso novedoso en el país y la ubican como el momento de aniquilamiento de una práctica social genocida (Feierstein, 2007).

En su libro El dominio del Eje en la Europa ocupada (1943), Raphael Lemkin define el genocidio como un proceso cuyo objetivo es la destrucción de los patrones identitarios del grupo oprimido y la imposición de los patrones identitarios del opresor (Lemkin, 2009, p. 154). Desde esta perspectiva, el genocidio es un proceso que no se circunscribe al desarrollo del aniquilamiento, sino que este se convierte en una herramienta para la destrucción de los patrones identitarios.

En el caso argentino, el genocidio tuvo como objetivo la destrucción de las relaciones de reciprocidad de los sectores populares, a partir de la instalación del terror que produce la desconfianza generalizada entre pares, fragmentando los lazos sociales que conforman los colectivos/comunidades y aislando a los sujetos (Corradi, 1996). Esta transformación identitaria tenía como objetivo construir las condiciones socio históricas para la implementación del modelo de acumulación de valorización financiera y ajuste estructural (Schorr y Wainer, 2005)[1].

Este proceso se completará con la efectiva transformación de las relaciones sociales y la constitución de los nuevos patrones identitarios. Los modos de comprender el aniquilamiento y aquello que fue aniquilado, habilitan en la sociedad que recuerda procesos de apropiación o ajenización de la experiencia que afectan las identidades presentes.

La instancia judicial es uno de los ámbitos privilegiados para la construcción de sentidos. El derecho, no solo cumple un rol negativo o represivo en el sostenimiento de la hegemonía del bloque dominante, sino que además cumple un rol positivo por su eficacia simbólica (García Villegas, 2014): produce y reproduce los sentidos que explican el mundo, colabora en la determinación de las conductas aceptadas y las rechazadas socialmente y tiene la capacidad de sancionar a quienes las incumplen.

El reclamo por “Juicio y Castigo” fue central en las reivindicaciones del conjunto del movimiento popular y del movimiento de derechos humanos en particular. Esta característica hizo que el proceso de juzgamiento en Argentina se construyera en diálogo con los debates, los reclamos y las experiencias de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes y familiares de las víctimas directas, y del movimiento popular en general.

El primer juicio a los responsables del genocidio se desarrolló a poco tiempo de concluida la dictadura. Mientras que el gobierno constitucional proponía un único “juicio ejemplar” a los principales responsables de las Juntas Militares, los organismos de derechos humanos reclamaban juicio y castigo a todos los responsables de todos los delitos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal habilitó en su sentencia la apertura de nuevos procesos judiciales, lo que generó fuertes presiones de los sectores militares.

El proceso de juzgamiento abierto con la Causa 13/84, quedaría trunco por más de una década con la promulgación de las leyes de Punto Final (PF) (1986) y Obediencia Debida (OD) (1987)[2] y con los posteriores decretos presidenciales que indultaron a los que se encontraban cumpliendo condenas e incluso a aquellos que estaban procesados (1989/90). Durante esos años, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia se afianzó como tríada indivisible y el reclamo por el fin de la impunidad fue su eje central expresado tanto en movilizaciones como en distintas presentaciones judiciales dentro y fuera del país[3].

Entre el año 2003 y 2005 se removieron todos los obstáculos legales para el juzgamiento[4] y se reabrieron los juicios. El conocimiento construido durante los años de impunidad encontró lugar en los tribunales desde el inicio de este nuevo proceso y se hizo presente en la voz de sobrevivientes, familiares y abogados. Los debates políticos y jurídicos sobre el modo de calificar a los hechos se constituyeron rápidamente en un eje central de disputa, a partir del pedido de distintas querellas de sobrevivientes para que se reconociera la existencia de un genocidio.

Estos debates pusieron en evidencia la importancia simbólica del derecho en los procesos de elaboración. Si bien los delitos por los que se juzga son los que se encontraban tipificados en aquel momento y la calificación general del proceso solo opera como un marco de entendimiento de ese conjunto de delitos sin ninguna incidencia formal en la valoración de la prueba o en las penas asignables, la calificación se convirtió en un eje trascendente de debate por la importancia que ha tenido para los sobrevivientes que el Estado, quien vulnerara sus derechos en el pasado, fuera capaz en el presente de asumir no solamente el carácter puntual de las violaciones cometidas, sino también y fundamentalmente por qué se organizó el sistema de terror y cuáles han sido las consecuencias del mismo.

En el presente artículo se presenta el análisis del proceso de juzgamiento desde su reapertura en 2005 hasta junio de 2019, a la luz del debate sobre las formas de calificación de los hechos. Para ello se han relevado y sistematizado el conjunto de las sentencias emitidas por los tribunales locales entre el 4 de agosto de 2006 (fecha de la primera sentencia de esta nueva etapa) y el 31 de junio de 2019, constituyéndose un corpus de 227 fallos. Las dimensiones sobre las que se ha trabajado son: 1) los argumentos para el rechazo o la aceptación de la calificación de genocidio y 2) el comportamiento de los tribunales respecto de las atribuciones de responsabilidades y sanciones.

La magnitud y diversidad del corpus analizado permite arribar a conclusiones que, aunque provisorias, muestran tendencias que se sostienen a lo largo de estos 14 años de juzgamiento.

El Proceso de juzgamiento enero 2006 - junio 2019

A diferencia de lo que sucedió en el “Juicio a las Juntas Militares” (Causa 13/84, llevada adelante por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal), las causas que se reabrieron en 2005 se desarrollaron en los tribunales ordinarios de todo el país, bajo las normas del Código Penal vigente al momento de los hechos. Esta particularidad ha hecho que el proceso adquiera una extensión territorial que abarca casi la totalidad de las provincias argentinas como puede verse en la Tabla n.°1. Las únicas dos excepciones son las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego donde no existen denuncias.

Tabla 1
Distribución de sentencias por provincia
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[i]Fuente: elaboración propia.

Esta distribución en el conjunto del territorio nacional ha tenido efectos significativos en los procesos judiciales. El análisis de los hechos y los circuitos represivos en el mismo territorio donde se produjeron ha permitido tener una comprensión situada del aniquilamiento, facilitando a los magistrados la realización de inspecciones oculares en los lugares denunciados y a muchos sobrevivientes y familiares el acceso directo a los juicios para denunciar, acercar información y testimoniar en las audiencias.

Pero los efectos de los juicios han traspasado los límites de los tribunales. Por un lado, la publicación en los medios locales de lo relatado en las audiencias ha colaborado en la difusión tanto del proceso de juzgamiento en sí, como de las particularidades locales del genocidio. Por otro lado, la identificación de los campos de concentración ha propiciado que sectores de las comunidades emprendieran distintos proyectos de construcción de sitios de memoria o señalización. Así también, la posibilidad de asistir a las audiencias, ha permitido su apropiación local a través de distintos programas e iniciativas de acompañamiento a los juicios que se desarrollan en ámbitos educativos, gremiales y organizacionales, recuperando las identidades de los detenidos-desaparecidos en los ámbitos a los que pertenecieron.

A junio de 2019 se contabiliza un total de 1.492 imputados de los cuales fueron condenados 1.306 por los casos de 8.343 víctimas[5], lo que equivale a un 87,53 % del total. Las penas promedio rondan los 29 años, lo que representa un monto significativamente alto teniendo en cuenta que, a excepción de la prisión perpetua, la pena máxima al momento de los hechos era de 25 años[6].

Respecto de la distribución temporal de sentencias, observamos en el Gráfico n.º1 que, luego de los dos primeros años en los que se pusieron en marcha numerosas investigaciones y aunque obtuvieron sentencias solo muy pocos casos, el proceso de juzgamiento fue avanzando en una curva ascendente, cuyos puntos más altos se registran en 2012 y 2013. A partir de 2014 se registra una tendencia a la disminución de la cantidad de sentencias que puede deberse a múltiples factores. Uno de los que interesa destacar es el crecimiento de lo se conoce como Mega Causas, es decir, la conformación de juicios que abarcan gran cantidad de víctimas y de perpetradores, generalmente agrupados por circuito represivo[7]. La posibilidad de agrupar las distintas denuncias en causas unificadas ha sido uno de los mayores reclamos de los sobrevivientes y familiares, con el objetivo de acelerar los procesos y evitar la revictimización que supone la constante citación a testimoniar.

Gráfico 1
Distribución sentencias por año
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Fuente: elaboración propia.

La unificación de causas ha generado la posibilidad de dimensionar la magnitud del sistema concentracionario, así como comprender...

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