Instituciones, capacidades y competencias del sector minero - Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero - Libros y Revistas - VLEX 777628781

Instituciones, capacidades y competencias del sector minero

AutorÁlvaro Ponce Muriel
Páginas103-132
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Instituciones, capacidades
y competencias del sector minero
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Resumen
En este artícu lo se presenta un análisis de las instit uciones estatales relacionadas
con la administración del recu rso minero, de las regulaciones y políticas que de-
nen sus competencias, así como de su capacidad de gestión para llev arlas a cabo.
Las diferentes políticas mineras trazadas por los últimos gobiernos y las
diversas estruct uras institucionales adoptadas para su implementación son en
parte una expresión de la constante búsqueda del enfoque más adecu ado para
promover el desarrollo minero del país en los términos más convenientes para
el Estado como dueño del recurso. No obstante, el desarrollo exitoso de las ac ti-
vidades mineras no depende exclusivamente de la política y la eciente gestión
de las entidades del sector, sino de factores de mercado de ámbito global que
tienen trayectorias cíclicas. Por esta circunstancia no es posible calicar una
política o una estruc tura institucional de mejor o peor que otra, puesto que en
su momento todas han tratado de responder a las condiciones particulares y
prioridades del ciclo del mercado.
El actual modelo del negocio minero está basado en las políticas denidas
en la Ley  del , y para asegurar su adecuada aplicación se han hecho
dos reformas de la institucionalidad mi nera. La primera fue la del , que se
dirigió a facil itar el acceso a las empresas interesadas en explorar y explotar los
potenciales recursos mineros del territorio nacional; la seg unda fue la del ,
que tuvo como principal propósito ordenar, controlar y scalizar las activ ida-
des mineras.
El negocio del Estado en el sector minero es venderles a inversionistas priva-
dos el acceso al recurso, pero dado que el Estado no tiene conocimiento de dónde
 insumos para el desa rrollo del plan nacional de ordenam iento minero
está el recurso, es el interesado privado quien asume los costos de esa búsqueda.
Para garantiza r la renta de este negocio, el Estado necesita que se cumplan e-
cientemente unos procesos claves por su carácter estratégico o por su impacto
coyuntural. Se trata de los procesos de contratación minera, scalización de
los títulos mineros, de hacer pública la información mi nera, de adquisición del
conocimiento geológico-minero del país, de legalización/formalización de la
minería de hecho y de apoyo a la pequeña minería. El aná lisis de estos procesos
mostró que los referentes al conocimiento geológico-minero y a la información
minera pública presentan problemas que pueden ser críticos para el proceso de
ordenamiento minero, y en tal sentido se sugieren unas probables soluciones.
Para el desarrollo exitoso del negocio mi nero del Estado también es indis-
pensable una buena coordinación y articul ación con otras entidades del orden
central y del territorial de la ad ministración pública que tienen alguna compe-
tencia sobre los proyectos mineros. El análisis de estas i nstancias reveló que aún
existen problemas de integración intersectorial y de presencia inst itucional en
las regiones, que impiden integrar criterios y procedim ientos para hacer viable
la política minera del Estado.
Introducción
El marco general del análisis de las instituciones del sector minero, de sus ca-
pacidades y competencias, está dado por el hecho de que en Colombia, salvo
casos excepcionales, el Estado ha sido y es el propietario de todos los recursos
minerales existentes en su territorio, ra zón por la cual durante toda la vida re-
publicana ha procurado que la explotación y el benecio de las minas sea n una
fuente importante de recursos para la s nanzas públicas. A par tir de la vigencia
del Código de Minas del , el negocio del Estado con la minería se ha cen-
trado exclusivamente en la venta de acceso al recurso. La renta que se deriva de
este negocio está representada en pagos de cuotas o derechos administrativos
(trámite de propuestas, trámite y segu imiento ambiental, scalización minera
y multas), de canon superciario, de regalías y en alg unos casos de contrapres-
taciones adicionales, así como de los diferentes impuestos propios de cualquier
actividad productiva.
En este orden de ideas y con el objeto de identicar aprendizajes históricos,
se realizó una rev isión de los diferentes roles que el Estado ha desempeñado en
los negocios de minería y de la estructu ra institucional que los sustentó, antes
de llegar a la situación actual en que renunció a ser empresario minero para
convertirse en partícipe de la renta que pueden llegar a generar los inversionis-
tas privados.

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