Lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales - Núm. 1594, Mayo 2020 - Boletín Colegio de Abogados Comercialistas - Libros y Revistas - VLEX 847012519

Lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales

Autor:Luisa Fernanda Jiménez Zuluaga
Páginas:20-20
RESUMEN

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto 620 del 2 de mayo de 2020

 
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P AG .2 0
Las 2 últimas causales obedecen a la culpa
exclusiva del consumidor y las 2 primeras,
corresponden a causas no imputables al proveedor
o productor; sin embargo, tampoco lo son para el
consumidor. Al demandado corresponde probar
que efectivamente se cumplieron las condiciones
pactadas y que la no entrega del producto obedeció
a una causa extraña.
La sentencia consideró que en este caso se daban
los requisitos para la existencia de la causal
eximente fuerza mayor o caso fortuito, entendidas
como un hecho ajeno a todo presagio en
condiciones de normalidad y además imposible de
evitar. Así, la sentencia evidenció que la demanda
de deslinde y amojonamiento fue un hecho ajeno a
lo previsto por la demandada, porque se presentó
con posterioridad a la negociación de la cual se
desprende la reclamación de la garantía legal.
Con base en todo lo expuesto, la Sala Civil del
Tribunal Superior decidió revocar la sentencia del
23 de octubre de 2018 y en su lugar declaró
probada la excepción de fuerza mayor y caso
fortuito formulada por la demandada.
M AY O DE 2 02 0 N O. 1 59 4
DERECHO Y TECNOLOGÍA
Lineamientos generales en el uso y operación de
los servicios ciudadanos digitales.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Decreto 620 del 2 de mayo de
2020
Por: Luisa Fernanda Jiménez Zuluaga (Semillero
de investigación en derecho comercial y
tecnología -TechnoLAWgic- de la Universidad
del Rosario).
El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones expidió el 2 de mayo el
Decreto 620, mediante el cual se deja la
competencia de regular la identificación de los
ciudadanos por medio de la cédula de ciudadanía
digital y biometría en la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
El Decreto incluyó un listado de definiciones, entre
las cuales se refiere a las de firmas digitales y
electrónicas. En cuanto a la autenticación, la
definición indica que este servicio verificará los
atributos digitales de una persona en los trámites que
esta adelante sin necesidad de que la persona firme.
Adicional a esto, el servicio permite tener certeza de
un firmante electrónico o digital. Esto implica dos
etapas que no necesariamente van juntas: en una
etapa la persona se puede autenticar sin firmar y en
otra autenticar y firmar. Cualquier opción que se
ejecute se puede hacer de manera conjunta o por
separado.
Las entidades públicas son las encargadas de
transformar sus archivos en carpetas ciudadanas
digitales mediante la creación de repositorios
conectados a los que el ciudadano podrá tener
acceso por medio de la carpeta ciudadana digital.
Para ser operador del servicio de autenticación se
requerirá ser entidad de certificación digital.
En cuanto al tratamiento de datos, los operadores de
servicios ciudadanos digitales serán los responsables
del tratamiento de estos, y a su vez, serán
encargados cuando reciban datos personales de otras
entidades. El decreto exige una evaluación periódica
del riesgo de seguridad digital que deberá estar
incorporado dentro de un Sistema de Administración
del Riesgo Operativo (SARO), con el cual deberá
contar el operador de servicios ciudadanos
digitales. También se crea la “sede electrónica
compartida” como un portal único del Estado a través
del cual la ciudadanía puede utilizar los servicios
ciudadanos digitales.
Finalmente, con relación a la gradualidad de la
implementación de los servicios ciudadanos digitales,
el Decreto indica que los términos para la
implementación se computan desde el momento en
que la guía de implementación del Ministerio de
Tecnologías de la Información sea publicada. Las
entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden
nacional y los particulares que desempeñen
funciones públicas tendrán un plazo de nueve meses
contados a partir de la publicación, y las entidades
públicas del orden territorial y demás entidades
públicas, implementarán el modelo en función de su
disponibilidad presupuestal.
El do cume nto com plet o puede s er
consu ltad o AQ

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