Introducción
| Autor | Liliana Rocío Chaparro Moreno |
| Páginas | 6-8 |
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Introducción
I. INTRODUCCIÓN
La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, el Centro de Estudios de Dere-
cho, Justicia y Sociedad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Co-
lombiana de Juristas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la
Corporación Casa de la Mujer, la Corporación Sisma Mujer, la Liga de Mujeres Desplaza-
das, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, el Observatorio Género Democracia y
Derechos Humanos, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Ruta Pacífica de
las Mujeres, reunidas en la Mesa de Seguimiento (en adelante la Mesa) a la orden segunda
emitida a la Fiscalía General de la Nación y a la invitación hecha a la Procuraduría General
de la Nación respecto del Anexo reservado del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucio-
nal, presentan el informe de seguimiento titulado Acceso a la justicia para mujeres víctimas de
violencia sexual. Quinto Informe de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional- Anexo
reservado. La Mesa cuenta con el acompañamiento en calidad de observadoras de la Oficina
en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
de ONU Mujeres. Este informe ha sido posible gracias al apoyo de ONU Mujeres.
La Corte Constitucional emitió el Auto 092 de 2008, por medio del cual estudió el im-
pacto del conflicto armado y del desplazamiento forzado en la vida de las mujeres y evidenció
que ellas enfrentan en esos entornos una serie de riesgos y facetas de género por su condi-
ción de mujeres, los cuales configuran un impacto diferencial y agudizado que las expone a
padecer situaciones que contrarían y vulneran sus derechos fundamentales. Dentro de ellos,
la Corte Constitucional constató que la violencia sexual –ya fuera derivada de las acciones
de los actores armados o como parte de los impactos del desplazamiento forzado– constituía
una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado
colombiano” (Sección III.1.1.1). Además, el alto tribunal identificó algunas barreras que les
impide a las mujeres acceder a la justicia y corroboró la existencia de un triple proceso con-
formado por la invisibilidad oficial y extraoficial del fenómeno, el silencio por parte de las
víctimas y la altísima impunidad de los casos.
Además, la Corte Constitucional tuvo conocimiento de 183 eventos de violencia se-
xual asociados al conflicto armado, los cuales reunió en un anexo que declaró reservado y
que remitió a la Fiscalía General de la Nación (en adelante Fiscalía), a fin de adoptar en un
lapso breve las medidas necesarias para que los casos avanzaran de manera acelerada y se
iniciaran las investigaciones de los que aún no hubieran sido investigados. Con el objetivo de
garantizar la realización de una supervigilancia particularmente estricta a las investigaciones y
procedimientos penales, la Corte Constitucional extendió una invitación en ese sentido a la
Procuraduría General de la Nación (en adelante Procuraduría).
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional consideró que se debía “incluir la respuesta
al fenómeno de la violencia sexual a la que han estado y están expuestas las mujeres colom-
bianas en el marco del conflicto armado dentro del más alto nivel de prioridad de la agenda
oficial de la nación”.
Este informe constituye un análisis de la respuesta que, a lo largo de los cinco (5) años
transcurridos desde el Auto 092, las entidades encargadas han dado de manera específica a
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