Hacia nuevos horizontes del análisis de política antidrogas
| Autor | Misael Tirado Acero |
| Páginas | 51-84 |
HACIA NUEVOS HORIZONTES DEL ANÁLISIS
DE POLÍTICA ANTIDROGAS
En el mundo contemporáneo hablar de tráco y consumo de drogas ilícitas reere
por íntima asociación a un mismo fenómeno. Los escenarios en los que se enfren-
tan consumidores, tracantes, productores y autoridades públicas encargadas de
su represión, se atraviesan, interceptan y correlacionan. Un adicto, por ejemplo,
no tiene por búsqueda lucrarse del negocio del tráco de droga, mientras que el
expendedor sí. Al tracante le importa poco la salubridad pública, mientras que
para el Estado la salubridad es un bien jurídico protegido, lo cual impulsa sus
acciones en contra de la producción y consumo de estupefacientes. De esta ma-
nera el Estado justica, por ejemplo, la necesidad de erradicar los cultivos ilícitos
como forma de garantizar la salubridad pública como un derecho colectivo.
No obstante, la ruta empleada para combatir el tráco de drogas podría ter-
minar por ser más perjudicial que el problema que le da origen. Es el caso de la
erradicación forzada de cultivos ilícitos, la cual genera escasez de materia prima,
lo que le permite al tracante de drogas valerse de las dinámicas y las lógicas
del mercado ―oferta y demanda― para jar precios que le arrojan márgenes de
ganancia extraordinaria. En general, al consumidor habitual, en su cotidianidad,
le importa poco lo que pase antes que la droga llegue a él. En su actuación social,
el consumidor le resta importancia a las conductas ilícitas conexas al tráco de
drogas, sustrayéndose del cuestionamiento sobre las actividades al margen de la
ley que, directa o indirectamente, apoya. Es más, el consumidor, a pesar de ser
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La política antidrogas nuevos horizontes de cambio en el control de la oferta y la demanda
quien le da el principal sentido a la cadena al pagar el valor pleno del proceso y la
sustancia—, carece de la misma mens rea o intención criminal que poseen los tra-
cantes de droga. El Estado, por su parte, tiene una responsabilidad ―aún mayor
que el consumidor― debido a su inoperancia para hacer cumplir sus propios dic-
támenes en materia penal, en su obligación de proteger el bien de la salud pública.
Hacia una nueva trayectoria en la lucha antidrogas
Durante las últimas décadas, la lucha antidrogas ha dejado una estela de apren-
dizajes. A pesar de reconocer la inoperancia ―en las políticas públicas― de los
principios del prohibicionismo, dictados desde los centros de poder internacional,
estos se sostienen como la piedra angular de las políticas antidrogas. Por doquier
se menciona la inecacia estatal en temas de la lucha contra los estupefacientes
y del combate contra el consumo problemático, dado que el prohibicionismo ha
derivado en el fortalecimiento de las estructuras criminales. Ello deslegitima la
labor estatal, haciendo entrar a las instituciones en el universo del descrédito, lo
que refuerza la polarización.
Aun así, los Estados, al igual que las instituciones intergubernamentales y
supranacionales, se resisten a aceptar el debilitamiento progresivo de su dominio
material y de su capacidad institucional, y luchan por mantener vigente un imagi-
nario ―socialmente vinculante― del poder de sus estructuras, no solo entre los
destinatarios de las políticas públicas sino de la sociedad en general. Los prin-
cipios prohibicionistas permanecen, no por su ecacia sino porque son un pilar
fundamental del sostenimiento del Estado y de su capacidad de hacerle frente a
situaciones problemáticas, con base en los diversos medios materiales que tiene
a su disposición.
El consumo
La signicación del consumo varía respecto de la legislación y la aceptación so-
cial que opere sobre el mismo. El contexto se plantea como problemático según
el imaginario y la prohibición que se tenga de los estupefacientes. Hablar de una
política pública prohibicionista que castiga el uso, designando la actividad del
consumidor como un delito, en la cual la acción del Estado será de tipo coerciti-
va y punitiva, no es igual que concebir el consumo como un problema de salud
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pública, pues en este último caso la persona y su práctica serán vistos, ya no como
un delito, sino como una condición de salud que involucra a un enfermo y no a
un delincuente.
El consumo es una problemática social. Para el usuario, el ámbito de discri-
minación y marginalidad que se asocia a su condición es bien conocido y dife-
renciado. Su estigmatización como drogadicto se encuentra impregnada por la
consideración de ser un delincuente en potencia, que se deriva de suposiciones
sobre las actividades conexas que probablemente realice para mantener su hábito.
El fenómeno del consumo colectivo da origen a imaginarios sociales sobre
los espacios concretos en que este tipo de actividad se realiza, asociándoseles a
la marginalidad. El daño social que esta estigmatización representa para dichos
individuos, se expresa en la popularización de la idea de que la única alternativa
para su tratamiento es la mal llamada “limpieza social”, que propugna la idea de
su aniquilación social.
No se mide con el mismo racero a poblaciones o grupos pertenecientes a
estratos altos, los cuales son usualmente compradores de “drogas caras”, que
a usuarios adictos a sustancias como el bazuco, por ejemplo. La adicción y el
abuso de estupefacientes en esferas del “buen vivir” no resulta tan notorio como
en las del “mal vivir”. Si bien se registran algunas políticas públicas y progra-
mas de gobierno, dirigidos a estas últimas poblaciones, para la restitución de sus
derechos, su asistencialismo reproduce la marginación social de sus benecia-
rios. Este argumento crítico de las políticas públicas es uno de los pilares para la
construcción y mejora de acciones integrales en torno al manejo de problemas
asociados al consumo de drogas, para enfrentar no sólo la drogadicción, sino
también para enfrentar las condiciones que contribuyen a la reproducción social
de dicha condición.
Por otra parte, el endurecimiento de las penas ―en las legislaciones nacio-
nales― para enfrentar delitos relacionados con drogas, en respuesta a la presión
internacional ejercida por medio de instrumentos de condicionamiento ―esta-
blecidos en el marco de las convenciones de drogas de Naciones Unidas―, se ha
traducido en el crecimiento inusitado de la tasa general de encarcelamiento, con
lo cual los sistemas carcelarios hoy se encuentran sobrecargados con un grave
hacinamiento. Aparte de que las penas por delitos de drogas, que suelen oscilar
entre 12 y 25 años ―en la mayoría de los países de América Latina―, resultan
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