II Informe sobre el proceso de restitución de tierras en Colombia - Núm. 2014, Enero 2014 - Guías e Informes de la Comisión Colombiana de Juristas - Libros y Revistas - VLEX 840305393

II Informe sobre el proceso de restitución de tierras en Colombia

 
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II Informe sobre el proceso de
restitución de tierras en Colombia
Comisión Colombiana de Juristas
Bogotá, diciembre 27 de 2013
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Tabla de Contenido
Presentación
Introducción
1. La restitución de tierras necesita fortalecer su institucionalidad y afinar su
coordinación
1.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
URT- ha conformado su estructura
1.2 Los jueces y magistrados de restitución de tierras implementan la etapa judicial de la
restitución de tierras
2. Los primeros resultados de la restitución luego de dos años de la aprobación de la Ley
de Víctimas
2.1 El Fondo de la Unidad de Restitución no dispone de predios para cumplir los fallos de
compensación y reasentamiento de las víctimas
2.2 Los pasivos se contraponen a la sostenibilidad de los procesos de restitución
2.3 La ausencia de una política de vivienda específica para las víctimas del desplazamiento
forzado impide alcanzar la reparación integral y la sostenibilidad de los procesos de
restitución de tierras
2.4 La indemnización administrativa para las víctimas del desplazamiento debe ajustarse al
contenido del derecho a la reparación reconocido internacionalmente
3. Continúan las violaciones contra el derecho a la vida de las víctimas solicitantes de
restitución de tierras
4. Las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo sin garantías de no repetición
4.1 El desmantelamiento de los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares y sus
estructuras políticas y económicas: tarea pendiente
4.2 La justicia no ha investigado ni sancionado a muchos de los responsables del
desplazamiento forzado y de las violaciones contra los derechos humanos de las víctimas
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4.3 La prevención de violaciones a los derechos humanos de los grupos expuestos a mayor
riesgo es ineficiente
4.4 Se ha dado inicio a la indagación de los hechos de desplazamiento forzado y despojo y
la difusión pública de la verdad
4.5 El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo SAT-
aún no cubre el riesgo derivado de las acciones de la fuerza pública
4.6 El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica
como garantía de no repetición
4.7 El Estado no ha cumplido su obligación de promover mecanismos para prevenir y
resolver los conflictos sociales
5. La ausencia de condiciones para la sostenibilidad de la restitución de tierras y la
superación del desplazamiento
6. 6. Los escasos progresos en la restitución de las tierras a refugiados y otras víctimas
que han huido al exterior
7. Conclusiones y recomendaciones
Presentación
De acuerdo con su objetivo de promoción del respeto a los derechos humanos y el
derecho humanitario en Colombia y la aplicación de los instrumentos internacionales de
protección de los mismos, la Comisión Colombiana de Juristas CCJ- desarrolla actividades
de monitoreo e informes sobre la situación de los derechos de las poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad, tales como los pueblos indígenas, las comunidades
afrocolombianas y campesinas, las mujeres y las víctimas del desplazamiento forzado. La
CCJ también sigue el estado de cumplimiento de los compromisos del Estad o que abarcan
la aplicación de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de los
derechos humanos. Dichos informes son difundidos en la comunidad nacional e
internacional con el fin de evidenciar la problemática de derechos humanos y los
respectivos avances y desafíos.
La CCJ presenta el II Informe sobre la implementación de la ley 1448 de 2011, conocida
como “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, con la finalidad de brindar información y
análisis acerca de la restitución de las tierras a las víctimas del desplazamiento forzado,
correspondiente al período comprendido entre julio 1 de 2012 y junio 30 de 2013, que
corresponde al segundo año de implementación de dicha ley.

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