Introducción
| Autor | Beatriz Londoño-Toro |
| Cargo del Autor | Directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Editora académica de esta publicación |
| Páginas | 15-17 |
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La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, elevó a rango constitucional las acciones populares y de grupo, y señaló la necesidad de que el legislador regulara las acciones populares con la finalidad de proteger los derechos e intereses colectivos y las acciones de grupo, como mecanismo de reparación de perjuicios sufridos por una pluralidad de personas. Fue sólo hasta agosto de 1998 que se lograron concretar estos esfuerzos a través de la expedición de la Ley 472.
Estas acciones fueron consagradas en la Constitución como acciones públicas, y, al elevarse su rango y posibilidades, el constituyente sentó las bases de lo que podríamos denominar la nueva justicia para el siglo XXI, una justicia colectiva.
Los retos que afronta el derecho frente a problemáticas como el deterioro ambiental, los desechos tóxicos y peligrosos, la intromisión de la tecnología informática a nuestra vida, tanto individual como colectiva, la clonación de seres humanos, los riesgos a los que nos exponemos cada día por falta de seguridad alimentaria, el deterioro de la calidad de vida urbana y rural, la deficiente prestación de los servicios públicos, nuestra desprotección como consumidores y usuarios etc., todas estas precisamente son realidades que necesitan instrumentos jurídicos acordes con los nuevos tiempos.
Con ocasión de los 10 años de expedición de la Ley 472 de 1998, se realizó una alianza entre la Defensoría del Pueblo, la Universidad del Rosario y la Corporación Excelencia en la Justicia para estructurar un diagnóstico de la Ley y de su operatividad en este decenio. Dicho diagnóstico presenta un balancePage 16 de su aplicación, a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público. Para completar el diagnóstico se realizó también una encuesta de percepción entre los jueces administrativos de Bogotá, sobre las audiencias especiales para pacto de cumplimiento.
Es entonces este libro una síntesis de los resultados de la investigación y la materialización de un espacio de encuentro de gran valor con motivo de los 10 años de ejercicio de las acciones populares. Las entidades que participaron en su realización consideraron al inicio del proceso que era necesario realizar un balance y una investigación seria y responsable sobre este instrumento de protección de los derechos humanos, este libro es el resultado de tal iniciativa.
En el...
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